• Por Jorge Torres Romero

En un intento por desviar la atención sobre el fondo de la causa abierta por el Ministerio Público, los abogados Enrique Kronawetter, Jorge Rolón Luna y Felino Amarilla convocaron ayer a una conferencia de prensa junto con sus defendidos los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, Emilio Fuster y René Fernández, para dar a conocer un pronunciamiento dirigido a los participantes de la 54.ª Asamblea General de la OEA que se celebra hasta el viernes en nuestro país.

Entre otros puntos, los mencionados abogados señalaron que sus defendidos son ahora “perseguidos por el simple hecho de haber cumplido su trabajo cuando se desempeñaban en altos cargos del gobierno anterior, omitiendo alevosamente el grave daño que causaron precisamente a dichas instituciones como la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Senad, entre otros, al haber fraguado y filtrado dichas informaciones con el simple objetivo de perseguir políticamente a los adversarios políticos coyunturales del expresidente Mario Abdo Benítez.

En su nota dirigida a las autoridades de la OEA, los abogados resaltan que Paraguay pasó a ocupar los peores puestos en crimen organizado, ignorando que dicho honroso ranking se produjo precisamente por el deterioro de los controles durante el gobierno de Abdo Benítez, en los años en los cuales creció exponencialmente el envío de drogas al exterior.

Una reciente publicación de la BBC Mundo afirma precisamente que durante el periodo anterior cuando se elaboró el Índice Global de Crimen Organizado en Paraguay ha saltado hasta el puesto número 4 de entre los 193 Estados miembro de la ONU incluidos en el estudio, uniéndose a Colombia y México en lo más alto de la tabla, que lidera Myanmar.

Otro punto que ignoraron los abogados de Abdo y su gavilla fue que la Fiscalía posee un tendal de elementos en los cuales basó la imputación contra el expresidente de la República, sus exministros y funcionarios implicados en las filtraciones de informes de inteligencia desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. En el acta de imputación figuran nada menos que 42 elementos de sospecha entre los que figuran notas remitidas por la Seprelad, correos internos de funcionarios y documentos oficiales.

En efecto, la causa abierta contra Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Francisco Pereira Cohene y Mauricio Espínola se sustenta en elementos de sospecha irrefutables que sostienen la tesis del Ministerio Público. Además, todos los datos e informes fueron colectados con aval y control judicial.

El compendio de pruebas presenta varias notas de medios de prensa, como el Grupo Nación Media, el Editorial El País SA (Última Hora) y de la Editorial Azeta SA (Abc Color), con las copias certificadas de las publicaciones periodísticas realizadas por cada diario.

Las publicaciones son claros indicios de filtración de documentos, y fue así que por ejemplo el Grupo Vierci remitió la copia de una publicación titulada “EMPRESAS DE CARTES PAGARON HASTA 50 MILLONES MENSUALES A BOIDANICH” y el Grupo Zuccolillo remitió una publicación titulada: “FISCALA PANAMEÑA SOLICITA INFORMES SOBRE HORACIO CARTES EN CASO LAVADO”.

La Fiscalía señala que en dicho artículo de prensa se realizó la filtración del pedido de carácter confidencial realizado a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG) por parte del Ministerio Público de Panamá. Igualmente, se encuentra la publicación periodística del 8 de mayo de 2022, titulada: “Abdo acusa a Cartes de dar millones a exjefe antilavado por su ‘silencio y complicidad’”.

En el expediente resalta la publicación “FISCALÍA DE PANAMÁ PIDIÓ ANTECEDENTES DE CARTES, REVELÓ EL MINISTRO GIUZZIO”. De este artículo, según cita el Ministerio Público, se desprende que Arnaldo Giuzzio estaría vinculado a la revelación de información de carácter confidencial.

Obra asimismo en el acta de imputación una respuesta dada por la Seprelad, referente al pedido hecho por la Fiscalía panameña a nuestro país. En ese sentido, en la misma se confirma que esta institución recibió la comunicación de carácter confidencial, estando a cargo Carlos Arregui y su mano derecha Carmen Pereira.

También se incluyó otra nota mediante la cual se informó quiénes eran los puntos de contacto de la plataforma donde se recibió la solicitud panameña, de donde surge que por la Policía Nacional el responsable era el comisario Luis López. Según la declaración testifical de este uniformado, Carlos Arregui, entonces ministro de la Seprelad, le solicitó la remisión del pedido de informe de carácter confidencial realizado por la Fiscalía de Panamá. Días después, conforme al Ministerio Público, este pedido fue filtrado a través de medios periodísticos por Arnaldo Giuzzio, siendo Arregui el único con acceso a dicho documento.

En definitiva, la conferencia de prensa convocada este jueves por los abogados no es sino una simple cortina de humo para intentar evadir la responsabilidad de sus defendidos que hicieron uso y abuso de las instituciones estatales, causando un daño irreparable a la credibilidad de las mismas que con tanto esfuerzo fue logrado tras años de trabajo técnico.