El presidente de Global Center for Human Rights, Sebastian Schuff, y la directora de investigación, Maria Anne Quiroga, acompañados de los miembros de la bancada de Honor Colorado, realizaron una conferencia de prensa para alertar sobre la influencia de las organizaciones no gubernamentales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Quiero mostrarles un fracaso, esto es un fracaso. ¿Por qué digo que es un fracaso?, porque en ese momento nosotros creíamos que eran ONG multimillonarias, países europeos y empresas que estaban tratando de comprar a la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está en Washington y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está en San José de Costa Rica”, dijo Schuff.
Explicó que desde el primer informe que se hizo público, dieron cuenta que la CIDH y la Corte, el sistema Interamericano de Derechos Humanos “no solamente continuaron, sino que profundizaron este camino de opacidad, de falta de transparencia y de recibir fondos condicionados”.
Agregó que la Corte Interamericana, a pesar de estar al tanto de que se recibieron fondos irregulares, optaron por seguir recibiendo.
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Carta Flete entra en vigencia desde este lunes, para establecer precio del servicio
Desde este lunes 1 de julio, entró a regir la Carta Flete dentro del sistema de transporte de cargas, proceso que desde hace varios años se venía tramitando para que se puedan establecer los precios de los servicios, de modo a transparentar la actividad que realizan los trabajadores de este sector.
Al respecto, Diego Bogarín, del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Carga, habló sobre lo que representa este hecho, pues se trata de un gran paso, que consideran brindará mayor transparencia al segmento de fletes.
“Esto viene para transparentar el trabajo, y si hay predisposición de las autoridades para que se puedan cumplir los parámetros estipulados por acuerdos privados más el decreto que lo pone en marcha, va mejorar las condiciones, de lo contrario el transportista paraguayo va a ir desapareciendo”, expresó a la 780 AM.
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Establece valor del flete
La Carta Flete sería un documento de tenencia obligatoria para el transporte terrestre de carga, específicamente para el de granos oleaginosos y aceites de origen vegetal dentro del país, por disposición de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran).
Bogarín mencionó que se trata de un documento muy importante para el sector transporte, tanto para trabajadores como propietarios, a través del cual podrán saber cuál es el valor de un flete, los kilometrajes recorridos, el lugar de carga y el destino final. “Es una serie de cuestiones favorables para el sector transporte”, agregó.
Básicamente, con la Carta Flete, se indicará el precio mínimo desde el origen hasta el destino, con lo que ya se podrá estimar el valor del servicio, por que muchas veces se realizan 500 kilómetros y las industrias que solicitan el traslado de granos solo pagan por 350 kilómetros, dijo.
La mencionada mala práctica se da ya que por lo general, las empresas son las que ponen el precio, además de la existencia de “transportadoras de maletines” que perjudican a los precios de las transportadoras legales, lamentó el representante de los trabajadores del sector.
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“Oenegés asedian a nuestro país”, señala analista
El abogado y analista económico Víctor Pavón habló acerca del asedio y la falta de control en el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG), que pretenden instalar ideologías y proyectos políticos que van en contra de la propia Constitución Nacional.
“Ocurre que estamos asediados por ideas lamentablemente muy fuertes. La Constitución del Paraguay no puede estar supeditada en igual rango a los tratados internacionales relacionados a los derechos humanos y, en consecuencia, nuestra Constitución Nacional. Eso es algo que no podemos dejar de lado”, señaló en el programa “Arriba hoy”, de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Pavón indicó que existen factores o elementos políticos incluso que provienen del extranjero, que “quieren poner sus garras en el Paraguay”, y uno de esos elementos, además del tema de la justicia donde quieren equiparar los tratados de derechos humanos con la Constitución, está el tema del cambio climático, y otras ideologías.
CREEN QUE ESTÁN POR ENCIMA DE LAS NORMATIVAS
“Cuando, por ejemplo, el senador Gustavo Leite presenta con otros proyectistas la necesidad que las oenegés puedan ser también controladas en el uso de sus recursos, ocurre que ciertos representantes que tienen su asiento económico con estas oenegés saltan, como diciendo que ‘nosotros no podemos ser controlados por el Estado, porque nosotros incluso estamos por encima de las normativas paraguayas’”, cuestionó
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“Opositores” rechazan control de oenegés por sus intereses
Entre quienes sin tapujos defienden a estos organismos se encuentran el senador Eduardo Nakayama, Agustín Carrizosa y el exintendente de Asunción Martín Burt.
Los detractores cuestionan la búsqueda de transparencia con la iniciativa legislativa y alegan persecución sobre organizaciones privadas con el proyecto. No obstante, cada uno ya había sido expuesto a través de una serie de publicaciones por sus vínculos con alguna ONG.
En el caso del senador Nakayama, la Unidad de Investigación de Nación Media detalló la manera en que Celsa Rodríguez, funcionaria de confianza del parlamentario que había sido colocada en su despacho, forma parte de la Fundación de Apoyo a la Educación Tecnológica (Fundatec).
Dicha ONG había firmado un convenio con el Ministerio de Trabajo para cursos de capacitación durante la administración de Carla Bacigalupo. Recibió transferencias por G. 1.822 millones entre el 2022 y 2023 y el clan familiar de su presidente se constituía como operadores políticos favorecidos con sueldos y honorarios.
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En cuanto a Carrizosa, uno de los asiduos opositores al control para las ONG, se presenta como presidente de la organización Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD). Esta había sido expuesta por rapiñar fondos públicos en pandemia con sueldos para el clan del presidente de la organización.
Así, instalando un esquema de repartija de millones de dólares, publicado por la Unidad de Investigación de Nación Media, entes estatales llegaron a destinar la suma de G. 6.093 millones para el CIRD.
Esto mientras la ONG actuaba como una agencia de empleos para los familiares de Carrizosa y Francisco Alcaraz, coordinador del proyecto “Más Ciudadanía, Menos Corrupción”, una de las iniciativas encaradas por la ONG.
Por otra parte, el exintendente de Asunción Burt es titular de la ONG Fundación Paraguaya y acudió el lunes hasta el Congreso con el objetivo de expresar su rechazo hacia el proyecto de control a las oenegés que busca estudiarse en la Cámara de Senadores.
Burt alegó una presunta persecución a las organizaciones, cuando la iniciativa busca aplicar un mayor control sobre el origen del dinero de las ONG, así como el concepto del gasto de las mismas. Esto aparte de aplicar un registro integral sobre cada una de las organizaciones, para tener un detalle específico de cada una.
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Representantes de organizaciones, contra la transparencia
El senador Basilio Núñez sostuvo que los representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) alegan persecución con el proyecto de ley que busca mayor control sobre las mismas, cuando en realidad se oponen al establecimiento de mayor transparencia en torno al manejo de las oenegés.
“Esto no tiene color. Pueden ser colorados, no colorados, opositores, pero ellos (representantes de oenegés) están en contra de la transparencia. Hay una propuesta para tratar el proyecto ya en julio”, señaló Núñez en el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El periodo fijado para el estudio del plan se debe a que la propuesta ya alcanzaría los seis meses de presentación, siendo enriquecida por las respectivas comisiones que han analizado su redacción. Enfatizó así en la importancia de materializar el proyecto de control.
“Algunas oenegés reciben fondos para propiciar la transparencia, pero paradójicamente ellos no quieren transparencia y llegan al extremo de mezclar las cosas y decir que estamos en época de dictadura, cuando solo queremos control y trazabilidad”, expresó el congresista.
Cuestionó así el manejo de Agustín Carrizosa, presidente del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), teniendo en cuenta que pregona a través de su oenegé por mayor ciudadanía y menos corrupción, pero instalando un esquema multimillonario en la organización para beneficiar únicamente a su cúpula familiar.
“Esta organización tiene el tinte de estar completamente ideologizada; trabaja y opera directamente en contra del Partido Colorado porque solo investiga hechos de corrupción de administraciones coloradas, cuando todo debería ser igualitario”, dijo Núñez.