La semana que transcurrió fue bastante movida en hechos judiciales con tinte político, como el caso del intendente de Ciudad del Este.

Claudio Lovera, abogado de la Conmebol, manifestó su preocupación por el obje­tivo dilatorio del pedido de informe del Ministerio Público al Departamento de Justicia de los EE. UU. en el caso que salpica al banco de la familia Zuccolillo.

El representante legal de la matriz del fútbol sudame­ricano agregó que la causa banco Atlas-Leoz corre serio riesgo de prescrip­ción. Lovera aseguró que desde el banco mencionado solicitaron la prescripción de la causa que investiga el presunto lavado de dinero desviado desde la Conme­bol. Pidió además a la Fisca­lía General del Estado que se pronuncie sobre el caso. Rei­teró además que el pedido de prescripción no cuenta con fundamentos y fue abordado de una manera genérica.

Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Veró­nica Valdez presentaron el día miércoles la acusa­ción y pedido de juicio oral y público contra el inten­dente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y otras diez personas de su entorno cercano por el caso de los kits alimenticios “fan­tasma” comprados en plena pandemia del coronavirus por un millonario monto del pequeño autoservice Tía Chela.

El abogado constitucionalista Theodore Stimson se refirió sobre la recomendación de la Fiscalía a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada por Kattya González, tras su expulsión del Senado.

Stimson remarcó que, en el caso de las cámaras del Congreso, al decidir sobre alguna sanción o expulsión de alguno de sus miembros, desarrolla acciones corres­pondientes a su propio criterio político. Además, indicó que la orden de la Corte finalmente deberá ser enviada al Senado para su posterior estudio.