El abogado constitu­cionalista Theodore Stimson, en diá­logo con La Nación/Nación Media, se refirió sobre la recomendación de la Fisca­lía a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Jus­ticia (CSJ) para hacer lugar a la acción de inconstitucio­nalidad planteada por Kattya González, tras su expulsión del Senado.

“La Cámara de Senadores no debe dar lugar a una abe­rrante orden inconstitucio­nal. La ley 609/95 que orga­niza la CSJ dice claramente que la Corte no debe dar trá­mite a una acción política no justiciable como esta, por lo cual se debía rechazar in limine, cosa que no hicieron”, refirió.

El letrado explicó que esta ley protege a cada Cámara en su doctrina de establecer su propio procedimiento, defi­nir sus sanciones y decidir su palabra final en la mate­ria. Por ello, no corresponde siquiera dar lugar a manda­tos u órdenes de otros pode­res ante acciones netamente políticas.

“Al ser una cuestión política, no es justiciable. Es decir, la Corte no puede revisar la decisión y tampoco la Fis­calía puede recomendarlo porque ya la Constitución atribuye a cada Cámara aplicar la sanción que con­sidere correspondiente sobre sus miembros y nin­gún otro poder puede inter­venir sobre eso”, dijo.

Stimson remarcó que, en el caso de las Cámaras del Congreso, al decidir sobre alguna sanción o expulsión de alguno de sus miem­bros, desarrolla acciones correspondientes a su pro­pio criterio político. Ade­más, indicó que la orden de la Corte finalmente deberá ser enviada al Senado para su posterior estudio.

“Es decir, de todos modos el Senado posee las atribu­ciones tanto de estudiar y posteriormente rechazar la orden de la Corte, lo cual debería hacerse o directa­mente de no colocar en el orden del día y no tratar la decisión ante el pleno, la Corte no puede ordenar al Senado”, afirmó.

Stimson explicó que los casos de inconstitucionalidad que involu­cran a otros poderes como el Ejecutivo o el Legislativo habitual­mente son enviados a la Fiscalía con el objetivo de conocer su postura ante la posibilidad de observarse alguna afectación sobre derechos humanos.

“Pero este caso no es uno de derechos humanos, sino del funcionamiento de una institución del Estado. Cada entidad pública tiene esferas propias de su gobierno interno y redacta su reglamento interno”, expresó, aclarando otra disposición de las Cámaras, como establecer las sanciones que considere pertinentes.