El exministro del Interior Francisco de Vargas se refirió a la publicación de la revista Semana de Colombia sobre una presunta alianza entre mafiosos de Brasil y Paraguay para reunir un millón de dólares con la finalidad de pagar por el asesinato del agente fiscal Marcelo Pecci porque “era un dolor de cabeza, una piedra en el zapato” para el crimen organizado.
“Para mí todo tiene sentido. Ojalá que se pueda seguir esta línea investigativa y finalmente conseguir los elementos que son necesarios para su comprobación. Hay que poner las luces sobre los verdaderos protagonistas”, opinó Vargas al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El medio periodístico cita al brasileño Jarvis Chimenes Pavão y los paraguayos Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Jaime Franco. Respecto a este último, el exministro recordó que fue sentenciado a 11 años de cárcel en el 2015, pero Pecci apeló y consiguió que la condena llegue a un total de 18 años.
“Recuerdo muy bien el caso de Jaime Franco donde se incautaron más de 300 kilos de cocaína en Alto Paraná. Al asumir como ministro de la Senad (Secretaría Nacional Antidrogas), entre los meses de junio y diciembre del año 2012, justamente fue Marcelo Pecci el que se hizo cargo de la unidad fiscal antidrogas, fue uno de los casos más graves en mi administración”, relató a Nación Media.
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Aguardan avanzar con peritaje del teléfono de Pecci tras conformación de equipo fiscal
Desde el Ministerio Público paraguayo se aguarda la realización del peritaje del teléfono del fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado Marcelo Pecci, asesinado en la isla de Barú, Colombia, el 10 de mayo del 2022. El órgano extrapoder, liderado por Emiliano Rolón, considera el dispositivo como una evidencia altamente relevante para dar con el autor o autores intelectuales del crimen.
Al respecto, el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán sostuvo que el proceso podría ser concretado tras el aval de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, para conformar un equipo conjunto de investigación con sus pares paraguayos.
“El 7 de junio la Fiscalía de Paraguay recibió la respuesta de parte de la Fiscalía General de Colombia en donde dan el aval para la firma del equipo conjunto de investigación. En principio esto se negociará de manera virtual. A partir de ahora se firmará un instrumento de cooperación técnica en donde fijamos todas las pautas de actuación, entonces ya no existirá la necesidad de librar ninguna carta rogatoria, ninguna asistencia jurídica en el futuro”, explicó.
“A partir de la firma del instrumento de cooperación técnica tendremos nosotros acceso a las actuaciones realizadas en Colombia y los colombianos acceso a las actuaciones hechas en nuestro país. Lógicamente el acceso al teléfono que es lo que nos importa podría darse en el marco de este equipo conjunto de investigación”, acotó el agente fiscal.
La Fiscalía paraguaya había solicitado a Colombia acceder al teléfono de Pecci para la realización del peritaje; sin embargo, el procedimiento aún no fue concretado debido a la solicitud realizada por Claudia Aguilera, consistente en que el teléfono de su esposo sea verificado de forma exclusiva por Colombia y Estados Unidos. La solicitud de la viuda fue realizada el pasado 29 de abril bajo patrocinio de la abogada Cecilia Pérez, mediante una nota remitida vía Whatsapp a las autoridades colombianas.
Doldán manifestó que la conformación oficial del equipo conjunto de investigación podría ser concretado dentro del plazo de una semana. “Nosotros ya hemos elaborado el instrumento de cooperación técnica en diciembre del año 2023, pero a partir del visto bueno del fiscal general de Colombia y Paraguay, los equipos comenzarán a interactuar para empezar a negociar cuestiones relacionadas a la jurisdicción, cómo será el reparto de la jurisdicción y la capacidad de juzgar en su momento, cómo vamos a actuar en el intercambio de información. Desde el momento que se firma el equipo estará activo”, detalló a la 730 AM.
Alianza de capos narcos
Por otra parte, Doldán se refirió sobre la publicación de la conocida revista de Colombia Semana, la cual menciona en sus páginas que existió una alianza entre mafiosos de Brasil y de Paraguay, quienes habrían colaborado para juntar un millón de dólares con el fin de pagar por el asesinato del fiscal Pecci.
El medio hace mención a los capos mafiosos, el brasileño Jarvis Chimenes Pavão y los paraguayos Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Jaime Franco. “Todos estos nombres forman parte de la línea investigativa y otros varios, pero la concentración de información y la precisión de información de la que hace mención no tengo idea de dónde salió. La historia es nueva, pero los participantes de la historia son de antigua data”, dijo en una entrevista en el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Doldán agregó que “no se tienen elementos objetivos para descartar nada. Ellos también están en la línea de investigación desde el 2022. Nosotros no solo nos concentramos en las cosas que son serias, nos concentramos en cualquier cosa, todo lo que surja aunque nos parezca ridículo es investigado porque no tenemos la capacidad de descartar ninguna hipótesis”.
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Caso Pecci: “Por presiones mediáticas tal vez la Fiscalía abrió una investigación en Paraguay”
“Por el principio de territorialidad, la Justicia colombiana es la única que puede realizar investigaciones con respecto al homicidio de Marcelo Pecci”, dijo el exministro del Interior Francisco de Vargas, con relación al caso del asesinato del agente fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado, registrado en la isla de Barú, Colombia, el 10 de mayo del 2022.
“Me preocupa que hoy en día muchos crean que esa investigación debe llevarse a cabo aquí en Paraguay. No sé si por cuestiones populistas o presiones mediáticas la Fiscalía tal vez resolvió abrir una investigación en Paraguay, pero si esta investigación avanza se puede dar una cuestión de doble juzgamiento”, sostuvo en una entrevista con el programa “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM y el canal GEN/Nación Media.
Asimismo, acotó: “El homicidio ocurrió en Colombia y son ellos los encargados de determinar y juzgar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de este horrendo crimen. La Fiscalía paraguaya en todo caso puede colaborar con la Fiscalía colombiana, evacuando pedidos de informes y exhortos, pero son ellos los encargados de dilucidar este crimen. Se contaminó muchísimo con el tema político, lastimosamente”.
Sus declaraciones surgen tras ser consultado sobre la publicación del conocido diario de Colombia, Semana, el cual menciona en sus páginas que existió una alianza entre mafiosos de Brasil y de Paraguay, quienes habrían colaborado para juntar un millón de dólares con el fin de pagar por el asesinato del fiscal Pecci.
El medio hace mención a los capos mafiosos, el brasileño Jarvis Chimenes Pavão y los paraguayos Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Jaime Franco. “Marcelo fue uno de los mejores fiscales que tuvo la República del Paraguay. Estoy convencido que fue eliminado por su trabajo”, sostuvo Francisco de Vargas.
Esto teniendo en cuenta que Pecci fue el agente del Ministerio Público que logró la condena de Pavão en Paraguay por el caso de lavado de dinero y una megaintervención de incautación de drogas, recordó.
Sobre la intención de embarrar al expresidente de la República Horacio Cartes en el caso Pecci, afirmó que probablemente se debió a que “Jarvis supuso una amenaza de seguridad para el país ya mucho antes de su captura. Yo celebré en aquel momento la decisión del presidente Cartes de hacer su traslado a la Agrupación, porque lastimosamente en Tacumbú gozaba de muchos privilegios que le permitían seguir con su negocio”.
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Tío Rico seguirá preso bajo las mismas restricciones, resolvió jueza
La jueza del Crimen Organizado Rosarito Montanía ratificó que Miguel Insfrán, alias Tío Rico, siga con las mismas medidas restrictivas en su lugar de reclusión en la cárcel militar de Viñas Cué. La determinación de la magistrada se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
La revisión de medidas fue solicitada por el abogado Álvaro Arias, defensor del Tío Rico Insfrán. El profesional sostuvo que existen informes con relación a la situación de convivencia del procesado.
La magistrada sostuvo en su resolución hechos relacionados a la seguridad, así como menciona que el presente caso de A Ultranza Py es de alta complejidad, como así también el peligro de fuga y obstrucción a la presente investigación.
Ahora la defensa del procesado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que tendrá que estudiar y definir si confirma la presente resolución judicial.
Montanía en su momento dispuso que Insfrán pueda usar un aparato celular los días lunes y miércoles de 9:30 a 11:30. También decidió que los días martes y jueves, de 9:30 a 11:30, serán los días de visita de familiares acreditados en el expediente judicial. Igualmente, de lunes a domingo se dispuso el control de ingreso a celda de Insfrán, así como también queda habilitada la revisión de la celda de Tío Rico cuando se considere necesario.
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Caso Oleñik: repudian sesgo de Seprelad ante inacción contra el lavado de dinero
El abogado Ricardo Preda lamentó que durante estos 5 años de gobierno la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) no haya cumplido su función principal, consistente en el combate al lavado de dinero y haya enfocado su estructura en el cumplimiento de fines particulares. Al respecto, habían surgido denuncias de que la institución estatal fue usada por la administración presidencial saliente como un garrote contra los adversarios políticos.
La crítica de Preda surge tras quedar en evidencia la ineficiencia de la Seprelad con el caso del ingeniero comercial Carlos Andrés Oleñik Memmel, quien fue demorado el pasado lunes en el operativo denominado Pavo Real, que ataca al esquema criminal de lavado de dinero en Paraguay del capo narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão.
“Realmente se nota que los órganos que deben captar, interceptar las informaciones como la Seprelad no fueron el origen del caso (operativo Pavo Real), es decir, esto no se origina por un análisis de inteligencia financiera de esa institución. Aparentemente, la Seprelad se dedicó a enfocar su trabajo a un grupo en particular más con otros fines que identificar la comisión de delitos vinculados a lavado de dinero”, sostuvo en una entrevista al programa “Fuego Cruzado”, emitido por GEN/Nación Media.
Oleñik Memmel posee un extenso prontuario delictivo. Estuvo procesado por terrorismo bancario, estafa y fue denunciado como un usurero con prácticas extorsivas, sin embargo, pasó totalmente inadvertido por las instituciones de control.
“Los últimos casos que pude ver referente a las grandes organizaciones que fueron desarticuladas, en ningún caso se inició con un reporte local, mucho menos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay que ver si estas instituciones del Estado están haciendo su trabajo o tal vez los pocos recursos que tienen se están utilizando para otros fines y no para hacer su trabajo, que es identificar a estas grandes organizaciones que mueven dinero”, puntualizó.
Preda es representante legal de algunas de las víctimas de extorsión y de usura de Oleñik Memmel. El calificado como una de las “personas de confianza” de Chimenes Pavão, era socio de empresas dedicadas a préstamos de dinero, en principio de manera lícita. Sin embargo, dentro de las tareas que le correspondían extorsionó a uno de los deudores, amenazándolo con ejecutar pagarés que fueron cancelados por sus familiares, pero no retirados.
“A finales del año 2018, clientes de diferentes calibres me fueron contratando para (resolver) los conflictos que tenían con esta persona. El primer caso era sobre un ciudadano que tenía una deuda real con Oleñik y sus empresas, pero obviamente creció exponencialmente a raíz de la mecánica propia de la usura. Oleñik amenazó al deudor con demandar a su papá y hermano, que fueron anteriormente deudores, aunque ya habían cancelado todas las obligaciones, pero no habían retirado los pagarés”, indicó.
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Antecedentes de Oleñik
A raíz de estas conductas descritas arriba, Oleñik fue imputado y acusado en 2 causas distintas, por estafa y apropiación, sin embargo, el hombre logró evitar una sentencia mediante la reparación del daño a las víctimas y se libró mediante dicho arreglo. “Eran esquemas muy parecidos a la de Ramón González Daher, son deudas reales, infladas por medio de la usura, pero luego él lo convertía en un caso penal para poder de alguna manera obligar a sus deudores que paguen”, detalló.
El abogado detalló, además, una estafa por cuatro millones de dólares, mediante un grupo económico también dedicado a dar préstamos. En el caso, tenía un pedido de sobreseimiento.
Otro hecho dentro del prontuario de Oleñik data de marzo pasado, cuando empezó a enviar cartas a la Comisión Nacional de Valores y al Banco Central del Paraguay, tratando de dañar la reputación de una empresa financiera.
Esto configura un delito contemplado dentro de la ley de Mercado de Valores, a raíz de lo cual, también fue imputado. El juez dispuso el arresto domiciliario de Oleñik, quien estaba cumpliendo esta medida cuando fue detenido por la Secretaría Nacional Antidrogas, por su involucramiento en el esquema de lavado de dinero, en el que se lo sindica como prestanombre de Chimenes Pavâo.
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