El escrito de la denuncia de Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, sobre supuesta alteración del sistema Judisof tiene varias contradicciones, que evidencian que es al solo efecto de chicanear y dilatar el proceso penal que enfrentan el expresidente Mario Abdo Benítez y sus leales en la causa que investiga la filtración de Seprelad.
El documento presentado por Amarilla refiere que al revisar el sistema Judisof se percató de que supuestamente el Ministerio Público contestó el pedido de informe que solicitó la Sala Penal de la Corte sobre la acumulación de dos denuncias contra el diputado Mauricio Espínola, investigado junto a su cliente por la filtración de información.
De acuerdo a Amarilla, el informe fue contestado el 30 de mayo, pero se fechó el 31 del mismo mes, fue entregado al medio del Grupo Cartes y se ha escondido a las partes y a sus abogados. Pero, el profesional del derecho se olvidó de que el Ministerio Público había contestado el pedido de informe el 21 de mayo, no el 30 ni el 31 de mayo, hecho que contradice la denuncia de la presunta adulteración del sistema Judisof de la máxima instancia judicial.
Así se evidencia que la presentación hecha por el defensor de Arregui es al solo efecto de que el proceso no avance y siga trabado en la máxima instancia judicial.
RECUSÓ A BENÍTEZ RIERA
El abogado Felino Amarilla recusó al presidente de la Sala Penal de la Corte y titular de la máxima instancia judicial Luis María Benítez Riera. Argumenta que Benítez Riera supuestamente mantiene vínculos con el empresario José Ortiz, socio comercial y exasesor ad honorem del expresidente Horacio Cartes, sujeto de las filtraciones.
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Exjueza Tania Irún recurre a chicanas para evitar ser juzgada por prevaricato
La exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún recurre a chicanas para evitar estar sentada en el banquillo de los acusados debido a que apeló la resolución del juez Yoan Paul López que elevó a juicio oral el caso. Con la presentación hecha por la defensa de Irún, la misma pretende eludir que sea juzgada por el hecho punible de prevaricato por haber entregado presuntamente 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín.
Irún fue acusada por el Ministerio Público por el delito de prevaricato y se pidió que la misma enfrente un juicio oral y público. Se realizó la audiencia preliminar en la que el juez López resolvió que la exmagistrada sea juzgada como una procesada común y corriente.
En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el Departamento de Alto Paraguay consistentes en 310.000 hectáreas, aproximadamente, a favor de las firmas, presumiblemente de maletín.
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También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.
Asimismo, la acusación refiere que “lo más grave es que en la sentencia no habría ninguna referencia o mención a las circunstancias establecidas en el Art. 4° de la misma ley que establece como requisito legal para aquellos que pretendan ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza, que las acciones sean nominativas y no endosables”.
Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que “no existirían en el expediente civil constancias; informaciones o verificaciones de dichas circunstancias realizadas por parte de la magistrada Tania Irún al momento de dictar sentencia definitiva, en incumpliendo a la Ley 2532/05, ley especial, por la cual ordenó la transferencia de dominio de los inmuebles ubicados en el Alto Paraguay, a las empresas de maletín”, dice la acusación de la Fiscalía.
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Filtración de Seprelad: ministro se aparta del caso de Mario Abdo
El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis María Benítez Riera, se inhibió del caso de la imputación al expresidente Mario Abdo Benítez, por lo referente a la filtración de datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Con esto, el caso seguirá estancado en la Corte, teniendo en cuenta que al inhibirse Benítez Riera, se debe proceder a la búsqueda de un nuevo magistrado para que se pueda integrar la Sala Penal de la CSJ y así dar tratamiento a la causa del expresidente, la cual ya carga con una diversidad de chicanas.
Los ministros que continúan son Manuel Ramírez Candia y César Diésel. Las chicanas planteadas por la defensa siguen pendientes de decisión en la Sala Penal; la actuaria de la sala, Karina Penoni, también se ha inhibido del mencionado proceso penal, debiendo buscarse además secretaria.
Exintegrantes del gabinete de Abdo Benítez también se encuentran imputados en la causa, pero los mismos recurren a constantes chicanas para dilatarla, como recusaciones a magistrados y denuncias en torno al proceder de la causa llevada adelante.
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Filtración de Seprelad
En el presente caso, aparte de Mario Abdo Benítez, están imputados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y Mauricio Espínola. Los delitos que se les atribuyen son revelación de secretos de servicio.
Así también, se alega revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
De acuerdo a la imputación de la Fiscalía, a filtración de datos de se elabora a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de atacar políticamente al exmandatario Horacio Cartes y el entonces candidato a presidente de la República, Santiago Peña.
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Filtración Seprelad: Giuzzio huye de prestar declaración indagatoria mediante chicanas
Fiel a su estilo, Arnaldo Giuzzio, exministro del Interior durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, recurrió nuevamente a chicanas para no prestar declaración indagatoria ante el Ministerio Público en la causa por persecución política orquestada con el uso de las instituciones públicas.
Giuzzio debió comparecer ante los agentes fiscales Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria. El también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y exsenador del Partido Democrático Progresista (PDP) se encuentra imputado por siete posibles hechos punibles.
De acuerdo al informe de Aldo Insfrán, periodista del área judicial de Nación Media, Giuzzio mediante su abogado Emilio Fuster solicitó la suspensión de la diligencia fiscal fijada para el próximo 12 de julio a las 8:00.
El argumento utilizado por Giuzzio consiste en que aún quedan varios recursos pendientes de estudio y resolución, es decir, chicanas que fueron planteadas tanto por él como los demás imputados en la causa fiscal abierta tras la denuncia presentada por el expresidente de la República y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, el 31 de julio del 2023.
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Giuzzio, al igual que el exmandatario Mario Abdo Benítez y el diputado capitalino Mauricio Espínola, está imputado por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
También se encuentran siendo investigados por el Ministerio Público los exministros Carlos Arregui, René Fernández y otros colaboradores del anterior gobierno, como Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Antecedentes
La acusación formulada por el abogado Pedro Ovelar, representante legal de Cartes, sostiene que durante la anterior administración se incursó las conductas en los hechos punibles de denuncia falsa, simulación de hechos punibles, persecución de inocentes, asociación criminal y usurpación de funciones públicas.
Agrega a la vez que durante parte del período de gobierno Abdo Benítez (2021 al 2022) se habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y el presidente Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral.
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Instan a Prieto a ir a juicio oral y dejar chicanas
La senadora por Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, se refirió acerca de las denuncias acumuladas por parte del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, instándolo a responder sobre las mismas y dejar de lado las chicanas. Actualmente, el jefe comunal cuenta con un total de 39 denuncias en su contra.
“En Ciudad del Este hay cuestiones pendientes que tiene el intendente en torno a obras en la ciudad. Particularmente, recomendaría a Prieto que asuma las denuncias en su contra y vaya a un juicio oral porque no puede estar con casi 40 denuncias en la Fiscalía”, expresó la congresista.
Paredes remarcó así ante los medios de prensa en el Senado que la ciudadanía esteña se merece una respuesta acerca de la situación en la cual se encuentra su intendente, puntualizando que si Prieto no oculta nada, debería dar una respuesta inmediata sobre las causas en su contra.
“Uno no se puede pasar recusando a fiscales porque estas cuestiones, en las cuales se encuentra envuelto el dinero público, deben ser aclaradas. Aconsejaría a Prieto ir adelante sobre las causas, sea con el fiscal que fuere, para demostrar en un juicio si hubo o no desvío de dinero”, remarcó.
MÁS ACUSACIONES
Paredes también hizo un llamado de atención sobre las acciones de Prieto en torno a la repartición de víveres, que corresponden a pobladores de Ciudad del Este, para los habitantes de otras comunidades, como Chaco’i, enfatizando en la necesidad de aclarar también dicha situación.
“Nosotros, los que nos consideramos partidos de la oposición, deberíamos tener una conducta distinta a los partidos tradicionales. La repartija de víveres entra en una situación que nos equipara a los partidos tradicionales y no estoy de acuerdo con esto”, manifestó la parlamentaria.
Dijo estar en duda acerca del origen de los fondos utilizados para la distribución de los víveres, afirmando que de alguna manera parte de los fondos pertenecen a la comunidad. Ante esto, reconoció su preocupación acerca de la posibilidad de observar un caso de desvío de fondos en la repartición.