Desde el Ministe­rio de Economía y Finanzas (MEF) señalaron que analizarán alrededor de 35 sugeren­cias realizadas para el proyecto de ley de la fun­ción pública y carrera del servicio civil. La institu­ción resaltó la apertura y el diálogo que se mantuvo con los gremios y ciudada­nía en general, dado que el objetivo es obtener una legislación que completa y que satisfaga todos en los aspectos.

“No recuerdo que una ini­ciativa haya tenido este nivel de diálogo y aper­tura, recibimos alrededor de 35 diferentes aportes de gremios, federaciones, a la par hicimos un par de audiencias públicas que fueron convocadas por el Congreso, una serie de reuniones con centrales de trabajadores, sindicatos y coordinadoras”, expresó Andrea Picaso, vicemi­nistra de Capital Humano y Gestión Organizacional del MEF. Indicó que la idea es que se pueda construir y lograr una buena ley. Indicó que este pro­yecto presenta innovaciones y el Ejecutivo está abocado en la revisión de las propues­tas. Mencionó que esperan que estas sugerencias pue­dan consolidarse y mejorar el documento presentado en febrero de este año.

Asimismo, aclaró que esta normativa hace foco al servi­cio civil y a la administración del Estado, no así a carreras definidas en la Constitu­ción Nacional como la Poli­cía Nacional, los militares, diplomáticos o docentes.

“Es un proyecto largo que tiene 130 artículos, por eso ameritaba esta apertura y diálogo. Incorpora concep­tos de la evaluación de des­empeño, que sean objetivos en términos cualitativos y cuantitativos, que todos ten­gan la posibilidad de con­cursar para acceder a un cargo directivo, así como el ingreso a la función pública a través de concursos”, deta­lló a la 650 AM.

Picaso mencionó que la iniciativa que ahora está en análisis, corresponde a las modificaciones reali­zadas al proyecto presen­tado en octubre de 2022 por el gobierno anterior. Tanto el Poder Ejecutivo actual como el MEF, que absorbió a la antigua Secretaría de la Función Pública, intro­dujeron algunos aspectos para corregir la normativa que había motivado accio­nes de inconstitucionali­dad en el pasado.