Los consejos de presi­dentes de Comité de Central y Cordillera se reunieron y decidieron no acompañar el pedido de la Coordinadora de Inten­dentes Liberales sobre el adelantamiento de eleccio­nes partidarias.

Ambas organizaciones de dirigentes de base expre­saron su molestia por la decisión inconsulta de los intendentes, quienes inten­tan acortar el mandato de las autoridades partidarias, tanto a nivel local como nacional.

Además, anunciaron que en la semana comunicarán al Directorio sus decisiones a fin de que se tenga en cuenta a la hora de tomar una reso­lución en el pleno de la con­ducción nacional.

Conforme al comunicado que emitieron en conjunto los dirigentes del comité de ambos departamentos, expo­nen como argumento para oponerse al pedido de ade­lantar las elecciones inter­nas partidarias, señalan que tropieza con impedimentos constitucionales y legales.

En tal sentido, señalan el artí­culo 154 de la Ley 1975/02 que modifica la ley electo­ral que expresa que se esta­blecen dos periodos para la elección de autoridades nacionales, departamenta­les y partidarias, por lo que las elecciones partidarias deberán indefectiblemente realizarse en forma conjunta con las internas municipales o en su defecto en 2027 con más internas presidenciales.

Por otra parte, la Ley 6318/19 en su artículo 3.° que habla del sistema de votación electró­nica será utilizado de manera obligatoria.

Esto obligaría a que en caso de adelantamiento la Justi­cia Electoral deberá alqui­lar un año antes las urnas, lo que implicaría una ingente erogación presupuestaria, que el TSJE no tiene pre­visto.

A todo esto debe sumarse el impedimento de acortar mandatos, situación no pre­vista en las normativas vigen­tes, requisito necesario para su aplicación al ser los parti­dos políticos sujetos de dere­cho público.

En otro apartado del comu­nicado, aclaran que sí están de acuerdo con la reforma del estatuto partidario.

La Cámara Alta recibió la comunicación judicial que informa sobre una nueva solicitud de desafuero de la senadora Celeste Ama­rilla tras la querella impul­sada por su colega Lizare­lla Valiente por difamación e injuria. La afectada había sostenido en su acusación la existencia de una violencia permanente, consecutiva y sistemática en su contra ejercida por la dirigente de la oposición.

“Esto se trata de un típico caso de un ejercicio abusivo de los fueros que no fueron diseñados para agredir a las personas. Las expresiones de la senadora Amarilla con­tra Valiente no tienen nada que ver con su labor legis­lativa. Sería muy impor­tante que la Justicia alguna vez ponga límites a los fue­ros”, manifestó la abogada Blanca Agüero en una entre­vista con el programa “Así son las cosas”, emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La querella de Valiente fue presentada el pasado 12 de marzo y estuvo motivada por un mensaje que envió Ama­rilla a un grupo de What­sApp que mantenía con otros dirigentes y simpati­zantes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), haciendo alusión a un “chisme de Senado” que involucra igualmente a su colega Basi­lio “Bachi” Núñez.

De acuerdo a la denuncia, la dirigente opositora divulgó el rumor sobre una supuesta relación extramarital entre Valiente y Núñez. “Esto no es ninguna censura, los fue­ros no son un permiso legal para decir lo que uno quiere por el hecho de ser congre­sistas. Es importante que se pongan a trabajar para lo cual se les votó y que el Con­greso Nacional deje de ser un circo. Hay tantas cosas en el país que merece seriedad”, dijo Agüero.

El ministro de Educa­ción, Luis Fernando Ramírez, acompa­ñado de los viceministros, Federico Mora (de Edu­cación Superior) y Óscar Lovera (Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas), llegaron hasta el local de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), con el fin de buscar un diálogo más abierto y directo con un grupo de estudiantes uni­versitarios, quienes están en desacuerdo con las negocia­ciones, en reclamo de garan­tías por la financiación de la Ley Arancel Cero.

Los representantes del Gobierno fueron recibidos con cuestionamientos por parte de los universitarios, quienes se resistieron a dia­logar y solicitaron al minis­tro y sus acompañantes que se retiren nuevamente del lugar. No obstante, desde el Gobierno insistirán en encaminar una salida, por lo que el ministro Ramírez afirmó que no se cansarán de intentar el diálogo, por­que esa es la predisposición de las autoridades.

El viceministro Federico Mora, en comunicación con la 970 AM/Nación Media, comentó que este grupo de estudiantes no les permi­tió ingresar al campus uni­versitario y participar de la asamblea que se estaba desa­rrollando en la tarde de ayer miércoles.

“Buscamos el diálogo con los universitarios que se encuentran en el campus de la UNA, pero lastimosa­mente no pudimos avanzar. Nos quedamos en el portón del retén, porque los acce­sos están bloqueados”, dijo en comunicación con el medio radial.

Explicó que llegaron hasta el campus con toda la pre­disposición de entablar un diálogo amplio con los estu­diantes a fin de compartir pareceres y también comen­tarles cómo el Gobierno está viendo la forma de garanti­zar el blindaje del Arancel Cero a través del decreto reglamentario. Lastimosa­mente, no pudieron avanzar en ese diálogo, debido a que los estudiantes se rehusaron a hablar con ellos.

“Sentimos mucho, porque es el momento de agotar las instancias de diálogo. Les pedimos que nos digan sus inquietudes para avan­zar en la agenda, pero no se pudo. Creo que ya hay una desinformación intencio­nada, porque de nuestra parte ya dimos todo”, dijo el viceministro de Educa­ción Superior.

Luego de una reunión en la sede de Mburuvicha Róga en la tarde del pasado martes, el Gobierno brindó todas las aclaraciones a las dudas existentes respecto a la Ley de Hambre Cero y las garantías del Arancel Cero para los universitarios.

Los fondos que garantizan la Ley de Arancel Cero quedarán blindados con el decreto reglamentario que próximamente será emitido por el Poder Ejecutivo, según explicó en conferencia de prensa la jefa del Gabinete Civil de la Presidencia, Lea Giménez. Acompañaron la reunión el diputado Raúl Latorre, presidente de la Cámara Baja, y el viceministro de Educación Superior, Federico Mora.

Lea Giménez informó de lo conversado con el grupo de estudian­tes, autoridades representantes de la Universidad Nacional de Asunción, autoridades del Poder Ejecutivo que llegaron hasta la residencia presidencial. En la ocasión, una vez más solicitaron garantías para proteger el Arancel Cero para los estudios terciarios.

El presidente Santiago Peña volvió a referirse acerca de la Ley del Arancel Cero, reiterando el compromiso del Gobierno en torno a la protección de la reglamentación.

Señaló que en la Ley de “Ham­bre cero en las escuelas”, al eliminar el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarro­llo (Fonacide), para dar paso al Fondo Nacional de Ali­mentación Escolar (Fonae), se hizo no solo pensando en la alimentación estudiantil, sino también en la propia pro­tección del Arancel Cero.

“Los estudiantes acercaron sus propuestas, las escuchamos y ahora quedamos a disposición luego de que ellos transmitan los resultados del encuentro de ayer a sus representados, pero más allá de eso, el Arancel Cero ya está blindado y se logró esto por el propio pedido de los estudiantes. Las autorida­des de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se encar­garon de presentar la modi­ficación al proyecto de ley de ‘Hambre cero’ para blindar su ley”, garantizó Peña.

El presidente indicó que la fuente de financiamiento anterior del Arancel Cero, a través del Fonacide, no con­taba con la seguridad nece­saria, al depender de manera exclusiva de la venta de energía, además de ser transitorio. Ahora, como la ley será finan­ciada a través de la Fuente 10 del Tesoro, el presidente de la República manifestó que se asegura su cumplimiento total, así como también su fondeo.

El diputado mencionó que la propuesta de estudiantes es el blindaje de la financiación de este programa.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lato­rre, habló de la reunión que se mantuvo el martes con autoridades de la Univer­sidad Nacional de Asun­ción, representantes estu­diantiles y autoridades del Poder Ejecutivo, sobre el blindaje del Arancel Cero en la ley “Hambre cero en las escuelas”.

El diputado mencionó que la propuesta de los repre­sentantes estudiantiles es el blindaje de la financia­ción de este programa en el decreto reglamentario que será emitido por el Poder Ejecutivo. “Todos creemos que es una política pública que debe continuar y en ese sentido ayer tuvimos una reunión, creo que se dialogó con apertura, se dialogó con sinceridad”, remarcó.

Latorre explicó que exis­tió “una reunión del Con­sejo Superior Universi­tario donde, además de la conformación de esta comi­sión negociadora, planteó una posible solución, forta­lecer el blindaje por medio de una redacción específica del decreto reglamentario”.

Indicó que este es el plan­teamiento que se encuen­tra sobre la mesa en este momento, además de las iniciativas parlamentarias presentadas por senadores de la oposición y el diputado Hugo Meza con relación a un “reblindaje” del Aran­cel Cero.

La fiscala adjunta Lourdes Samaniego ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo para el joven Marcello Fretes, procesado inicialmente por lesión grave en la causa por supuesta agresión a Benjamín Zapag. Con el dictamen del Ministerio Público, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera deberá admitir el pedido y desvincular a Fretes del proceso penal.

Durante la audiencia preliminar, la fiscala del caso Carla Rojas pidió la desvinculación del proceso penal de Fretes atendiendo que no se tienen suficientes elementos de prueba para sostener una acusación. Ante este pedido, la jueza Lovera decidió oponerse y dar trámite de oposición para que el pedido sea evaluado por la Fiscalía adjunta, la cual ratificó que el joven Fretes debe ser desvinculado del caso.

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Días atrás la magistrada Lovera decidió que el joven Héctor Grau enfrente un juicio oral y público por lesión grave durante la golpiza que recibió el joven Benjamín Zapag. Ahora se deberá sortear el Tribunal de Sentencia que juzgue el caso, además se tendrá que fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia oral.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, Zapag fue detenido a la salida del sanitario de una discoteca asuncena en noviembre de 2022, sitio donde se produjo el ataque físico. El acusado Héctor Grau, quien estaba ubicado al costado izquierdo de la víctima, presuntamente aplicó los golpes que le produjeron la lesión al joven Zapag.

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