La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de inconstitucionali­dad presentada por la exse­nadora Kattya González, que fue destituida tras ser acu­sada por sus excolegas por tráfico de influencias, y resol­vió rechazar la medida caute­lar de González, que preten­día volver al Senado.

El pasado 27 de febrero, a tra­vés de sus abogados, González recurrió a la máxima ins­tancia judicial para presentar una acción de inconstitucio­nalidad y buscar la nulidad de la resolución que la despojó de su investidura el pasado 15 de febrero.

En aquella oportunidad, un total de 23 senadores acom­pañaron la expulsión de Gon­zález, se registraron siete abstenciones y 15 ausencias. Con esta resolución, la Corte Suprema mantiene a Kattya fuera del Senado.

Luego de la incidentada sesión, González anun­ció que iba a recurrir a instancias internaciona­les para revertir el hecho; sin embargo, luego de una semana de silencio absoluto, presentó la inconstituciona­lidad ante la Corte.

Sin embargo, no tuvo en cuenta que tras su expul­sión ya juró su suplente y tomó posesión del cargo. Esta situación hacía invia­ble su reincorporación a la Cámara Alta, pero de igual manera recurrió a la Justicia, que ahora, como era de espe­rarse, falló en contra de Kattya González, quien con esta resolución ya no tiene instan­cia donde recurrir y definiti­vamente se queda sin banca en el Senado.

En el libelo acusatorio se mencionó el caso de pla­nillerismo de los asesores de la parlamentaria, Sole­dad Blanco y José Torales; este último se desempeñaba como presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN) y era funcionario de la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR).

Torales percibía doble sala­rio por parte del Estado, configurando el hecho una situación irregular, sin mencionar que contaba con el beneficio atribuido por la senadora González para no marcar su ingreso y salida del Senado. En ambos casos, se argumentó la inducción de la exsenadora.