El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. Sin embargo, la administración de Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.

• Por Cinthia Mora

Los actos cometidos durante el gobierno de Mario Abdo Benítez al montar un esquema para­lelo de investigación dentro de Seprelad para investigar a enemigos políticos y filtrar información expusieron al país a eventuales sanciones por no aplicar las recomen­daciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamé­rica (Gafilat). Esta institu­ción advirtió de la situación y exigió aplicar acciones para corregir los malos mane­jos. Estas recomendaciones fueron ignoradas durante el gobierno anterior.

La conducta desplegada por cada uno de los investigados en esta causa penal repercutió no solo en el plano nacional, sino también en el internacional, ya que la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las norma­tivas antilavado atribuyó a la Seprelad (dirigida por Carlos Arregui) la filtración de infor­mes de inteligencia a la prensa.

Las recomendaciones dadas por el organismo especiali­zado fueron ignoradas por la administración anterior, ya que no existe registro alguno de sumario aplicado ni tam­poco constancia de imple­mentación de protocolos sugeridos por la organización antilavado.

En su informe de evaluación mutua a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, en el mes de setiembre de 2022, año en el que se registró la mayor can­tidad de filtraciones de infor­mes confidenciales desde la Seprelad, se consignó lo siguiente: “Respecto del uso de la información por parte de las autoridades des­tinatarias, (…) preocupa al equipo evaluador la filtra­ción de reportes de inteligen­cia financiera diseminados por la Unidad de Inteligen­cia Financiera - UIF, en los cuales se han llegado a publi­car en portales de internet, incluyendo páginas com­pletas del informe de inte­ligencia, y algunos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes, lle­gando incluso a transcribir parte de ellos”, concluyó el equipo que evaluó al Paraguay.

Al respecto, recomendaron que la Seprelad robustezca e implemente los mecanismos utilizados para hacer segui­miento a la divulgación no autorizada de información diseminada de acuerdo con las guías y buenas prácticas emitidas por organismos en la materia.

El informe de evaluación mutua instaba además a Para­guay a implementar protoco­los para el reporte de inciden­tes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episo­dios de fugas o filtraciones de información. Nada de esto se aplicó en la administración anterior.

La Seprelad había aprobado en el año 2021 el Protocolo de Difusión de Informes de Inte­ligencia, del cual se desprende que la institución debió abrir dentro de las 48 horas de las filtraciones el procedimiento establecido para casos de difu­sión indebida de información. Pese a los múltiples episo­dios de filtraciones registra­dos desde enero de 2022 y a la recomendación de la eva­luación de Gafilat, este pro­tocolo nunca se aplicó. Todos las filtraciones y los funcio­narios responsables queda­ron impunes hasta agosto de 2023.

Recién con la llegada de la nueva administración se pudo detectar tal situación y se comenzó a poner en orden la casa. La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, reveló que a su llegada pudo constatar que nunca se abrie­ron los sumarios respectivos contra los funcionarios res­ponsables de las filtraciones y tampoco se pudo encon­trar rastro alguno de aplica­ción de protocolos tal como lo recomendó Gafilat en su evaluación.

En el año 2022 iniciaron los sistemáticos ataques políti­co-mediáticos que socava­ron la institucionalidad de la Seprelad y otros organis­mos del Estado. Una inves­tigación periodística reveló en julio de 2023 documen­tos y correos electrónicos que dejaron al descubierto el esquema montado desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad para dirigir investigaciones con fines políticos y filtrar información confidencial.