El Instituto de Pre­visión Social (IPS) está promoviendo acciones de ejecución contra empresas que adeudan a la previsional por aporte obrero patronal, millonarias deudas que la previsional quiere recu­perar en esta nueva adminis­tración. Entre las firmas que adeudan se encuentra un con­sorcio hotelero que pertenece a la familia de la esposa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, Silvana López Moreira.

El miércoles 17 de abril el Juzgado de Primera Instan­cia en lo Civil y Comercial ordenó el embargo de bienes de la empresa hasta cubrir el monto reclamado por la pre­visional, que asciende a G. 10.781 millones. “Tenemos la imperante necesidad de ir recuperando el dinero que el IPS tiene por cobrar. Tene­mos mucho por pagar, pero también tenemos muchos por cobrar”, remarcó Jorge Brítez en comunicación con el pro­grama “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM.

Llamativamente, durante la administración ante­rior, en el gobierno de Mario Abdo, el IPS trancó una acción judicial para llegar al cobro de la deuda del con­sorcio hotelero de la familia Bó que llega a los G. 10.781 millones. Jorge González, director Jurídico del IPS, explicó que en 2017 se logró una sentencia firme para el cobro de la deuda obrero patronal; sin embargo, lla­mativamente el IPS y el con­sorcio firmaron un acuerdo extrajudicial.

“Un juicio que inició en el 2014, el consorcio hotelero había planteado una excep­ción de inconstitucionalidad que fue a la Corte. En el 2017 quedó firme, en ese enton­ces, cuando inició recién la demanda era 5.300 millo­nes aproximadamente lo que debía”, señaló Gonzá­lez en entrevista con GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Siguió explicando que “al 2017 al quedar firme el fallo de la Corte no teniendo más recursos ni incidentes que plantear este consorcio, la deuda subió a G. 10.300 millones al día de hoy, según el reporte de la Dirección Obrero Patronal, G. 31.500 millones aproximadamente está debiendo ese consorcio hotelero”.

La previsional ganó el jui­cio en todas las instancias; sin embargo, en el 2018 “sor­prendentemente” el Con­sejo Administrativo del IPS aceptó un acuerdo extraju­dicial habiendo ya ganado en todas las instancias. “En ese acuerdo extrajudicial se acepta cuatro inmuebles que ofrecen ellos en ese momento, en el cual se comprometen a hacer pagos parciales y que si en 60 días no se cumple ese acuerdo se tendrá por rescin­dido ese acuerdo extrajudi­cial y se tendrá que ejecutar la resolución”, dijo el direc­tor jurídico.

Tras ese acuerdo extrajudi­cial, pasaron diez meses. Ocho meses más que lo establecido en el acuerdo extrajudicial se presenta misteriosamente ante el juzgado una homolo­gación del acuerdo, se lleva a cabo, y “en ese momento ya no se podía celebrar el acuerdo porque ya estaba 10 meses atrasado y con esa homolo­gación mataron todo el jui­cio”, según las explicaciones del director jurídico.

“Revisando los anteceden­tes del caso vimos que no se tomó ninguna medida más y, al asumir, lo primero que hicimos fue la ejecución del fallo de 2017 porque creemos que tenemos que reclamar, no podemos seguir permi­tiendo este tipo de conducta. La administración anterior dejó de emitir los títulos de créditos que la empresa tiene que abonar al IPS”, sentenció.