El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores revela que se montó una oficina paralela dentro de la propia Seprelad con el único fin de dedicarse exclusivamente a investigar a Horacio Cartes y sus empresas. Los “cerebros” de la operación ordenaron que funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal se encarguen de recopilar y acceder a toda información sobre Cartes y sus empresas, montar un informe con información falsa y tergiversada, para luego filtrar a los medios de comunicación aliados al gobierno de Abdo.

• Por Cinthia Mora

Durante parte de su gobierno, el expre­sidente Mario Abdo Benítez habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema utilizando la fachada institucional, que aspiraba a generar investigaciones pena­les en contra de sus enemigos políticos Horacio Cartes y Santiago Peña, con el propó­sito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.

El Ministerio Público sos­tiene en su investigación que el esquema funcionaba de la siguiente manera: Carlos Arre­gui, ministro de la Seprelad; Carmen Pereira, en calidad de directora de Análisis Finan­ciero y Estratégico, y luego como Secretaría Adjunta de la Seprelad ordenaron y acomo­daron una “oficina paralela” dentro de la institución con el único objetivo de investigar a Horacio Cartes.

Para llevar adelante este obje­tivo, se montó una oficina paralela que funcionaba den­tro mismo de la Seprelad desde donde operaban funcionarios ajenos a la institución reali­zando actividades por fuera de sus atribuciones. La dependen­cia paralela fue ubicada dentro mismo de la Unidad de Investi­gación Financiera de la Sepre­lad cuyos funcionarios reci­bieron instrucciones verbales para “colaborar” con toda la información disponible sobre Horacio Cartes.

Las personas designadas para realizar dichas “tareas” fueron Daniel Farías Kronawetter, funcionario de Tributación y comisionado en ese entonces al Ministerio de Interior, recién a partir de junio de 2022 fue comisionado oficialmente a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero; y René Fer­nández, entonces ministro de la Secretaría Anticorrupción. Ambos sin ser funcionarios de la Seprelad habrían contri­buido de manera significativa a la elaboración del Informe de Inteligencia 10/2022, al redac­tar el documento secreto que sirvió de base para ese informe.

En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registra­das los metadatos (huellas digi­tales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir a los partícipes del hecho. En el acta de impu­tación se precisa que el docu­mento secreto fue redactado por Daniel Farías Kronawet­ter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.

El “documento secreto” era un borrador del informe de inteli­gencia relacionado al expresi­dente Cartes y la firma Tabesa. En el documento se incluían datos de salarios de Santiago Peña y Óscar Boidanich, siendo que estas personas no revestían el carácter de inves­tigados ni existían señales de alerta respecto a los mismos.

El trabajo de “investigación” realizado por esta oficina para­lela dentro de Seprelad se tra­dujo luego en un informe de inteligencia (el número 10/2022) al que se introdujo, según la tesis del Ministerio Público, información tergiver­sada y falsa para perjudicar la imagen del expresidente Car­tes y a sus empresas.

La acusada por los propios fun­cionarios de la institución como “cerebro” de la operación mon­taje y filtración, la viceminis­tra Carmen Pereira, ordenó vía correo electrónico, el 28 de marzo de 2022, que el docu­mento secreto elaborado por Farías y Fernández sea utili­zado como base para el informe de inteligencia que sería remi­tido luego al Ministerio Público. Con esto daban la fachada de “institucional” a un proceso de investigación llevado a cabo en paralelo y por funcionarios aje­nos a la institución.

Si bien los personajes involu­crados al operativo de oficina paralela Farías y Fernández eran funcionarios públicos, actuaron realizando activi­dades que no eran propias de sus instituciones, sino de otra, realizando actos que excedían de sus atribuciones y fuera de sus propias instituciones.

Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores presentaron, hasta el momento, dos recusa­ciones y una larga lista de chi­canas con el objetivo de dilatar la investigación que pesa con­tra el exmandatario.

Ahora, el proceso está en la Corte Suprema de Justicia a dos votos de destrabarse, espe­cíficamente en la Sala Penal de la máxima instancia judi­cial integrada por Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Dejesús Ramírez Can­dia, quienes deben expedirse sobre la recusación presentada contra los camaristas a cargo de la causa para dar continui­dad al proceso.

El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Bení­tez; los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario pri­vado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.

Las acusaciones son por reve­lación de secretos de servicio, revelación de secretos priva­dos por funcionarios o per­sonas con obligación, induc­ción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho puni­ble, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

La dependencia paralela fue ubicada dentro mismo de la Unidad de Investigación Financiera de la Seprelad cuyos funcionarios recibieron instrucciones verbales para “colaborar” con toda la información disponible sobre Horacio Cartes.

El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez; los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.