El proceso penal por siete hechos puni­bles que enfren­tan el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y su gavilla, por la filtración de información de la Seprelad, debe des­trabarse en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Los integrantes de la sala son los minis­tros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y César Diesel.

Los altos magistrados deben resolver la recu­sación que presentó el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado Carlos Arregui, contra los camaristas María Belén Agüero, Jesús Riera y Arnaldo Fleitas.

El ministro Benítez Riera es el preopinante en el presente caso y el mismo ya emitió su voto sobre la recusación contra los camaristas. Ahora, el expediente pasó al gabi­nete del ministro Die­sel, quien deberá votar igualmente, ya sea en el mismo sentido o en disi­dencia, para luego emi­tir su voto el ministro Ramírez, sobre el plan­teamiento dilatorio de la defensa del imputado Arregui.

Una vez que se tengan los votos de los tres altos magistrados, se tendrá la resolución sobre la recu­sación que pesa sobre el Tribunal de Apelación. En caso de ratificarse la competencia de los cama­ristas, estos deben deci­dir sobre la recusación de la jueza Cynthia Lovera. Esta, a su vez, una vez que sea confirmada, deberá estudiar doce chicanas más presentadas por los abogados de los imputa­dos en el presente caso.

Hasta el momento, los abogados defensores de los imputados solo se dedican a presentar inci­dentes dilatorios, debido a que la imputación fis­cal está bien elaborada y sostenida, conforme a los elementos de prueba que se recolectaron durante la etapa investigativa.

Entre las chicanas que se presentaron en el refe­rido expediente judicial, se encuentra el recurso de reposición con ape­lación en subsidio en contra de la providencia de fecha 14 de marzo de 2024, que admite el acta de imputación. Todos los imputados presentaron este recurso que es al solo efecto de dilatar el caso.

En el presente caso, están imputados Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Fran­cisco Pereira y Mauricio Espínola.

Los supuestos delitos cometidos que se les atri­buyen son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funciona­rios o personas con obli­gación especial, induc­ción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simula­ción de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación cri­minal.