Senadores presentaron un proyecto de ley que tiene como fin suspender de forma temporal la creación de nuevas granjas de criptominería en nuestro país, en vista del incesante robo de energía eléctrica dentro de este rubro.

Un grupo de senadores –en su mayoría colorados– en abril pasado presentó el proyecto de ley “Que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo”.

Dicha normativa, tal y como lo dice su nombre, pretende prohibir la minería de criptomonedas como el bitcoin en nuestro país, inicialmente por un plazo de 180 días o más, dependiendo de la necesidad.

En su argumentación, los proyectistas sostienen que este negocio fue ganando terreno y extendiéndose a diversos sectores del territorio nacional; sin embargo, este crecimiento se produjo a la par del auge de las granjas que operan al margen de la ley.

Uno de los principales inconvenientes guarda relación con el robo de energía eléctrica ya que, para poder operar, las mineradoras de criptomonedas demandan un consumo importante, por lo que mayormente recurren a las conexiones clandestinas.

A raíz de ello, se plantea restringir la actividad por un plazo de 6 meses o, en su defecto, hasta que exista una ley que la regule y que la Ande esté en condiciones de ofrecer un servicio que responda a la demanda de consumo de las granjas de criptominería sin afectar a los demás usuarios del sistema eléctrico.

Una de las voces que se expresaron en contra de esta propuesta es la de Joaquín Morínigo, consultor y especialista en el rubro de criptoactivos, quien cuestionó la intención de “prohibir una industria que genera millones de dólares al Gobierno paraguayo y representa una oportunidad única para obtener la soberanía energética”.

En ese sentido, señaló que el proyecto de ley presenta algunas inconsistencias, entre ellas, la supuesta falta de regulación y control. Sobre el punto, recordó que en 2021 se había emitido una reglamentación que convertía a los mineros de bitcoin en sujetos obligados de Seprelad, así como también a casas de cambio de criptomonedas y cambistas.

De igual modo, sostuvo que la ley busca criminalizar una industria que genera enormes beneficios al país, citando como ejemplo más contundente los millonarios ingresos en concepto de pago de IVA por energía e impuestos de importación de criptoactivos, así como las garantías que percibe la Ande y que llegan a casi USD 60 millones.

“Prohibir a los mineros formalizados NO HARÁ que los ilegales paren de operar”, afirmó Morínigo en su publicación en X, exigiendo que la Ande aumente los esfuerzos para combatir la corrupción interna, ante la supuesta complicidad de funcionarios para permitir las conexiones clandestinas y hacer “la vista gorda”.