La empresa Esur SA, propiedad de la familia Zuccolillo, ocasionó una pérdida estimativa de 300.000 dólares a la Ande, utilizando como pantalla el rostro de un shopping, cuando en realidad se dedicaba a la criptominería. La entidad estatal evalúa el reclamo del monto evadido.
En setiembre de 2023, el Departamento de Gestión de Grandes Clientes de la Ande remitió una notificación a la empresa Penta SA, (Shopping Mariscal) de los Zuccolillo, al detectar “fuertes indicios de que en el sitio se estaban desarrollando actividades asociadas a la minería de criptoactivos”.
La alarma de la Ande se encendió debido al elevado consumo registrado en el lugar, pese a figurar en la categoría de edificio corporativo, lo que condujo a presumir que se utilizaba el mismo NIS del centro comercial como pantalla para la actividad de minería, al hacer pasar la elevada demanda eléctrica como una fachada industrial.
“Realizamos las verificaciones de las operaciones a través de un centro de operación, es decir, un cliente normal, un shopping, de madrugada no tiene carga, pero cuando el sistema detecta que el consumo es constante, ve que el consumo es adicional a lo que se había solicitado”, explicó el presidente de la Ande, Félix Sosa, en una entrevista con el canal GEN/Nación Media.
El ingeniero confirmó que hay varios casos similares, pero que respecto al de los Zuccolillo, se encuentra en evaluación en la asesoría jurídica de la Ande, a los efectos de determinar si corresponde que se pague el monto de 300.000 dólares.
“De hecho, el Grupo de Consumo Intensivo Especial ya se había definido en octubre y se puso en vigencia en noviembre pasado y desde ahí comenzamos la regularización correspondiente”, acotó.
El Grupo de Consumo Intensivo Especial aprueba las tarifas para los usuarios abastecidos en Muy Alta Tensión (220 kV), Alta Tensión (66 kV) y Media Tensión (23 kV), que desarrollan el procesamiento de datos, provisión de servicios de almacenamiento de información, incluyendo la minería de criptoactivos, blockchain, token y data centers.
La Ande denunció ante el Ministerio Público 64 casos de criptominería clandestina. Este año se hicieron 14 intervenciones a nivel nacional, con una desconexión de 46 megavatios de potencia, más de lo que requiere toda la ciudad de Pilar, que necesita 27 megavatios