“Es lamentable que los actores políticos quieran sacar nuevamente ventaja; al no tener plataforma electoral, se quieren valer de los legítimos reclamos de los estudiantes”, sentenció la parlamentaria, indicando que muchos opositores solo buscan difundir mentiras y encontrar algún beneficio para sus intereses de luchas ajenas.
La parlamentaria aclaró además que desde la Cámara Baja se tomará a consideración las sugerencias elaboradas por el Consejo Superior Universitario, entre las cuales se encuentra la inclusión del Plan de Caja mensual aprobado por las instituciones a ser beneficiadas con la ley y que el Ministerio de Economía y Finanzas realice la migración mensual de saldos no ejecutados de meses vencidos de dichas entidades.
Puntualizó que si hay aspectos a ser introducidos o agregados, para brindar mayores garantías sobre la ley universitaria, no se descartan las conversaciones y los acuerdos pertinentes para generar respuestas a las principales exigencias. Al respecto, remarcó que el diálogo no debe agotarse bajo ninguna circunstancia, asegurando que la Cámara de Diputados mantendrá siempre una línea abierta con las exigencias planteadas.
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Perú: inclusión de identidades diversas en cobertura de salud mental generó protestas
Un trastorno mental: el gobierno peruano enfureció a la comunidad LGTB al expedir un decreto sobre acceso a tratamientos de salud mental que clasifica bajo ese rótulo las identidades diversas de género. Los colectivos de diversidad sexual convocaron para este viernes a una protesta frente al ministerio de Salud, en el centro de Lima, para exigir la derogatoria de la norma que, a su juicio, incentiva la discriminación y la violencia contra sus miembros.
La manifestación coincide con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La protesta transcurrió pacífica y congregó a más de 200 activistas que corearon lemas pidiendo la derogatoria del controvertido decreto. “El decreto está perjudicando nuestros derechos como seres humanos. Estamos indignados porque genera mucha violencia” indicó a la AFP Valentina Albújar, concursante a Miss Trans 2024 y presente en la manifestación.
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El decreto
Mediante un decreto publicado el 10 de mayo, el ministerio de Salud actualizó el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada. Desde 2021 dicho plan incorpora las enfermedades mentales.
Ciñéndose a una antigua clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno quiso ampliar la cobertura en salud mental a tratamientos derivados de la identidad de género, por ejemplo, casos de acoso, terapias de reafirmación u operaciones de reasignación de sexo.
Sin embargo, la clasificación que empleó en el decreto, conocida como CIE-10, describe la transexualidad como un “trastorno mental”, un término que la propia OMS eliminó en 2022 de su manual revisado de diagnósticos vigente desde ese año. “El gobierno tenía una buena intención, que era ampliar el acceso (a cobertura), pero visibilizó un diagnóstico que ya no se debería usar”, señaló a la AFP Carlos Cáceres, vicedecano de salud pública en la universidad Cayetano Heredia.
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¿Qué dice el gobierno?
En un comunicado posterior al decreto, el ministerio de Salud aclaró que no considera como enfermedades la “diversidad de género y sexual”. “Expresamos nuestro respeto a las identidades de género, así como nuestro rechazo a la estigmatización de la diversidad sexual”, señaló el organismo. Según explicó en el mismo mensaje, al actualizar el PEAS utilizó la clasificación de la OMS que sigue vigente en Perú a la espera de que “se inicie la implementación progresiva” del nuevo manual de enfermedades, “tal como ocurre en otros países”.
Un portavoz del Ministerio de Salud justificó la vigencia del decreto, y alegó que su anulación impediría que los afiliados al sistema de salud, sobre todo al privado, accedan a más servicios de salud mental. “El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención”, dijo a la AFP Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio.
Piden la derogación
Más allá de la aclaración del ministerio de Salud, las organizaciones de derechos humanos y de diversidad sexual exigen la derogatoria de la norma. “Estamos pidiendo derogar este decreto transfóbico, violento y que va contra nuestras identidades como personas trans en el Perú”, dijo a la AFP Gianna Camacho, vocera de la Coordinación Nacional LGTBIQ+.
“No somos enfermas mentales, ni tenemos ningún trastorno mental”, replicó la dirigente. En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) llamó la atención sobre los efectos de “este decreto sesgado y poco científico”.
“Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (...) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género”, advierte la organización. Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género.
Un temor mayor
En opinión de la comunidad LGTBI, la norma encierra un riesgo todavía mayor que el de la discriminación. “Diciendo que soy enfermo me están patologizando, es el riesgo más grande porque abre las puertas para validar las terapias de conversión”, señala a la AFP el médico y activista Percy Mayta.
Dichas prácticas, que organismos de Naciones Unidas equiparan con torturas, no están penalizadas en Perú. También HRW cree que el decreto “podría dar legitimidad” a las mal llamadas terapias de conversión y “agravar los problemas de salud mental a los que se enfrentan las comunidades LGBT en el país”.
Ante esos temores, el ministerio de Salud insistió que la orientación sexual y la identidad de género “no deben ser sometidas a tratamiento o atención médica ni a las llamadas terapias de reconversión”. Sin embargo, para los grupos LGTBI solo la derogatoria de la norma conjuraría los potenciales riesgos.
Fuente: AFP.
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Roberto Moreno: “Existe un respaldo político bastante fuerte y cero grietas”
Roberto Moreno, asesor jurídico de la Presidencia, salió al paso de las publicaciones periodísticas impulsadas desde los medios de comunicación a fines al sector de la oposición que pretenden instalar la existencia de una supuesta grieta entre técnicos y políticos en el gabinete del presidente de la República, Santiago Peña.
“Lo peor que hay es mentirle a la gente, si yo diría que existe un 1 % de crisis estaría mintiendo porque hay cero grieta. Existe un respaldo político muy fuerte. Esto forma parte de una narrativa, es válida porque estamos finalmente en política y cada uno hace sus especulaciones”, manifestó en una entrevista con el programa “Cara o cruz”, emitido por Unicanal.
Las publicaciones periodísticas referían que las tensiones entre el ala técnica y política se evidenciaron tras las recientes negociaciones entre el gobierno de Peña y su homologó brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva, que permitió el establecimiento de una nueva tarifa en la Entidad Binacional Itaipú a USD 19,28 kW/mes, el cual significará para nuestro país un total de 1.250 millones de dólares por año.
Señalan a la vez que el supuesto malestar se concentra principalmente entre la jefa de Gabinete de la Presidencia, Lea Giménez, y el asesor político José Alberto Alderete. “Existe una fortaleza y unidad de criterio en todos los aspectos del Gobierno, no ha habido un momento desde agosto en donde se pueda decir que hubo una discusión. Esto no tiene ningún sentido”, sentenció.
Asimismo, siguió sosteniendo que “ciertamente en una negociación como es la de Itaipú, hay aspectos técnicos que no se puede aplicar un criterio político, pero finalmente depende de un entendimiento político interno del Paraguay, y externo con el Brasil”.
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“Existe respaldo político muy fuerte y cero grietas”, afirma asesor jurídico de la Presidencia
Roberto Moreno, asesor jurídico de la Presidencia, salió al paso de las publicaciones periodísticas impulsadas desde los medios de comunicación a fines al sector de la oposición que pretenden instalar la existencia de una supuesta grieta entre técnicos y políticos en el gabinete del presidente de la República, Santiago Peña.
“Lo peor que hay es mentirle a la gente, si yo diría que existe un 1 % de crisis estaría mintiendo porque hay cero grieta. Existe un respaldo político muy fuerte. Esto forma parte de una narrativa, es valida porque estamos finalmente en política y cada uno hace sus especulaciones” manifestó en una entrevista con el programa “Cara o cruz” emitido por Unicanal.
Las publicaciones periodísticas referían que las tensiones entre el ala técnica y política, se evidenciaron tras la reciente negociaciones entre el gobierno de Peña y su homologó brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que permitió el establecimiento de una nueva tarifa en la entidad binacional Itaipú a USD 19,28 kW/mes, el cual significará para nuestro país un total de 1.250 millones de dólares por año.
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Señalan a la vez que el supuesto malestar se concentra principalmente entre la jefa de gabinete de la presidencia Lea Giménez y el asesor político José Alberto Alderete. “Existe una fortaleza y unidad de criterio en todos los aspectos del gobierno, no ha habido un momento desde agosto en donde se pueda decir que hubo una discusión. Esto no tiene ningún sentido”, sentenció.
Asimismo, siguió sosteniendo que “ciertamente en una negociación como es la de Itaipú, hay aspectos técnicos que no se puede aplicar un criterio político, pero finalmente depende de un entendimiento político interno del Paraguay, y externo con el Brasil”.
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Israel pasa a la final de Eurovisión en medio de protestas
Israel se clasificó ayer jueves para la final de Eurovisión del fin de semana después de que miles de manifestantes con banderas propalestinas protestaran en la ciudad sueca de Malmö contra su participación en el concurso en medio de la guerra de Gaza.
Esta tensión no repercutió en la gala de la segunda semifinal, en la que la cantante Eden Golan pudo interpretar sin incidentes su tema “Hurricane” ante los 9.000 espectadores del Malmö Arena. La joven israelí, que había recibido amenazas en redes, obtuvo el pase a la final del sábado, en las que Croacia, Suiza y Ucrania parten como favoritas con originales propuestas artísticas.
Antes de su actuación, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le deseó suerte y afirmó que ya “había ganado” tras soportar las protestas, que calificó de “horrible ola de antisemitismo”. La protesta contra su actuación había reunido horas antes a entre 10.000 y 12.000 personas, según la policía.
Sus participantes enarbolaron banderas palestinas y pancartas que criticaban a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que organiza el certamen. “La UER legitima el genocidio”, “No se puede lavar de rosa el colonialismo”, proclamaban algunas de ellas, en una jornada que puso tensión a esta gran fiesta del kitsch y de la música pop en la que compiten artistas de 26 países.
“Soy una fanática de Eurovisión, pero lo boicoteo, aunque me parta el corazón”, explica a AFP Hilda, una sueca de 30 años con los cabellos teñidos de rosa. “No puedo divertirme sabiendo que Israel participa, cuando tantos niños mueren [en Gaza]. Pienso que es algo injusto”, agregó.
“No es justo. En mi opinión, si pueden sacar a Rusia fuera, ¿por qué no pueden hacerlo con Israel?”, se preguntó Marwo Mustafa, una joven manifestante veinteañera. En 2022, la UER le cerró las puertas a Rusia, debido a la invasión de Ucrania. Un centenar de personas se congregó en otro barrio de la ciudad para celebrar la participación israelí, bajo fuerte protección policial.
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Una difícil “neutralidad”
En el recinto Malmö Arena, las luces de neón, los trajes brillantes y los ritmos animados contrastaban con el ir y venir de policías armados que patrullan entre los decorados multicolores. Por toda la ciudad, pompones y banderines de colores llamativos coexisten con las banderas palestinas colgadas de ventanas y balcones.
Dentro del Malmö Arena, la organización prohibió, como de costumbre, cualquier bandera que no sea de los países participantes y los carteles con mensajes políticos. La UER había prohibido el año pasado, para respetar la neutralidad del concurso, que tomase la palabra el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, cuyo país enfrenta una invasión rusa.
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Esta neutralidad fue desafiada en la primera semifinal del martes por el cantante sueco Éric Saade, que lució en el brazo una kefia, un pañuelo habitualmente usado en apoyo de la causa palestina. La UER y la radiotelevisión pública sueca SVT lamentaron el gesto e insistieron en que este popular evento, más asociado a actuaciones burlescas o llamativas, es apolítico.
Para los fans del concurso -que se estima atraerá a hasta 100.000 habitantes a Malmö- “lo importante es lo que hay en el escenario, (...), no la política”, asegura el profesor de historia de las ideas Andreas Önnerfors, especialista de Eurovisión. Con casi 70 años, Eurovisión es “una muestra de tolerancia europea que no se encuentra bajo otras formas ni en otros lugares”, señala.
Medidas de seguridad
Este año, la guerra en Gaza eclipsó el conflicto en Ucrania, que se prolonga desde febrero de 2022. “Tiene que haber manifestaciones, la gente debe expresar sus opiniones, debe boicotear”, asegura a AFP Magnus Børmark, candidato de Noruega con su grupo Gåte que, al igual que otros ocho participantes, pidió un alto el fuego duradero en Gaza. En la comunidad judía, algunos prevén abandonar la ciudad el fin de semana.
“Con Eurovisión, hay una especie de intensificación. La sensación de inseguridad aumentó después del 7 de octubre”, cuando un letal ataque de milicianos de Hamás en Israel desencadenó la guerra, “y muchos judíos están preocupados”, explica uno de sus portavoces, Fredrik Sieradzki. Según él, las manifestaciones propalestinas no han dado lugar a llamamientos dirigidos directamente contra los judíos de la ciudad. No obstante, se reforzó la seguridad en torno a la sinagoga.
Fuente: AFP.