La Fiscalía posee un tendal de elementos de sospecha en los cuales basa la imputación contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez, sus exministros y funcionarios implicados en las filtraciones de informes de inteligencia desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. En el acta de imputación figuran 42 elementos de sospecha entre los que figuran notas remitidas por la Seprelad, correos internos de funcionarios y documentos oficiales.
La causa abierta contra Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Francisco Pereira Cohene, y Mauricio Espínola se sustenta en elementos de sospecha irrefutables que sostienen la tesis del Ministerio Público. Todos los elementos fueron colectados con aval y control judicial.
El compendio de pruebas presenta varias notas de medios de prensa, como el Grupo Nación Media, el Editorial El País SA (Última Hora) y de la Editorial Azeta SA (Abc Color), con las copias certificadas de las publicaciones periodísticas realizadas por cada diario. Las publicaciones son claros indicios de filtración de documentos, y fue así que por ejemplo el Grupo Vierci remitió la copia de una publicación titulada “EMPRESAS DE CARTES PAGARON HASTA 50 MILLONES MENSUALES A BOIDANICH” y el Grupo Zuccolillo remitió una publicación titulada: “FISCALA PANAMEÑA SOLICITA INFORMES SOBRE HORACIO CARTES EN CASO LAVADO”.
La Fiscalía señala que en dicho artículo de prensa se realizó la filtración del pedido de carácter confidencial realizado a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG) por parte del Ministerio Público de Panamá. Igualmente, se encuentra la publicación periodística del 8 de mayo de 2022, titulada: “Abdo acusa a Cartes de dar millones a exjefe antilavado por su ‘silencio y complicidad’”.
En el expediente resalta la publicación “FISCALÍA DE PANAMÁ PIDIÓ ANTECEDENTES DE CARTES, REVELÓ EL MINISTRO GIUZZIO”. De este artículo, según cita el Ministerio Público, se desprende que Arnaldo Giuzzio estaría vinculado a la revelación de información de carácter confidencial.
Obra asimismo en el acta de imputación una respuesta dada por la Seprelad, referente al pedido hecho por la Fiscalía panameña a nuestro país. En ese sentido, en la misma se confirma que esta institución recibió la comunicación de carácter confidencial, estando a cargo Carlos Arregui y su mano derecha Carmen Pereira.
También se incluyó otra nota mediante la cual se informó quiénes eran los puntos de contacto de la plataforma donde se recibió la solicitud panameña, de donde surge que por la Policía Nacional el responsable era el comisario Luis López. Según la declaración testifical de este uniformado, Carlos Arregui, entonces ministro de la Seprelad, le solicitó la remisión del pedido de informe de carácter confidencial realizado por la Fiscalía de Panamá. Días después, conforme al Ministerio Público, este pedido fue filtrado a través de medios periodísticos por Arnaldo Giuzzio, siendo Arregui el único con acceso a dicho documento.
Aparece como agregado a la carpeta fiscal un informe técnico de la Dirección de Análisis de Información Estratégica (DAIE) del Ministerio Público en el cual se constatan las redes sociales del diario Abc Color, de la entonces senadora nacional Desirée Masi, y del actual diputado Mauricio Espínola. En tal sentido, de este informe se desprende, según la Fiscalía, que datos confidenciales vinculados a Seprelad fueron filtrados en medios periodísticos y redes sociales.
También figura un informe sobre el sitio web Distributed Denial Of Secrets vinculado a una ONG internacional que filtró todos los informes de inteligencia financiera de la Seprelad relacionados a Cartes. Y otro informe que compara y concluye la existencia de similitudes entre el informe de inteligencia y la publicación de Abc titulada “FULMINANTES DATOS SOBRE RED MONTADA POR HORACIO CARTES”.
La Fiscalía sustenta su imputación con la declaración testimonial del excomandante de la Policía Nacional Luis Ignacio Arias, que reza cuanto sigue: “El testigo tuvo conocimiento del pedido realizado a través de la plataforma por parte del Ministerio Público de Panamá, a través del comisario Luis López. Seguidamente, puso en conocimiento del entonces presidente de la República Mario Abdo Benítez, quien le ordenó que se comunique con el ministro de la Seprelad Carlos Arregui. Por ello, el testigo pidió al comisario principal Luis López que se comunique con el citado ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, y tuvo conocimiento efectivo que el comisario entregó la solicitud de las autoridades de Panamá a pedido de Carlos Arregui”.
Así también en el acta de imputación figuran las declaraciones testimoniales de los funcionarios de la Seprelad, Derlis Ruiz Báez, Inés Yambay y Rocío Peña, todos asignados a la Unidad de Inteligencia Financiera de la institución.
El Ministerio Público incluyó en el expediente el informe de evaluación mutua de Gafilat al Paraguay, en el cual se enfatizaba la preocupación del equipo evaluador por la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminados por la Seprelad a medios de prensa y sitios de internet.
La Fiscalía además agregó a la causa una nota de la Seprelad, mediante la cual la institución informó que no pudo hallar en la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico algún informe realizado tras la denuncia de Arnaldo Giuzzio contra Horacio Cartes; sin embargo, sí encontró un borrador de informe de inteligencia. Este consiste en un archivo Word, que a través de los metadatos del documento, se pudo determinar que su elaboración estuvo a cargo del autor DANIEL FARÍAS y la última modificación fue realizada por R.M. Fernández B. (el exministro René Fernández). La fecha de creación fue el 26/03/2022 a las 17:48, y la última modificación se realizó ese mismo día a las 21:58.
Entre las evidencias figura también el listado de personas que ingresaron a la Seprelad para reunirse con el ministro y otros funcionarios. En dicha nómina se encuentra por un lado una reunión mantenida entre Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio el día 16 de diciembre de 2021 a las 9:40, y por el otro, una reunión mantenida el mismo día 20 minutos después entre Carlos Arregui, Carmen Pereira y Guillermo Preda con Daniel Farías (funcionario del Ministerio del Interior).
La Fiscalía consta además de dos informes conclusivos remitidos por la Seprelad, uno por el sumario abierto para la averiguación de presuntos hechos de divulgaciones indebidas de información ocurridas durante el periodo 2021 y 2022, y otro por el sumario abierto ante la divulgación indebida de la información relacionada a la solicitud hecha por la Fiscalía de Panamá.
Varios correos electrónicos también obran en el expediente, tal como el remitido por el funcionario Francisco Pereira a Derlis Ruiz el 29 de marzo de 2022, en el que le envía el archivo Word creado por Daniel Farías y editado por René Fernández. El correo del 20 de mayo de 2022 de Guillermo Preda a Derlis Ruiz Báez, donde le envía juicios de valor con relación al expresidente Horacio Cartes a ser agregados al informe de inteligencia. El correo del 20 de mayo de 2022 remitido por Guillermo Preda a Derlis Ruiz Báez, en el cual le envía cuadros de facturaciones/salarios de Óscar Boidanich en Tabesa y de Santiago Peña en Banco Basa a ser agregados al informe confidencial.
Figura además un memorándum de 14 de enero de 2022, enviado por Carmen Pereira a Carlos Arregui con respecto a la publicación por medios periodísticos del formulario de la plataforma. Los correos electrónicos de Guillermo Preda dirigidos a Derlis Ruiz Báez, solicitándole la inclusión de prensa negativa con respecto a Horacio Cartes a ser enviado a Panamá. Y un compromiso de confidencialidad firmado por Carmen Pereira.
Otras notas incluidas son los decretos de designación de Arnaldo Giuzzio (Ministerio del Interior), René Fernández (Anticorrupción) y Carlos Arregui (Seprelad), así como en carácter de secretaria adjunta de la Seprelad de Carmen Pereira Bogado. Como así también la denuncia hecha por Giuzzio contra el expresidente Cartes y la grabación de su audiencia pública ante la Comisión Permanente del Congreso.
Además de la denuncia presentada por Horacio Cartes bajo patrocinio del abogado Pedro Ovelar el 31 de julio de 2023 y a este se le sumó la ampliación de la denuncia formulada el 30 de agosto de 2023. También se incluyeron la denuncia hecha por Unicanal el 5 de julio de 2022 y la denuncia de Santiago Peña del 30 de mayo de 2022.