El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, expresó su apoyo a la lucha del pueblo venezolano que rechaza el resultado de las elecciones del pasado domingo 28 de julio.

En esa jornada electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, de línea oficialista, dio la victoria a Nicolás Maduro con el 51,2 % de los votos frente al 44,2 % del principal candidato de la oposición, Edmundo González.

Nichols escribió en su cuenta de red social X, y expresó que la comunidad internacional está unida con el objetivo de apoyar el derecho de los venezolanos a determinar su futuro, mediante el proceso democrático.

“La comunidad internacional está unida para apoyar el derecho de los venezolanos a determinar su futuro a través del proceso democrático. Como detallé en @OAS_official, @EdmundoGU, recibió la mayor cantidad de votos en esta elección. El CNE debería reconocer este hecho. PROHIBICIÓN”, escribió en su red social.

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El encargado del Departamento de Estado de EE.UU. para Latinoamérica, Brian Nichols, afirmó ayer miércoles que existe evidencia “irrefutable” para declarar la victoria del candidato opositor, Edmundo González Urrutia, en las elecciones presidenciales de Venezuela.

“Con la evidencia irrefutable basada en las actas de votación, que todo el mundo puede ver, está claro” que el político opositor “derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos” de ventaja, señaló el diplomático ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El martes pasado, Costa Rica ofreció asilo político al candidato opositor en Venezuela, Edmundo González, y a la líder María Corina Machado, pero los mismos habían rechazado el ofrecimiento del canciller centroamericano Arnold André para seguir con la lucha en suelo venezolano.

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó ayer miércoles una resolución para exigir transparencia al gobierno de Venezuela sobre las cuestionadas elecciones del domingo, que dieron la victoria a Maduro, al no alcanzar la mayoría absoluta de sus Estados miembros.

La líder opositora María Corina Machado, dijo este jueves que pasó a la “clandestinidad” en Venezuela porque teme por su vida, en momentos en que arrecian las amenazas de cárcel en su contra tras sus denuncias de fraude en la reelección del presidente Nicolás Maduro.

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• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

A 4 años de haber denunciado a Kattya González por tráfico de influencias en sus tiempos de diputada nacional, el ingeniero alemán Rauand Rauf Latif reiteró hace unos meses al Ministerio Público el pedido de imputación.

“En consideración a todas las denuncias que he realizado en contra de la señora Kattya González Villanueva, y teniendo en cuenta que actualmente la misma ya no cuenta con fueros, ni investidura alguna, vengo a solicitar nuevamente a esta representación pública muy respetuosamente el análisis de la causa, ya que existen suficientes elementos de sospecha de la existencia del hecho punible denunciado en su contra por mi parte, imputando a la misma”, dice parte del escrito del ciudadano alemán que en el 2019 había denunciado a la entonces diputada y hoy senadora expulsada, por ser la propulsora del cierre de su arenera y un centro de entrenamiento nacional de tiro profesional en Villa Elisa.

Varias instituciones públicas de la era del gobierno de Mario Abdo Benítez se alinearon al propósito de la exparlamentaria de cerrar la arenera como el local de tiros, según evidencias incluidas por Latif en la carpeta fiscal. Las aparatosas intervenciones, ruidosas alocuciones de presión a las autoridades municipales de Villa Elisa y con la investidura que portaba González, tenía una ventaja abismal frente al grupo de empresarios extranjeros del que formaba parte el alemán.

“Hubo millonarias pérdidas y la mayoría quebró”, manifestó recientemente Latif durante una visita a nuestra redacción, ocasión en la que recalcó que le truncaron un proyecto de inversión que era el comienzo de otros más, por el solo hecho de molestar a la familia de González.

Entre las evidencias de la denuncia se encuentra, por ejemplo, cómo fiscalizadores del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) se constituyeron en lo que fuera su arenera, prácticamente de la mano de la mamá de González a quien se la ve vigilando atentamente las actuaciones de los funcionarios públicos.

Además de las presiones a concejales y demás autoridades de la Municipalidad de Villa Elisa, el arreo custodiado de funcionarios del Mades para levantar informes que finalmente terminaron por tumbar su proyecto arenero, Latif acercó un audio e imágenes de una visita que recibió de funcionarios de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) en la que le confirmaron a quién obedecen con su presencia para el cierre de sitio de práctica de tiro.

“Si podés cerrar, no te va a salir caro”, se le escucha decir al uniformado de la Dimabel a modo de alerta a Latif de que le conviene más cerrar su centro de entrenamiento nacional de tiro profesional.

En la conversación en la que se le escucha decir a Latif “disculpa, yo creo que esa decisión que se tomó es un poco rara”; en el acto se lo oye al emisario respondiendo: “la decisión se tomó, vamos a ser claros , después del problema que hubo que yo le llamé, de la diputada que no sé por qué, cual es el problema que… Kattya González, que le llama al comandante de las Fuerzas Militares, él llama al director de la Dimabel y ahí revisamos con el estudio de informe y sinceramente no se puede tener más área capital que no sea cerrado”.

Según los documentos que obran en la carpeta fiscal, la visita de los uniformados se dio el 8 de julio del 2021, sin embargo, no hacía un mes que la Dimabel habilitó el centro de entrenamiento de tiros por Resolución número 304/2021, previo dictamen número 367 de su asesoría jurídica. Toda una jurisdicción de las fuerzas de seguridad subordinada al “llamado” que se le hizo al comandante de las Fuerzas Militares, según el testimonio del subordinado.

Estas son algunas de las sobradas razones por las cuales los involucrados, como los concejales municipales deben ser citados a declarar, enfatiza Latif que, pese al tiempo transcurrido no pierde las esperanzas de que la justicia culmine la pesquisa y dicte su sentencia.

El supuesto narco­traficante Clemen­cio González, alias Gringo, fue asesinado ayer domingo cuando se encon­traba en el interior de un inquilinato. El hecho de sicariato se registró en el barrio Obrero de Pedro Juan Caballero, en el depar­tamento de Amambay.

Según los primeros infor­mes cuatro hombres con armas largas habrían sido los autores del crimen, quienes llegaron en un automóvil de color oscuro y dispararon a quemarropa contra el sujeto.

Cerca de 70 tiros de fusil habrían efectuado los sicarios quienes poste­riormente quemaron el automóvil que utiliza­ron para el asesinato, de acuerdo a los primeros informes de la Policía Nacional.

Imágenes divulgadas en redes sociales muestran que Gringo fue sorprendido por los matones en momentos en que se encontraba sen­tado en un sofá en el interior de un inquilinato ubicado sobre las calles Charagua casi Panchito López del citado barrio pedrojuanino.

Aparentemente los suje­tos utilizaron armas lar­gas y cortas para el cri­men, según versiones dadas por los testigos, quienes además dieron aviso de que el vehículo fue incinerado a escasos kilómetros del sitio del atentado.

Según los antecedentes Cle­mencio González logró esca­bullirse de varios enfren­tamientos entre bandas narcotraficantes en la zona fronteriza con el Brasil. Habría formado parte pri­mero del clan manejado por el temible líder Fahd Yamil y luego con el Comando Ver­melho bajo las instrucciones de Fernandinho Beira Mar. También se le atribuye haber participado en el secuestro y muerte de Amado Felicio Martínez el 27 de enero del año 2004.

Igualmente, Gringo estaba siendo buscado desde el año 2015 al ser sindicado como autor del robo de 252 kilos de cocaína que estaban siendo custodiadas por la misma Jefatura Policial de Pedro Juan Caballero, tras una incautación. El sujeto habría rescatado la carga de droga.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de inconstitucionali­dad presentada por la exse­nadora Kattya González, que fue destituida tras ser acu­sada por sus excolegas por tráfico de influencias, y resol­vió rechazar la medida caute­lar de González, que preten­día volver al Senado.

El pasado 27 de febrero, a tra­vés de sus abogados, González recurrió a la máxima ins­tancia judicial para presentar una acción de inconstitucio­nalidad y buscar la nulidad de la resolución que la despojó de su investidura el pasado 15 de febrero.

En aquella oportunidad, un total de 23 senadores acom­pañaron la expulsión de Gon­zález, se registraron siete abstenciones y 15 ausencias. Con esta resolución, la Corte Suprema mantiene a Kattya fuera del Senado.

Luego de la incidentada sesión, González anun­ció que iba a recurrir a instancias internaciona­les para revertir el hecho; sin embargo, luego de una semana de silencio absoluto, presentó la inconstituciona­lidad ante la Corte.

Sin embargo, no tuvo en cuenta que tras su expul­sión ya juró su suplente y tomó posesión del cargo. Esta situación hacía invia­ble su reincorporación a la Cámara Alta, pero de igual manera recurrió a la Justicia, que ahora, como era de espe­rarse, falló en contra de Kattya González, quien con esta resolución ya no tiene instan­cia donde recurrir y definiti­vamente se queda sin banca en el Senado.

En el libelo acusatorio se mencionó el caso de pla­nillerismo de los asesores de la parlamentaria, Sole­dad Blanco y José Torales; este último se desempeñaba como presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN) y era funcionario de la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR).

Torales percibía doble sala­rio por parte del Estado, configurando el hecho una situación irregular, sin mencionar que contaba con el beneficio atribuido por la senadora González para no marcar su ingreso y salida del Senado. En ambos casos, se argumentó la inducción de la exsenadora.