El contralor general de la República, Camilo Benítez, desmintió la publicación de un medio de comunicación que expone una supuesta postura del mismo, con relación a la pér­dida de investidura de un par­lamentario, en este caso de la senadora Kattya González. Benítez indicó que en nin­gún momento expresó que el Congreso no puede expulsar a la legisladora por el caso del funcionario de la Contralo­ría, José Luis Torales, comi­sionado al Senado para cum­plir funciones en el despacho de la senadora.

“Acá es muy importante acla­rar que yo, como contralor general de la República, no debería de inmiscuirme en la competencia de otros órganos constitucionales del Estado, en este caso del Poder Legis­lativo, mal podría decir qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, y de nin­guna manera dije yo que esto no se puede hacer”, afirmó en entrevista a la 1080 AM.

El contralor aclaró que fue consultado sobre un hecho puntual, el pago de bonifica­ciones al funcionario comi­sionado, sobre lo que respon­dió que no existe ningún tipo de irregularidad teniendo en cuenta que es una práctica que se aplica en todas las institucio­nes públicas del Estado.

“Simplemente, a una pregunta específica de que en pago de bonificación a un comisionado constituye un hecho punible, yo digo que no, a una conducta que está regulada por la ley, especí­ficamente, por la ley de presu­puesto y por su decreto regla­mentario, todos hacemos esa conducta, todos los poderes del Estado tienen comisionados en sus instituciones y le pagan la gratificación o bonificaciones si tienen cargos de confianza, que fue específicamente lo que yo había hecho”, explicó.

Sin embargo, en el caso de José Luis Torales, funciona­rio que prestó servicios para Kattya González, se da otra situación, que él mismo parti­cipó activamente en la política partidaria, siendo candidato a un cargo electivo, e incluso fue presidente de un partido político cuando el regla­mento interno de la Contra­loría expresamente restringe las actividades políticas. “No es menos cierto que una per­sona a sabiendas de que hay una ventana para producir una excepción a la regla pueda articular de manera trampa en el sistema”, manifestó.

En este caso, el propio Torales argumentaba que el funciona­rio comisionado se rige por el reglamento de la institución adonde se traslado, lo que el contralor indicó que en prin­cipio no es erróneo, pero existe una conducta moral reprocha­ble en este tipo de casos.

“Si, por ejemplo, el pedido de comisionamiento interinsti­tucional se realizó para que dicho funcionario realice política activa, si el pedido se hace para que el otro pueda eludir el reglamento interno de la Contraloría y ser can­didato y ser presidente de un partido, en ese caso, aten­taría contra nuestro regla­mento interno, claramente sería una conducta repro­chable para nosotros, con­forme a nuestro reglamento interno”, sentenció.