El abogado Pedro Ovelar, representante legal del vicepresidente Pedro Alliana y la funcionaria Montserrat Alliana, manifestó a Nación Media que el segundo del Poder Ejecutivo está sufriendo la continuación de una campaña que pretende desgastar su imagen y capital político.

Las declaraciones del abogado Ovelar se producen luego de los últimos ataques mediáti­cos que hablan de la instala­ción de una supuesta “claque familiar de Alliana”. Ovelar sentenció que esto no posee ningún tipo de fundamen­tos, remitiéndose a las prue­bas concretas.

“Ya quedó clarificado que esto no constituye un hecho ilícito y el vicepre­sidente no es responsable ni se configuran hechos de nepotismo. Entonces, se busca instalar ataques mediáticos, cuando los allegados al vicepresidente no ingresaron durante la administración de San­tiago Peña, sino por con­curso y durante gestiones pasadas; solo tergiversan y manipulan la informa­ción”, sentenció Ovelar.

Puntualizó que no se puede hablar de nepotismo y mucho menos de la instala­ción de una claque familiar, señalando las acusaciones como una mentira y mani­pulación obvias por parte de un sector de la prensa al que señaló más bien como operador político. Remarcó que a través de publicacio­nes se busca influir en la opi­nión pública, comenzando una evidente campaña para el 2028.

“Nada de lo publicado cons­tituye un ilícito penal o siquiera administrativo y tanto el vicepresidente de la República como sus allega­dos no han violado la ley. Las publicaciones tampoco pue­den ser consideradas como prueba en ningún juicio o proceso porque exponen datos sacados de contexto; todo esto solo expone que se busca afectar la goberna­bilidad con mentiras, estos medios están en campaña y se ve a través de sus ataques”, subrayó.

Comenzando por Alliana y su esposa, Fabiana Souto, ambos ocupan cargos otor­gados por elección popular, sus ingresos y desempeño constituyen un factor legí­timo.

En cuanto a los allegados del vicepresidente, Rodrigo Daniel Souto, su cuñado, ingresó por concurso al Ministerio de Agricultura y Ganadería en 2018 y luego trasladó su rubro. Ricardo Rodrigo Torres Alliana, fun­cionario de antigua y larga carrera, ingresó a la fun­ción pública en 1994 y desde el 2018 trabaja en la Enti­dad Binacional de Yacyretá (EBY).

Nancy Ortiz de Souto, suegra de Alliana, ingresó a la fun­ción pública en 2008 como practicante ad honorem del Juzgado Penal de Garantías en Ñeembucú. En 2012 fue contratada en el Ministe­rio Público como asistente administrativa, y en 2013 fue nombrada como asistente fiscal de la Unidad de Deli­tos Ambientales; luego de un concurso realizado por el Consejo de la Magistratura fue designada por la Corte en agosto de 2019 como defen­sora pública.

En referencia a María Vic­toria Souto Ortiz, cuñada de Alliana, es licenciada en Nutrición y es contratada en el Instituto de Previsión Social (IPS), su ingreso se dio en febrero de 2021. Jimena Souto, prima política del vicepresidente, se desem­peña en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como téc­nica administrativa, luego de efectuarse su ingreso el 23 abril de 2023, siendo su fecha de notificación como funcio­naria el 13 de julio de 2023.

Nélida Noemí Encina Antola, exnovia de Alliana, ingresó a al CSJ en el año 2010. Patricia Zarza Alliana, prima del segundo al mando, se ha desempe­ñado como funcionaria de la Itaipú Binacional desde 1992 hasta 1998 y actual­mente cuenta con 9 años de antigüedad como funcio­naria de la Municipalidad de Pilar. En cuanto a Víc­tor Aníbal Brizuela Argüe­llo, esposo de Zarza Argüe­llo, ingresó al Ministerio Público en el año 1996.

En cuanto a Montserrat Alliana, hija del vicepresi­dente, la misma fue nom­brada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez en el Ministerio de Justicia. Mientras que Carlos Zarza, muy conocido en el mundo automovilístico como “Car­los Zarca”, ingresó a la EBY también durante la gestión de Abdo Benítez y bajo la administración de Nicanor Duarte Frutos.