La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un pronunciamiento respecto a los recientes acontecimientos en Venezuela, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro haya confirmado la inhabilitación de la principal candidata de la oposición, María Corina Machado. Esta mostraba una clara preferencia en el electorado y había resultado ganadora en las elecciones primarias.
El documento divulgado ayer domingo, a través de sus redes sociales, señala que las acciones recientes de la dictadura venezolana de enjuiciamiento y prisión política de opositores, especialmente aquellos vinculados al liderazgo opositor mayoritario, ya dejaron en claro que la dictadura en este país no tenía ninguna intención de permitir la realización de unas elecciones limpias y transparentes.
“Los claros objetivos de persecución política expuestos se vieron reafirmados con la ratificación de la inhabilitación de la candidatura ganadora de las primarias y quien va primera en las encuestas, María Corina Machado. El liderazgo de Machado es indiscutible, como lo es todo el liderazgo que surja de las convicciones y los intereses del pueblo. Sería patético y repulsivo que alguien pretendiera asumir ese lugar, pasando por alto el pronunciamiento popular indiscutible que hubo en el país en las elecciones primarias”, dice el documento.
Menciona que esta lógica dictatorial de persecución política y violatoria de los derechos políticos de la ciudadanía, absolutamente previsible y esperable dados los antecedentes del régimen, liquida una vez más para Venezuela la posibilidad de elecciones libres, justas y transparentes.
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Síndrome de Timisoara
- Por Felipe Goroso S.
El 16 de diciembre de 1989, miles de personas salieron a las calles de Timisoara, en Rumania, para protestar contra la dictadura de Nicholai Ceausescu. Unos días después de la masacre de Timisoara, Ceausescu pronunció un discurso en Bucarest ante cien mil personas, que acallaron al excéntrico tirano con gritos de “¡Timisoara!” y “¡Abajo los asesinos!” Ceausescu intentó escapar del país con mil millones de dólares, pero fue capturado y ejecutado.
Con la partida de Ceausescu, los periodistas occidentales estaban invitados a ver los horrores de su régimen. Ya el día del derrocamiento de Ceausescu, los habitantes de Timisoara estaban desenterrando fosas comunes. Hubo sesenta y cinco muertos y cerca de trescientos heridos el primer día de manifestaciones, el 17 de diciembre. El 22 de diciembre de 1989, se mostraron diecinueve cadáveres encontrados en una tumba poco profunda como víctimas de la dictadura. La agencia de noticias yugoslava Tanjug citó un número de muertos de 4.630, cifra recogida más tarde por otras agencias de noticias europeas, varias de ellas con cierto prestigio. Robert Maass tomó una infame fotografía de un hombre no identificado llorando sobre los cuerpos de una madre y un bebé. Aunque en aquel momento se suponía lo contrario, más tarde se supo que el hombre que lloraba y la mujer muerta no eran los padres del bebé muerto. Un mes después, resultó que los cadáveres eran de personas que murieron antes de que se produjera la protesta: la madre murió de cirrosis y el bebé de síndrome de muerte súbita del lactante.
Se había montado el espantoso escenario principalmente para los medios de comunicación. Las cadenas de noticias de todo el mundo repitieron imágenes sin editar (y obviamente, sin verificar ni corroborar) provenientes de la televisión rumana, lo que aumentó la desinformación. Para entonces, los periodistas de la AFP constataban en privado que la cifra de 70.000 muertos registrada en toda Rumanía era probablemente muy exagerada. Menos de un año después, se cuestionaba las imágenes transmitidas por los canales de todo el mundo. Al poco tiempo, se confirmó que los muertos mostrados habían sido desenterrados en un “cementerio de pobres” para darle verosimilitud a la “noticia”. Algunos huesos eran de animales y los cadáveres maquillados y puestos sobre el suelo para que los corresponsales los fotografiaran.
Siguió la controversia y Timisoara se convirtió en sinónimo de manipulación y sensacionalismo de los medios. Es una noticia falsa que ilustra claramente y obliga a algunas preguntas, muy oportunas, por cierto: ¿Pueden los periodistas escapar de los intentos de manipularlos? ¿Puede el público entregar su confianza a los intereses corporativos, comerciales de las líneas editoriales de grupos mediáticos que abiertamente asumen posiciones políticas repletas de saña y animadversión?
Hay mentiras tan gruesas que parecen ser verdad, sobre todo si van acompañadas de “documentos”. Las espeluznantes fotos de la carnicería de Timisoara recorrieron el mundo, en una época en la que no había redes sociales, ni preocupación por la “posverdad”, ni verificadores de hechos. Entonces todo entraba, y alguno diría que esa escuela del periodismo tiene sus adoradores en Paraguay hasta hoy y goza de muy buena salud.
En fin, en aquella época estaba muy claro dónde estaba la fuente de las mentiras, quién inventaba las “noticias” sin ninguna clase de escrúpulos. Una “noticia” así tapa otras realidades, como la corrupción del gobierno de Mario Abdo Benítez sobre la cual se sigue manteniendo un silencio tan cómplice como criminal.
Tras el descubrimiento del fraude de Timisoara, se la consideró como “el primer triunfo mundial de la sociedad del espectáculo”. Ignacio Ramonet habló de “medios necrófilos”, ávidos de crímenes, matanzas y toda clase de desgracias. “La falsa fosa común de Timisoara es probablemente el mayor engaño desde la invención de la televisión”, escribió el periodista. Ahora ya estamos acostumbrados a que nos engañen, pero entonces fue una sorpresa, sobre todo para los menos avispados en este tipo de montajes.
La mentira es una industria que genera beneficios, tantos más cuanto más gruesa es y más se adorna con términos apocalípticos, como “dictadura”, “atropello”, “copamiento” y otros. Por el contrario, la verdad ni se compra ni se vende.
La frenética obsesión por obtener y difundir informaciones no verificadas o directamente falsas se conoce como el síndrome de Timisoara. El permanente ánimo de espectacularización, dramatismo y morbo de la puesta en escena de la información pueden poner en entredicho el sacrosanto deber de proveer al público información veraz y fidedigna. Es en este punto que sobreviene la cuestión deontológica de los límites de la información: ¿es posible, en nombre del legítimo derecho a informar, decirlo todo y, lo que se dice, decirlo magnificándolo y sobre todo sin haberlo chequeado porque el ánimo de ensuciar es más fuerte que la obligación de publicar la verdad?
Tras el descubrimiento del fraude de Timisoara, se la consideró como “el primer triunfo mundial de la sociedad del espectáculo”.
La frenética obsesión por obtener y difundir informaciones no verificadas o directamente falsas se conoce como el síndrome de Timisoara.
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La “represión” se acentúa bajo el gobierno de Maduro, según ONG
- Caracas, Venezuela. AFP
Las fuerzas públicas de Venezuela cometieron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.
Los reportes, presentados por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el “alarmante aumento de desapariciones forzosas” en el país.
“Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe “Maduro, una década oscura para los derechos humanos”.
La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo periodo.
“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, sostuvo González.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.
“No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes” de “fuerzas políticas distintas de las del Gobierno”, dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.
Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una “persecución” de cara a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.
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Venezuela: Según ONG, régimen de seguridad deja más de 10.000 muertos en una década
Un total de 10.085 personas fueron asesinadas por cuerpos de seguridad del Estado de Venezuela durante los últimos diez años, en la gestión del gobierno del presidente Nicolás Maduro, según un informe de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
“Estos diez años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, indicó este martes la coordinadora de investigación de Provea, Lissette González.
Los datos responden en su mayoría a presuntas ejecuciones extrajudiciales, aunque también se cuentan las muertes ocurridas durante los años 2014 y 2017, de masivas protestas.
La cifra estuvo en aumento hasta 2020, cuando comenzó a descender, según la ONG. La baja, añadió, podría ser porque “efectivamente haya menos asesinatos” o una ausencia de denuncia y reseña en medios.
En 2023, el total de víctimas mortales de estas fuerzas fue de 620, la mayoría de entre 18 y 30 años, siendo la Policía Nacional Bolivariana (PNB) la responsable del 30 % de los casos.
Provea también documentó 1.652 víctimas de tortura durante la gestión del gobierno de Maduro, de las cuales 53 ocurrieron el año pasado.
“Por primera vez en los registros de Provea -desde hace 35 años- la mayoría de las víctimas de tortura fueron mujeres pobres, privadas de libertad”, apuntó.
“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, siguió González.
La ONG advirtió que además de la pobreza, la impunidad, es “la mayor violación de derechos humanos” en Venezuela y advirtió sobre el aumento de la represión de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en las que Maduro aspira a un tercer mandato de seis años.
Fuente: AFP
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Milei escudriña pagos de indemnizaciones a víctimas de la dictadura
El gobierno de Javier Milei anunció una “auditoría integral” de las compensaciones otorgadas a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura argentina (1976-1983) después de casos de “irregularidades en el tratamiento o el pago”.
En un comunicado publicado el lunes por la noche, el Ministerio de Justicia anunció que auditará “todas las solicitudes realizadas en nombre de las leyes de reparación”, a la luz de varios procesos judiciales sobre compensaciones otorgadas fraudulentamente.
Las indemnizaciones por violaciones de derechos humanos durante la dictadura (detención, exilio o desaparición de un familiar, por ejemplo) están previstas por varias leyes llamadas “de reparación para las víctimas del terrorismo de Estado” promulgadas durante las décadas de 1990 y 2000.
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En los últimos años, varios procedimientos judiciales han revelado fraudes, incluido un caso famoso en el que cinco personas fueron acusadas a finales de 2023 como una organización criminal que había utilizado documentos y testimonios falsos.
El gobierno peronista anterior (2019-2023) también había iniciado acciones legales e investigaciones contra “bandas” especializadas en obtener este tipo de reparaciones.
El actual Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, precisó que había “más de 100 casos” sospechosos de haber recibido alrededor de 150.000 dólares, basados en documentos o testimonios irregulares.
“En 2021, las solicitudes de indemnización para familiares de desaparecidos ascendían a 7.996 casos. Y para exiliados, 14.400 casos. En el caso de los exiliados, hay mucho fraude sobre quién estaba y quién no estaba”, declaró el ministro en el canal televisivo LN+.
“Se habla de sumas incalculables. Hay muchos (casos) legítimos pero también muchos pecadores. Se ha pagado una cantidad enorme de dinero y queda por pagar. Pero quiero encontrar quiénes son los pecadores”, añadió Cuneo Libarona.
Tras la medida, la vicepresidenta Victoria Villarruel, cercana a los militares, llamó en sus redes sociales a “auditar el curro (negocio espurio) de los derechos humanos” y “revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron”.
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El exsecretario de Derechos Humanos (2019-2023) Horacio Pietragalla señaló en sus redes que el caso fraudulento que motivó la medida fue denunciado por su gestión, y consideró que la decisión del gobierno “es una estrategia para no dar respuestas a los expedientes actuales, dilatar las obligaciones del Estado, no reconocer a las víctimas del terrorismo de Estado y cubrir (con) un manto de sospecha a nuestra gestión”.
Fuente: AFP