CGR no puede pagar el salario a quien hace política activa
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La Contraloría General de la República (CGR) resolvió abrir sumario a José Luis Torales, funcionario de la institución que fue comisionado al Senado para fungir como asesor de la senadora Kattya González, al tiempo en que también presidía el Partido Encuentro Nacional (PEN). Desde el ente contralor aseguraron que pese a que Torales estaba comisionado, su actuar como funcionario de la entidad es reprochable.
“No podemos ser cómplices de las conductas, estamos nosotros reprochando, si yo le habilito a que se traslade a otro lugar, estoy siendo cómplice de que la Contraloría esté pagando el salario de una persona que se está dedicando a hacer política de forma activa. Ser candidato o presidente de un partido es la forma más prohibida de nuestro reglamento interno”, expresó el contralor Camilo Benítez.
El ente contralor modificó su reglamento interno en marzo de 2023, en el cual quedó taxativamente prohibido que los funcionarios activen en política, ya sea como miembros de comité, seccionales, convencionales o presidiendo organismos políticos, esto teniendo en cuenta que la Contraloría es una institución técnica cuya función es velar por la buena utilización de los recursos públicos.
Benítez indicó que la decisión de revocar el comisionamiento de Torales al Senado se debe a que le parece reprochable que a funcionarios de la Contraloría que prestan servicios en otras instituciones puedan activar en política al tiempo en que el ente contralor es el que paga su salario, hecho que sucedió con el asesor de Kattya.
“La Contraloría no puede pagar la campaña política de nadie. Torales fue comisionado y después fue candidato, fue presidente de un partido, pero se le paga su sueldo dentro de la Contraloría y esa conducta es reprochable. El contribuyente paga sus impuestos para que la Contraloría sea rigurosa en el custodio del gasto público y no puede estar financiando la campaña de nadie”, ratificó ante la 1020 AM.
DESMIENTEN A KATTYA
Kattya González intentó defender a Torales argumentando que este estaba “ocioso” en la Contraloría. Esta afirmación fue desmentida por el contralor Camilo Benítez, quien sostuvo que en la institución no existen planilleros, sino que todo lo contrario, cada día existe más trabajo debido a las nuevas leyes que se sancionan y que exigen un control de parte de la institución.
“La senadora dijo él fue comisionado porque estaba ocioso en la Contraloría, eso no es cierto, lo que no tenía era un cargo, pero la mayoría de los funcionarios no lo tienen. Los cargos de confianza son de directivos, que una porción ínfima, el resto son auditores, funcionarios que hacen el trabajo jurídico, procuración de expediente, pero todos tienen asignados un trabajo”, aseguró.
El contralor indicó que el caso de Torales marcará un precedente en la institución, dado que el sumario determinará si él estaba sujeto o no a la normativa de la Contraloría. Este comisionamiento irregular del asesor de Kattya representa el caso más grave que ha tenido a la fecha la institución con relación a funcionarios que activan en política partidaria.
“Unos funcionarios que firmaron una nota de una coordinadora colorada de la Contraloría y el escándalo fue generalizado, todos los medios se agarraron de la cabeza, esta conducta de José Luis es mucho peor que eso porque fue candidato a diputado y fue hasta hace poco presidente de un partido político”, sentenció.
La oposición y sus medios aliados siguen flotando en la mediocridad
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Nuestra política rompe todos los esquemas y estructuras de la lógica y la filosofía, que se encargan de sistematizar conceptos, ordenamientos, funciones y competencias desde que asumió el carácter de ciencia a partir del libro de Aristóteles con el mismo nombre de esta disciplina humana abarcadora y de la cual nadie puede escaparse, aunque se declare sin adscripción partidaria o ideológica. Desde la instalación de la mediocridad como medida para elaborar todas las aberraciones semánticas y justificar las acciones más contradictorias, que marcan el andar de la incoherencia y el cinismo, ya hemos superado el viejo estigma de que somos el país donde las teorías fijaron el lugar para su última morada. Aquí mueren sin antes siquiera desarrollar su existencia.
Ahora subimos un escalón más: creamos nuestras propias y antojadizas reglas e interpretaciones jurídicas sin más valores ni razones que las determinadas por el interés particular o sectario, esto es, un fanatismo radicalizado como arma para destruir al otro sin escuchar la solvencia de los argumentos. Apuntan a un objetivo sin que les importe la destrucción o manipulación de las instituciones ni el daño provocado a la sociedad en general, muchas veces atenazada por el bombardeo de informaciones que son bastardeadas a propósito. Es decir, para que en medio de esas tolvaneras encontradas no se pueda alcanzar a ver la verdad. Pero sus efectos son efímeros, porque, a la larga, la luminosidad de los hechos expuestos sin interferencias ni contaminaciones termina por imponerse.
Ya hemos vivido el mismo cuadro en innumerables representaciones durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023), una cartelera repetida que bajó de escena por la escasa concurrencia del público. Solo asistían aquellos que tenían el mismo libreto de la esperpéntica obra. Sin embargo, ayudados por algunas cadenas mediáticas, pretendieron dar carácter universal a un minúsculo espectáculo que, repetimos, agonizó irremediablemente por inanición ante la falta de sustentos racionales.
Hay que admitir, no obstante, la tenacidad de estos mismos actores (políticos y periodistas) para volver a martillar sobre el mismo yunque, variando simplemente el tema a ser golpeado (aunque infructuosamente), sin cambiar el blanco ni los protagonistas de sus pretensiones a pulverizar, también sin éxito alguno. Han llevado sus fracasos, de tumbo en tumbo. Fracasos que incrementan los niveles de sus frustraciones y resentimientos. No son los líderes con predicamentos que pensaron que eran, ni sus medios de comunicación aliados gozan de la credibilidad de la que se ufanan en un pequeño círculo de autocomplacencia y elogios mutuos.
La aureola de “intelectuales” de la que se pavoneaba la oposición hace rato quedó deslucida y oxidada porque en cada intervención, tanto en el pleno de las cámaras de Senadores o Diputados, como en declaraciones periodísticas, su nivel discursivo se agota en su propia inconsistencia y en sus mediocres premisas que presumen de sentencia infalible. Más que nada, algunos liberales que piensan que corre sangre azul europea en sus venas (una jactancia que ya dura más de cien años) y referentes de la izquierda (al menos así se autoproclaman) que se creen los propietarios de la lucidez y el rigor intelectual.
Ninguno pasa de la vara de la medianía. Solo lo que ellos plantean es lo correcto, bueno y justo; mientras que las propuestas de los representantes de la Asociación Nacional Republicana (salvo el sector que responde a sus mismas espurias intenciones) son condenadas anticipadamente de “inmoral y mala fe”. Así está pasando con la Comisión Conjunta de Investigaciones de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos, porque, según el diario vocero de la oposición, que se puso el sayo antes de tiempo, es “un escudo bajo el cual pretenden investigar al banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo, propietario del diario Abc Color, en un claro mensaje a la prensa crítica” (sic).
No se puede inventar un caso de la nada, sin pruebas. Y la heredera de Aldo Zuccolillo lo sabe perfectamente, porque puso su periódico al servicio de los enemigos de un sector interno del Partido Colorado con el desesperado deseo de destruirlos mediante patrañas, infamias y calumnias. Y fallaron estrepitosamente. Así que nada tiene que temer, sino solo a la verdad.
Ahora disparan para cualquier lado. La senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Celeste Amarilla afirmó que esta “comisión carece de legitimidad”, probablemente sin haber leído la definición del concepto, mucho menos hojear textos de ciencias políticas en cuanto a sus significados genérico y específico. Aunque no haya consenso (que suele ser más aspiración que realidad), prevaleció la mayoría para su constitución; por lo tanto, la impugnación deviene absolutamente tendenciosa.
Aquí no hubo utilización de la fuerza para imponer un criterio. Los esperpentos de su colega Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista-PDP) no merecen consideración seria. La diputada del Partido País Solidario (PPS), Johana Ortega, ametralló hacia otro lado, asegurando que dicha comisión se conformó para “el blanqueo y lavado de rostro”. Tantas “sesudas” opiniones ratifican que estamos reescribiendo los tratados sobre política con total desprecio de la razón, la filosofía, la reflexión y la cordura. La misma mediocridad les une; el mismo odio les consume.
Alberto Fernández y su compañera Fabiola Yáñez aparecen en una cafetería después de votar en un colegio electoral en Buenos Aires durante las elecciones generales de Argentina, el 27 de octubre de 2019. Foto: AFP
Alberto y Fabiola. Una trágica historia de violencia y corrupción
Ricardo Rivas
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La política argentina toca fondo. Lo urgente para unos pocos poderosos y poderosas que cada día juegan a fondo cuestiones personales, partidarias y disputan liderazgos de baja estofa no suele ser lo importante para el conjunto social que con frecuencia ve en esos pocos y pocas las causas mismas de todos sus males, dolores, carencias, pobrezas, indigencias y frustraciones. Veamos.
El expresidente Alberto Fernández (2019-2023), investigado desde varias semanas por el juez federal Julián Ercolini junto con los fiscales Carlos Rívolo y Ramiro González para esclarecer presuntos hechos de corrupción estructural que el mandatario habría cometido en complicidad con su secretaria María Cantero y el esposo de esta Héctor Martínez Sosa, a través de la contratación de pólizas de seguros para organismos oficiales y personal del Estado, se agrega que la exesposa del exmandatario Fabiola Yáñez –también exprimera dama– hizo público que su marido, en la Residencia Presidencial de Olivos (RPO) –20 kilómetros al norte de Buenos Aires– con frecuencia la castigaba golpeándola y privándola de su libertad personal. Las imágenes que testimonian aquellas agresiones son espeluznantes. También agreden al observador.
Esos presuntos delitos cometidos con violencia de género que habría perpetrado Fernández se añaden a otras acciones delictivas cometidas en los meses más recientes por al menos dos prominentes figuras políticas del peronismo como lo son el exgobernador de Tucumán y exsenador nacional José Alperovich (69) condenado a 16 años de prisión por violar reiteradamente a una sobrina que trabajaba en su despacho; y, al procesamiento por el delito de abuso sexual del intendente del Partido de La Matanza Fernando Espinoza en perjuicio de su secretaria Melody Jacqueline Rakauskas –su víctima– que por graves amenazas contra su vida asegura que debió huir de la Argentina para residir en el exterior. Una saga aterrorizante.
Fabiola Yáñez, exesposa del exmandatario de Argentina (2019-2023)
Las críticas hacia el exjefe de Estado arreciaron, continúan y continuarán. Desde todo el espectro político y social. Incluso, la expresidenta (2007-2015) y exvicepresidenta (2019-2023) Cristina Fernández (71), en una comunicación formal, sentenció que “Alberto Fernández no fue un buen presidente. (Como) Tampoco lo fueron Mauricio Macri o Fernando de la Rúa (...). Pero las imágenes que vimos transmitidas por los medios de comunicación en virtual cadena nacional, en lo que constituye una verdadera revictimización de la denunciante, son otra cosa. Las fotos de la Sra. Fabiola Yáñez con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente, no solo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana”. Es palabra de CFK que, por su parte, aunque sin condena firme y trámite de apelación, también ha sido sentenciada por la justicia a cumplir 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta durante los 12 años que gobernaron ella y su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner (2002-2003).
Cristina fue objetivamente crítica, pero –por qué no decirlo– es una dirigente de enorme peso en el peronismo argentino que se evidencia a la vez como una muy mala seleccionadora de compañeros de fórmula en su brillante trayectoria política.
De hecho, además de elegir e imponer a su partido y a la militancia a Alberto Fernández para que fuera candidato presidencial en 2015, su exvicepresidente (2011-2015) Amado Boudou (61), fue detenido en 2017 y condenado a 5 años y 10 meses de prisión en diciembre 2020 por cometer junto con un grupo de cómplices (¿una banda?) los delitos de cohecho pasivo (recibir coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública cuando ejercía el cargo para apropiarse de la imprenta Ciccone Calcográfica para imprimir papel moneda argentina. La crítica social crece en forma exponencial contra el peronismo. No es bueno.
De hecho, aquel descontento –en no pocos casos amargo para miles de ciudadanos y ciudadanas que adhieren a los principios del partido que fundara Juan Domingo Perón (1895-1974) quien fuera tres veces presidente– va más allá de la reacción ciudadana espontánea y hacia allí la orientan tanto prominentes figuras del oficialismo actual como opositores de ese partido histórico en este país con claros valores humanistas y sociales.
Pero no todo es la tragedia pública y privada de entre Alberto y Fabiola y sus consecuencias. Mientras todas las miradas se dirigen hacia ellos la Argentina que gobierna el presidente Javier Milei no consigue recuperarse con la dinámica que satisfaga las enormes demandas sociales. La recuperación económica se demora. La recesión se prolonga. Con la baja de la inflación claramente no es suficiente.
Cuando cerraba la semana que pasó el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, aseguró que en el gobierno del señor Javier Milei “no estamos enamorados del cepo” cambiario que impide operar libremente aquí con divisas extranjeras y, en particular con el dólar.
Espert agregó que para terminar con dicha restricción cambiaria –devenida en política de estado– que fue impuesta tanto por las administraciones kirchneristas como por el presidente Mauricio Macri que solo la eliminó por corto tiempo, “se necesita un mínimo de 10.000 millones de dólares netos adicionales” para dejar atrás ese impedimento sin sobresaltos.
Sin embargo, la totalidad de los datos sobre la economía que circulan en este país agregan a esa situación que destaca el diputado oficialista –como ya se publicó desde esta misma columna en semanas anteriores– las reservas que atesora el Banco Central (BCRA) son negativas en poco más de USD 5 mil millones. Algunos estudios especializados tanto públicos como privados proyectan que ese rojo creciente, en diciembre próximo se ubicará muy cerca de los USD 8 mil millones y, cuando promedie febrero de 2025 podría superar los USD 12 mil millones.
En los últimos días también, la tasa de riesgo argentina (riesgo país, como se la menciona popularmente) que enuncia cada jornada JP Morgan se ubica bastante por encima de los 1.500 puntos básicos, lo que representa una eventual tasa cercana al 15 % anual de dólares que debería pagar un tomador de crédito argentino en el mercado voluntario externo, en el caso de que consiguiera que se lo concedieran.
En lo que concierne al valor del dólar estadounidense en el mercado informal se mantiene cercano a los $ 1.380 por unidad de esa divisa lo que representa una brecha de casi el 40 % respecto del valor oficial de esa moneda en torno de los $ 980.
Esos indicadores, vale recordarlo, se dan en el contexto de un 54,8 % de la población en situación de pobreza y, 20,3 % en indigencia, según lo reportó formalmente el gubernamental Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que hizo públicos los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza y de la que ya diera a conocer La Nación. La pobreza y la indigencia no retroceden. Las necesidades, se incrementan. Que el árbol no tape el bosque.
En el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción que produce año tras año la organización no gubernamental (ONG) Transparencia Internacional (TI), se informa que la Argentina solo obtuvo 37 puntos sobre los 100 posibles que se conceden al país evaluado como más transparente. Ese dato explica que, cuando finalizó 2023, entre 180 estados, este país está en el puesto 98. Evaluados en el mismo nivel se encuentran Bielorrusia, Albania, Etiopía, Gambia y Zambia. ¿Qué es lo que no se ve?
John Emerich Edward Dalberg-Acton (1834-1902), Lord Acton, como se lo suele mencionar a aquel historiador, político y escritor inglés, sostiene que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Expresaron su total apoyo para con los médicos que trabajan dentro del IPS, al tiempo de anunciar que solicitarían una reunión extraordinaria con el Consejo Nacional de Salud. Foto: Archivo
Círculo Paraguayo de Médicos insta a las autoridades a cumplir con la ley de la carga horaria
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A través de un comunicado el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) expresó su disconformidad hacia el no cumplimento de la ley que establece la estandarización salarial y la carga horaria del personal médico en todo el sistema de salud, al tiempo de apoyar las medidas de fuerza llevadas adelante por sus colegas en el Instituto de Previsión Social (IPS).
Dentro del comunicado resaltaron la necesidad urgente de que la labor profesional del médico sea reconocida a través del cumplimiento de las leyes que los resguardan laboralmente, hecho que sostienen no se da dentro del sistema de salud nacional y desemboca en la afectación del servicio.
“El CPM viene requiriendo desde hace varios años que el Comité Ejecutivo (presidido por el MSPyBS) asuma efectiva y responsablemente la función encomendada por la ley, entre las que se encuentran recomendar medidas correctivas en caso de incumplimientos como los registrados en relación a las leyes de dignificación de la profesión médica”, indica parte del comunicado.
En la misma tesitura expresaron su total apoyo para con los médicos que trabajan dentro del IPS, al tiempo de anunciar que solicitarían una reunión extraordinaria con el Consejo Nacional de Salud para tratar el tema del cumplimiento de la ley de manera urgente.
Cabe destacar que desde hace semanas los profesionales de blanco del IPS se encontraban manifestándose exigiendo la promulgación de la resolución que respalde el cumplimiento de la carga horaria, llegando a un acuerdo de que la aplicación de la misma sea gradual y con ciertos criterios a tenerse en cuenta, como la antigüedad del profesional.
Los que usualmente leen este humilde espacio de opinión saben que soy un militante declarado de la apelación al optimismo en lo que hace a la política, la estrategia y la comunicación. Me ha tocado trabajar asesorando campañas y candidatos en otros países y debo decir que a los paraguayos nos cuesta bastante, con pena debo decir que en el extranjero saben valorar el derecho que tenemos los seres humanos de buscar la felicidad. El viernes, el presidente de la República, Santiago Peña, nos contaba a todos los paraguayos que teníamos motivos para celebrar, para ser felices.
Comunicaba en un video que el Paraguay alcanzó el tan ansiado grado de inversión. No pienso escribir sobre las implicancias económicas propiamente dichas de este enorme paso, a estas alturas eso ya lo habrán leído en otros espacios de entendidos (y otros que guitarrean) en la materia.
Haber llegado al grado de inversión no es un acto de magia, ni mucho menos de fe. Es una consecuencia de un proceso que arrancó hace por lo menos dos décadas con el gobierno de Duarte Frutos quien tomó un Estado fundido a las puertas del default luego del orgiástico periodo de González Macchi y casi toda la década de los noventa marcada a fuego por una pobreza que no paraba de subir, desmadres en el sistema financiero, debilidad en los liderazgos, intentonas golpistas y mil quilombos más.
Luego de Nicanor, vino Lugo quien a pesar de su ideología supo tener cuidado con no interrumpir el camino iniciado, luego vino Federico un periodo breve pero negativo en lo que hace a los altos niveles de corrupción. Y el Partido Colorado volvió al poder de la mano de Horacio Cartes, que encontró las arcas tan vacías que el Estado tenía para funcionar apenas unos días, así y todo, logró ponernos como país en condiciones competitivas gracias a una serie de medidas y reformas.
El tumultuoso periodo de Abdo Benítez tuvo zonas grises, en lo que hace al proceso que nos ocupa se dio una politización de los órganos económicos que históricamente habían estado aislados de la politiquería como la Seprelad, el BCP y otros. Ahora le toca a la administración de Peña y Alliana coronar este proceso con el anuncio, en gran medida gracias a contar con una agenda propia que no se deja influenciar por los agoreros del pesimismo y la mala leche. Mención especial para las Cámaras del Congreso donde se han sabido construir mayorías gracias al diálogo y el arribo de consensos que han facilitado la aprobación de diversas iniciativas legislativas que han allanado este camino. ¿Se dieron cuenta que no hablé de economía ni finanzas, ni cuestiones técnicas que a Doña Juana le cuesta asimilar? Lo hice porque en el fondo haber llegado al grado de inversión se trata de política. Como siempre en este espacio.
El siguiente desafío es mantener y sostener el grado de inversión. Fortalecer y optimizar el proceso para asegurar que vengan las inversiones en el menor tiempo posible. Con las inversiones vendrá el desarrollo y con el desarrollo llegará el bienestar de la población. Y cuando hablo de bienestar, hablo de defender la alegría como un derecho, como suelo escribir cada tanto.
Apelar al optimismo, las sonrisas, los abrazos, un buen apretón de manos, el amor, la familia unida. El grado de inversión (también) se trata de esto: más oportunidades para que las familias paraguayas vivan mejor que fue la principal bandera en el periodo electoral; con trabajo, seguridad, salud e infraestructura. Y que el acceso a estas oportunidades sea lo más amplio/// posible, con una macroeconomía que llegue y se sienta en todos los niveles sociales, con énfasis en los de mayor pobreza. Esa es la hoja de ruta de la política, esa mala palabra que empieza con p y termina con a.