El diputado Rubén Rubin presentó ante la Comisión Perma­nente un proyecto de ley que plantea la modificación de la Ley n.° 5295/14 que “prohíbe el nepotismo en la función pública”, iniciativa que está acompañada por varios de sus colegas de diferentes banca­das. El legislador resaltó que está encontrando una volun­tad política para llevar ade­lante esta modificación y la idea es que sea analizado en la primera sesión ordinaria de la Cámara Baja al reinicio de las actividades legislativas en marzo próximo.

El parlamentario señaló a Nación Media que la actual ley vigente está enfocada en una cuestión de “ordenadora de gastos”, pero se vio que varios legisladores y políti­cos están siendo denunciados por casos de nepotismo y ellos a su vez se excusan en que no comenten tales hechos, por no ser los ordenadores de gastos.

“La ley actual se enfoca en ‘ordenador de gastos’; pero, queda bastante claro que no solo el ordenador de gastos puede caer en actos de nepo­tismo. Cualquier legislador puede caer en actos de nepo­tismo, gestionando la contrata­ción de un familiar en su propio despacho, por ejemplo. El acto de nepotismo indigna de sobre­manera a la ciudadanía, por eso se dio inicio a un proceso de ini­ciativa ciudadana, para modifi­car dicha legislación”, explicó.

Asimismo, lamentó que ante los últimos casos de nepotismo la clase política solo se limitó en formular excusas afirmando que no se configura el acto de nepotismo. “Porque la ley actual dice que solo aquellos que estén facultados para con­tratar o nombrar son respon­sables; es decir, el que firma el contrato. Por eso, lo que yo propongo es que no sea solo el ordenador de gastos, sino tam­bién el que use su atribución o influencias para contratar a un familiar”, explicó.

El diputado Rubin señaló ade­más que la actual ley tampoco es clara, sobre quién es el ver­dadero culpable del nepotismo, por lo que propone en la modi­ficación que son culpables de actos de nepotismo tanto aquel que contrate como el contra­tado, y en ambos casos sean sancionados por igual. Res­pecto a las sanciones, indicó que se establece que queda­rán inhabilitados para ejer­cer la función pública, ade­más ambos deberán devolver el salario percibido a partes iguales.