El viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora, explicó que el proyecto de ley presentado por Ángel Barchini de régimen cerrado especial con máxima seguridad apunta a dar mayor cobertura jurídica a los pabellones especiales de los centros penitenciarios. Remarcó que es necesario abordar estos temas, porque no se puede seguir haciendo lo mismo, luego del exitoso operativo que se realizó para recuperar el control en el penal de Tacumbú.
Señaló en comunicación con radio 1020 AM que esta legislación que fue presentada esta semana al Senado apunta a dar mayor cobertura jurídica a los pabellones de seguridad especial de los nuevos centros penitenciarios. “No podemos continuar haciendo lo mismo, necesitamos abordar esto de manera integral, entendiendo el gran esfuerzo que hizo el Ejecutivo con las fuerzas policiales y militares con la intervención en la Penitenciaría de Tacumbú en combate al crimen organizado”, expresó.
Resaltó el paquete de leyes que se presentó al Congreso, entre ellos, la Ley del agente penitenciario, la ley de emergencia penitenciaria y ahora la ley de máxima seguridad, que busca darle cobertura final al tratamiento y atención a las personas privadas de libertad con alto nivel de peligrosidad cuyas sanciones permitirán fortalecer el sistema.
Igualmente, habló sobre tobilleras electrónicas, que será importante para combatir al hacinamiento. Indicó que si solo se concentran en construir cárceles, sería una política criminal y penitenciaria equivocada. Lo que se tiene que buscar es otra forma de ofrecer garantías a la ciudadanía y otros tipos de opciones a los juzgados de garantías penales en cuanto al cumplimiento de las penas a ser impuestas. Recordó que existe un cronograma de trabajo ya establecido en noviembre del año pasado con el Ministerio del Interior, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de la Defensa Pública. “Se trabajó en la reglamentación de la ley que ya estaba vigente desde el año 2017, y bajo este gobierno se ha trabajado intensamente en la reglamentación que ahora ya está vigente, así como la modificación en la ejecución del proyecto de ley”, comentó.