En tiempo récord y sin contar con las garantías necesarias, el expresidente Mario Abdo Benítez benefició durante su gobierno a la empresa de su exsuegro Enrique Díaz Benza con una millonaria licitación para las obras del tercer tramo de la ruta Bioceánica.
Redacción: DIARIO HOY
Saltan sospechosas movidas en el Ministerio de Obras Públicas en el último tramo de la administración anterior para entregar esta jugosa licitación sin la garantía exigida en el pliego de la licitación. Ahora, tras el antecedente, más empresas buscan conseguir los mismos llamativos beneficios otorgados en el pasado al pariente del expresidente.
Durante la administración de Mario Abdo Benítez se planificó y licitó el diseño, construcción y mantenimiento del tercer tramo de la ruta Bioceánica, desde Mariscal Estigarribia a Pozo Hondo, incluyendo su acceso, en el departamento de Boquerón. El tramo 3 de la ruta PY15, cuya extensión es de 220 kilómetros, se dividió en 4 lotes y se adjudicó a 3 consorcios, integrados en total por 9 empresas constructoras. La obra está financiada por el Banco de Desarrollo-Fonplata por más de USD 307 millones.
ADJUDICACIÓN A CONSORCIOS
El Lote 1 se encuentra a cargo del Consorcio del Pacífico, que está integrado por las firmas Enrique Díaz Benza Cano (de Paraguay) y Vial Agro SRL (de Argentina), y demanda una inversión de G. 485.505 millones (USD 66,5 millones al cambio actual), de los cuales ya se entregó un anticipo del ₲. 20.384 millones (USD 2,7 millones), de acuerdo con el portal de Contrataciones Públicas.
El Lote 2 correrá por cuenta del Consorcio Chaqueño del Norte, cuyo monto adjudicado es de G. 589.273 millones. El Lote 3 será construido por CDD Construcciones SA, por un monto de G. 464.527 millones. El Lote 4 estará a cargo del Consorcio TCR por G. 669.514 millones.
De acuerdo con las fases de la obra, desde la firma del contrato efectuado en marzo de 2023, estas empresas tienen 6 meses para la elaboración del diseño final de ingeniería de la obra, 2 años para la construcción y otros 8 años para el mantenimiento de los más de 220 km.
ANTICIPO SIN AVAL
En el caso del Lote 1, donde aparece el exsuegro de Mario Abdo Benítez, existen llamativas concesiones otorgadas a tiempo récord durante el último tramo del gobierno anterior, siendo una de ellas el anticipo de dinero sin antes presentar un aval bancario que figuraba en el pliego de bases y condiciones, y que brindaba una garantía al Estado paraguayo respecto a la solvencia y capacidad de la empresa.
El equipo de investigación de nuestro diario accedió a datos exclusivos sobre la veloz tramitación del expediente del consorcio integrado por la firma de Enrique Díaz Benza. En los documentos puede visualizarse que tan solo dos meses antes de que Mario Abdo Benítez deje el poder, en el Ministerio de Obras Públicas se gestionó un cambio en el respaldo bancario que debía presentar el adjudicatario. Esto se hizo luego del millonario adelanto, lo cual de por sí ya se configuró en el primer perjuicio, al haber recibido una importante cantidad de dinero sin la garantía correspondiente.
La empresa del exsuegro de Mario Abdo, de acuerdo al pliego de bases y condiciones, estaba obligada a presentar dos garantías bancarias para asegurar el cumplimiento del contrato. La primera consistía en la Garantía de Cumplimiento de Contrato y la segunda en una Garantía Adicional. (ver Legajo Inicial-pág. 25). Este respaldo bancario implicaba que un banco local brinde un aval al Estado de que esta empresa está en condiciones y tiene la “espalda” suficiente como para hacerse cargo de la obra por el lapso de tiempo necesario.
CAMBIO POR PÓLIZA
Como la firma en cuestión no pudo conseguir el segundo certificado bancario, entonces optó por solicitar el cambio por una póliza de seguros, lo cual no figuraba en el pliego de la licitación.
En un lapso de dos meses, la Unidad de Operación de Contrataciones y la Asesoría Jurídica del MOPC resolvieron este cambio en las instancias internas e incluso ante el organismo financiero Fonplata.
Esto puede observarse en distintos memorándums enviados a distintas dependencias, a los cuales se tuvo acceso.
El 13 de abril de 2023, el jefe interino del Departamento de Garantías, Édgar Torres, puso al tanto de la directora de la Unidad Operativa de Contratación, Ethel Díaz de Martínez, sobre un pedido de aclaratoria hecha por el Consorcio del Pacífico a las autoridades del MOPC, sobre la garantía adicional que figuraba en el PBC. (Legajo Inicial-págs. 30 y 32).
El 17 de abril, el jefe interno de la unidad de proyectos de Fonplata, Alfredo Sánchez, quien con el nuevo gobierno pasó a ocupar el cargo de director de Vialidad, envió un memo a quien ocupaba el puesto en ese entonces, Víctor Olmedo, informándole que, según las condiciones generales del contrato, la garantía adicional debía constituirse en la forma de una garantía bancaria, pero que el consorcio pretendía cambiarla a una póliza. (Legajo Inicial-pág. 29).
El 26 de abril, el director de Asuntos Jurídicos, Blas González, indicó al entonces director de Vialidad, Víctor Olmedo, que la empresa adjudicada debía contar con dos garantías, una garantía bancaria de cumplimiento de contrato por el total del monto de la oferta y otra garantía que “no se visualiza en ninguna parte el tipo de la misma, por lo que bien podría ser una póliza a primer requerimiento”. Fue así que, en tan solo unos días, la Dirección Jurídica dio su visto bueno a la posibilidad de garantizar con Garantía Adicional en forma de póliza. (Pág. 25).
El 28 de abril, la Dirección de Vialidad informó al consorcio el dictamen positivo de Asuntos Jurídicos, pero solicitó a la firma aún no presentar la póliza ante el MOPC hasta tanto se expida el ente financiador, (Pág. 24). Para ello, en esa misma fecha, también envió otra nota al responsable del proyecto para que solicite el parecer de Fonplata.
El 9 de mayo, desde el Banco de Desarrollo respondieron que si bien el contrato establece una garantía adicional bancaria, quedaba a interpretación del MOPC adoptar la decisión respectiva sobre el cambio solicitado por la empresa adjudicada. (Pág. 21).
Ese mismo día, el jefe interino de Proyectos de Fonplata, Alfredo Sánchez, informó al director de Vialidad, Víctor Olmedo, que, tras recibir el informe del ente financiador, iba a solicitar que la empresa presentara una garantía bancaria. (Pág. 18).
El 11 de mayo, el director de Vialidad solicitó al consorcio remitir su garantía bancaria, (Pág. 17). Sin embargo, la empresa pidió la reconsideración para que se le permita una póliza en vez de una garantía bancaria, (Pág. 15).
El 12 de mayo, el jefe interino de Garantías envió un memo a la Unidad de Operativa de Contratación para evaluar la reconsideración de la póliza, (Pág. 12)
El 17 de mayo, el jefe interino de proyectos de Fonplata sugirió al director de Vialidad remitir el pedido de reconsideración a Asuntos Jurídicos para un dictamen.
El 19 de mayo, el área jurídica respondió a Vialidad que correspondía al administrador del contrato decidir sobre el pedido hecho por la empresa contratada.
El 5 de junio, el funcionario de Fonplata solicitó instrucciones al director de Vialidad referente a qué decisión adoptar en este caso.
El 7 de junio, Asuntos Jurídicos informó al viceministro de obras, Rubén Andino, del cambio solicitado por la empresa y el dictamen de esa dependencia jurídica.
Finalmente, el 9 junio 2023, el director de Vialidad, Víctor Hugo Olmedo, dio su parecer favorable al consorcio para que presente una garantía adicional en forma de póliza en reemplazo de la garantía de cumplimiento de contrato, lo cual se concretó ese mes.
Así, en forma meteórica, el consorcio consiguió el cambio del aval bancario.
OTRAS EMPRESAS RECLAMAN
Al ver el privilegio que Mario Abdo le otorgó a su exsuegro justo antes de dejar el poder, otras empresas requirieron ser beneficiadas con la misma medida. Dicho pedido consta en una misiva remitida el 23 de agosto a la ministra de MOPC, Claudia Centurión, a quien el Consorcio Chaqueño del Norte, adjudicado para el Lote 2 del mismo llamado, solicitó que se dé el cambio de la garantía a una póliza.
La concesión hecha por Abdo Benítez se configura en un gran riesgo para el Estado, al no existir la garantía suficiente de que la empresa adjudicada tenga la suficiente capacidad económica para cubrir la obra y hacer el mantenimiento correspondiente, lo cual podría derivar en que la deje inconclusa por falta de solvencia económica.
Este privilegio otorgado a su exsuegro deja un nefasto precedente al abrir la posibilidad de que otras empresas consigan el mismo beneficio, poniendo en riesgo la continuidad de las obras de infraestructura.