La elaboración de la iniciativa estuvo a cargo de los trabajadores y los empresarios, algo que nunca antes se había dado, por esta razón aseguran que la actual ley cuenta con legitimidad, puesto que por primera se involucró a todos los sectores.

“Esta ley tiene un fuerte componente de legitimación porque nace de los sectores afectados. Es la primera vez, al menos que yo conozco, que surge un proyecto que es propuesto, participan y trabajan los representantes de los trabajadores, de los jubilados y del empresariado en conjunto y en coordinación con el Gobierno”, expresó Marco Aurelio González, procurador general de la República.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el titular de la Procuraduría explicó que el debate sobre la Superintendencia data desde el 2016; sin embargo, no se había podido concretar. En esta ocasión lo que se hizo fue reunir a todas las partes y se les concedió a los sectores empresariales y obreros el diseño del proyecto, el cual logró el visto bueno de los jubilados, del Gobierno y finalmente del Parlamento.

“Ellos presentaron una propuesta luego de consensuar y tener en cuenta esas observaciones, ahí el Gobierno hizo algunas modificaciones que fueron aceptadas por ellos y ese es el proyecto que se presentó y que fue aprobado por el Congreso”, refirió.

El debate en torno al proyecto fue de al menos unos tres meses, todos los sindicatos fueron convocados y algunos de ellos decidieron no participar como es el caso de los trabajadores del Instituto de Previsión Social (IPS) o del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande), el cual decidió no acompañar la iniciativa.

Todas las observaciones fueron atendidas y se realizaron todas las aclaraciones pertinentes de modo de disipar las preocupaciones y dejar en claro el objetivo real de la Superintendencia, supervisar las cajas, establecer límites para las inversiones y así precautelar el dinero de los trabajadores.

“Se tuvieron en cuenta esas preocupaciones para hacer aclaraciones incluso redundantes para demostrar que el proyecto no dice lo que criticaban”, afirmó el procurador a Nación Media. En este sentido, cabe señalar que la vigente ley expresamente menciona que nadie está exento de responsabilidad por acciones u omisiones, las cajas seguirán siendo autónomas y continuarán tomando sus propias decisiones.

“La Superintendencia solo va a supervisar y establecer límites, nunca va a exigir a dónde se van a destinar los fondos de las cajas, y se ha dispuesto de manera expresa, una vez más que el Instituto de Previsión Social (IPS) no puede prestar dinero al Estado y ni siquiera puede comprarle bonos”, explicó.

Desde la Procuraduría recalcaron que este proyecto no fue presentado de la noche a la mañana o de forma unilateral por parte del Gobierno, sino que fue sometido a un amplio debate donde finalmente se llegó a un consenso que posteriormente da pie a que el Congreso lo apruebe sin modificaciones en ambas cámaras.

“Nació de un proceso amplio, largo y público, esta ley contiene las aclaraciones redundantes para desmitificar las críticas y para atender esas preocupaciones, eso se trasladó en redacciones claras que le dan tranquilidad a los jubilados y pensionados de que se va a administrar de manera eficiente sus recursos”, sostuvo.

EL CONSENSO

El debate respecto al proyecto tuvo lugar en una mesa tripartita integrada por representantes del Estado como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y varias de sus dependencias, la Procuraduría General de la República y las centrales sindicales del MTESS.

Por el sector privado asistieron Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Enrique Duarte de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Luis Tavella de la Federación de Mipymes (Fedepymes) y Graciela Acevedo de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco).

Por su parte, las centrales sindicales que participaron fueron la Central Nacional de Trabajadores (CNT), la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación General del Trabajo (CGT).

Los jubilados que fueron parte del acuerdo son: la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay, la Fundación Paraguaya de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay, la Asociación de Educadores Sanjuaninos Jubilados y Activos, la Agremiación de Jubilados y Pensionados de la Banca Privada, Consejo de Presidentes de Gremios Bancarios, Centro de jubilados de Cajas Bancarias, Unión Nacional de Gremios y Sindicato de Docentes Jubilados, y por último la Asociación de Exempleados Jubilados y Familiares del IPS.