Con 42 votos a favor, la Cámara Baja pro­cedió al estudio en particular del proyecto y, tal como lo planteó la Cámara de Senadores, sancionó la propuesta legislativa para derivarla al Poder Ejecutivo.

“Queremos dar nuestro acompañamiento a un pro­yecto que es de suma impor­tancia para la República del Paraguay, para los miles de personas que hoy en día ponen toda su confianza en el Estado para cuidar de su patrimonio y su futuro. El proyecto de ley que se está estudiando es sustancial­mente importante porque permitirá que, por primera vez, se tome con seriedad los fondos de jubilados”, había expresado en la sesión el diputado Carlos Núñez Sali­nas con respecto a la pro­puesta.

El parlamentario remarcó que con la reglamentación se podrá vislumbrar una mayor confianza por parte de diversos sectores, tanto nacionales como interna­cionales, para dar el res­paldo necesario a las insti­tuciones del país, haciendo hincapié en la necesidad de promulgar lo antes posi­ble la ley. El presidente de la Cámara Baja, Raúl Lato­rre, enfatizó que la Super­intendencia no manoseará los fondos de jubilaciones y mucho menos pondrán en riesgo los fondos de la pre­visional.

Con la Ley de Superinten­dencia de Jubilaciones y Pensiones que fue sancio­nada, se busca constituir un órgano que supervise la manera en la que se admi­nistran los recursos finan­cieros y no financieros de las ocho cajas de jubilaciones existentes. Para la elabora­ción de la reglamentación, los legisladores garantiza­ron que se ha tomado cada una de las modificaciones planteadas por los traba­jadores, los jubilados y los empleadores.

De este modo, se establece que el Instituto de Previ­sión Social (IPS) no conce­derá préstamos al Estado ni estamentos descentraliza­dos, tampoco habrá inmu­nidad para los funciona­rios de la Superintendencia ni futuros interventores, siendo sujetos a procesos judiciales. Además, entre otras garantías, la Superin­tendencia rendirá cuentas ante el Consejo de Seguridad Social, el cual estará inte­grado por diversos sectores, entre ellos los trabajadores, empleadores y jubilados.

Las cajas que serán contro­ladas por la Superintenden­cia corresponden al IPS, la Caja Fiscal, la Caja Munici­pal, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), la Caja de Itaipú, la Caja Ferrovia­ria, la Caja Parlamentaria y la Caja Bancaria.