El apoderado gene­ral del Partido Libe­ral Radical Autén­tico (PLRA), Miguel García Orrego, presentó su renuncia indeclinable a su cargo en la institución y alegó una “pér­dida de confianza” hacia Hugo Fleitas, el actual presidente de la organización política, debido a que permitió ataques a la labor legislativa del sena­dor Dionisio Amarilla.

“Presento esta renuncia por haber perdido usted mi con­fianza al permitir permisi­vamente ataques contra la gestión del senador Dioni­sio Amarilla, el único que ha tomado en serio la labor legis­lativa, al punto de denunciar públicamente los desvíos, malversaciones y el uso irre­gular de fondos públicos en el año 2022 bajo la gestión de Mario Abdo Benítez”, expuso García.

En el documento presen­tado ante Fleitas, el apode­rado del PLRA señala que la actual administración par­tidaria encubre abiertamente las irregularidades que ocu­rrieron durante el gobierno anterior, además de darle un valor relativo al informe de la Contraloría General de la República, que apunta a per­juicios al fisco por una suma de USD 450 millones.

“Esta misma situación se observa respecto al vacia­miento financiero e ideoló­gico y que ha llevado a la quie­bra técnica al PLRA, bajo la gestión de Efraín Alegre, al cual usted también pre­tende encubrir, pero que no le vamos a permitir porque estoy renunciando a ser apo­derado general de un presi­dente obsecuente, genu­flexo y hasta diría de dudosa honestidad y lealtad”, ase­veró.

El renunciante apoderado del PLRA e integrante del movimiento Diálogo Azul adelantó que presentará una denuncia penal en contra de quienes han dejado sin recur­sos financieros al partido y culminó la nota manifes­tando que espera que Fleitas se rectifique en su conducta.

El senador Dionisio Ama­rilla, miembro de la Comi­sión Bicameral de Cuentas y Control del Congreso Nacio­nal, ha sido uno de los legis­ladores que se interiorizó en el lapidario informe de Con­traloría que fue remitido al Ministerio Público para su investigación y quien pidió que se tomen medidas judi­ciales y penales contra todos los responsables del saqueo al Estado.