Procuraduría logra restituir más de G. 2 mil millones
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La restitución del dinero es mediante un fallo favorable, según informaron. De esta manera, el MDS podrá contar con fondos para cumplir sus objetivos.
Como antecedente, se menciona que en fecha 27 de setiembre de 2010 se firmó el contrato SAS n.° 30/2010 de prestación de servicio de obra, como resultado de la licitación pública nacional de ese año, para la adecuación del edificio de la Secretaría de Acción Social (SAS.). Este contrato fue rubricado entre la SAS (hoy Ministerio de Desarrollo Social) y el señor Alejandro Apolonio Candia, propietario de la firma unipersonal Todo Verde Emprendimientos, siendo el monto total del contrato la suma de G. 1.834.357.150.
Mencionan, además, que de conformidad con lo estipulado en la cláusula cinco, del contrato n.º 30/10, el plazo para la entrega de las obras fue de 96 (noventa y seis) días calendario, para lo cual, la SAS hizo entrega al contratista del correspondiente anticipo financiero. La entrega consistió en el 100 % del precio del contrato, exigiendo, en contrapartida, la garantía de dicho anticipo y del fiel cumplimiento del contrato.
Pese al cumplimiento por la entonces SAS, las obras adjudicadas fueron iniciadas, pero nunca culminadas; quedando así pendiente de conclusión trabajos por valor de G. 523.860.279. Ante esta situación, la Procuraduría General de la República inició la acción de repetición de lo pagado y el cobro de guaraníes en contra de la firma unipersonal que fue adjudicada.
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, se reunió con el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, y abordaron sobre la posibilidad de que ambas instituciones puedan cooperar en casos que se vea afectado el patrimonio del Estado. El procurador resaltó la apertura del fiscal general para trabajar en conjunto. “Mantuvimos una reunión con el fiscal general y le hemos solicitado una cooperación sobre la cuestión también al Poder Judicial para que la Procuraduría General de la República sea comunicada cuando exista una sanción por un hecho punible en el que se vea perjudicado el patrimonio del Estado”, expresó.
A esto añadió, “de la misma manera, que sea informada cuando exista una salida alternativa al proceso, de modo que el Estado pueda hacer prevalecer, cuidar y exigir el respeto al patrimonio estatal”. González indicó que están confiados en que se pueda llevar adelante un trabajo en conjunto tanto con la Fiscalía General del Estado como con el Poder Judicial.
El objetivo de esta cooperación es “institucionalizar” estos procesos donde el patrimonio del Estado se puede ver afectado.
Metrobús: suspensión fue un “capricho” que nos privó de obra de gran envergadura, asegura procurador
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El Estado espera que este año ya puedan resolverse las acciones judiciales y arbitrales en torno al metrobús, obra que fue suspendida durante el gobierno de Mario Abdo, pese a que existió un pago del 50 % del costo de la obra. Desde la Procuraduría General de la República, están confiados en que puedan obtener un fallo favorable para nuestro país.
“Nosotros estamos confiados porque tenemos sólidos argumentos, estamos tranquilos y esperamos un resultado favorable y aguardamos que así sea. Seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que se demuestre que allí no se hizo nada mal y que todo obedeció a un capricho que nos privó de una obra de gran envergadura”, sentenció Marco Aurelio González, procurador general de la República.
En conversación con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, señaló que si no se presentan nuevas acciones dilatorias, este año se podría llegar a una sentencia respecto a la apelación que promovió nuestro país sobre la condena a Paraguay a pagar USD 13 millones, más intereses a la empresa Mota-Engil, que fue la encargada de la obra.
“Hasta diciembre eso representaba USD 17 millones, ahora más o menos estaría alrededor de los USD 20 millones. Nosotros recurrimos a la nulidad a ese laudo y eso está pendiente a resolverse en el Tribunal de Apelación porque todavía no hay resolución, es más, recién está en estado de exposición de la documentación y ni siquiera se llamó a auto para una sentencia”, explicó.
Paraguay solicitó una copia íntegra del expediente con más de 10.000 páginas, lo cual fue remitido y fue puesto a disposición de ambas partes. González recordó que por la obra se llegó a desembolsar la suma de USD 27 millones, y tras la decisión del gobierno de Abdo de poner fin a este proyecto, la empresa accionó y el Tribunal Arbitral exigió a nuestro país el pago de la millonaria suma.
Procuraduría sigue con litigio contra 30 ocupantes
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El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó la situación actual en la que se encuentra el caso Jardines de Remansito, referente a la recuperación de las tierras del Ministerio de Defensa Nacional, ocupadas en Villa Hayes de manera irregular.
“Habíamos iniciado acciones en la Fiscalía contra 38 personas, de las cuales ocho han entregado su llave y seguimos litigando contra las personas restantes. Es para recuperar la posesión, se trata de acciones civiles e independientes de las acciones penales”, explicó ante los medios en el Senado.
González indicó que en el plano de la acción penal se investiga la vinculación o no de los ocupantes con hechos de asociación criminal, analizando posibles casos de lavado de dinero. Recalcó que estas acciones son independientes al proceso civil y ningún caso incide en el otro.
“Estamos tranquilos porque en la acción civil que llevamos, solo se discute quién tiene la legítima propiedad y es el Estado paraguayo. Ellos (los ocupantes) no han acercado un solo documento capaz de desvirtuar esa propiedad del Estado”, puntualizó el procurador general.
Cuatro hombres fuertemente armados emboscaron a un comerciante, cuando el mismo estaba llegando a su casa luego de una jornada de trabajo. Los mismos le exigieron que entregara el dinero en efectivo con el que contaba y además se llevaron una importante cantidad de celulares de alta gama.
El hecho se registró en el barrio Caacupemí de la ciudad de Lambaré, luego de que el comerciante estacionara su vehículo frente a su vivienda, el mismo se encontraba en compañía de su esposa y su yerno, quien trabaja con él en el local comercial.
Según la denuncia de la víctima, los cuatro hombres descendieron de un vehículo de color blanco que estacionó detrás de ellos. Los malvivientes actuaron con la cara cubierta y portando armas cortas y largas con las cuales encañonaron a los tres pasajeros.
“Yo creo que nos estaban esperando ya a la vuelta de mi casa, porque en las imágenes se ve que el auto estaba ya ahí varios minutos antes de que llegáramos, cuando yo me bajo es donde uno me embosca y ya veo que se dirigen hacia mi esposa y mi yerno exigiendo que entreguemos el dinero y los celulares, ellos manejaban información precisa”, indicó la víctima en conversación con el canal de noticias NPY. Tras el asalto, cuando los hombres se dan a la fuga, la víctima intentó perseguirlos, pero no logró darles alcance, motivo por el cual realizó la denuncia inmediatamente a las autoridades.
Con el robo de estos celulares la pérdida ascendería a 300 millones de guaraníes, ya que la mayoría eran nuevos y de alta gama, lamentando que sean los trabajadores formales los que siempre se vean afectados por la inseguridad.