Una comitiva parlamentaria, encabezada por la diputada liberal Roya Torres, en su condición de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, junto con su colega Guillermo Rodríguez, constató el bajo número de reos con condenas firmes, tras la verificación realizada ayer en la penitenciaría de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.
La parlamentaria lamentó el estado de hacinamiento de la cárcel de Ciudad del Este. “Esto es una bomba de tiempo, está construida para 400 internos y alberga a más de 1.600; no reúne las mínimas condiciones de infraestructura e higiene. Según el director de la penitenciaría de Ciudad del Este, de los 1.600 reos actuales solo 400 están condenados, o sea 1.200 son internos procesados sin ningún tipo de condena”, precisó.
Los parlamentarios igualmente aprovecharon para recorrer e interiorizarse del plan de traslado al nuevo establecimiento penitenciario ubicado en Minga Guazú. La diputada Torres informó que se constató que las obras para la nueva penitenciaría están en un 95 % de avance general y que tendrá una capacidad para albergar a 1.650 personas.
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Paraguay condena orden de arresto de candidato opositor en Venezuela
El Gobierno de Paraguay manifestó su más firme condena a la orden de arresto emitida por la Fiscalía venezolana en contra del candidato presidencial Edmundo González Urrutia.
Según la publicación de la Presidencia de la República, Paraguay “condena estas acciones arbitrarias de amedrentamiento contra el Señor Gonzalez Urrutia y los miembros de la oposición venezolana. Exige garantías sobre su integridad física y el cese de las persecuciones políticas”, según el informativo.
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Un tribunal de Venezuela emitió ayer lunes una orden de arresto contra el candidato opositor quien reivindica su victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio en las que fue proclamado vencedor el actual mandatario Nicolás Maduro entre denuncias de fraude.
“El tribunal de primera instancia en funciones de control a nivel nacional acuerda orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia por graves delitos”, escribió el Ministerio Público en su cuenta en Instagram, minutos después de anunciar que solicitaba el arresto.
El Ministerio Público de Venezuela solicitó entonces a un tribunal con competencia en terrorismo la orden de aprehensión contra el principal candidato de la oposición venezolana por presuntos delitos relacionados con los comicios, que incluyen “desobediencia de leyes”, “conspiración”, “usurpación de funciones” y “sabotaje”.
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Corte rechazó aclaratoria y condena de 8 años de cárcel de exintendente de Lambaré quedó firme
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, rechazó una aclaratoria planteada por la defensa de Roberto Cárdenas, exintendente de Lambaré, condenado a 8 años de cárcel por lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción y, por ende, queda firma la sentencia condenatoria.
Ya en abril de este año los integrantes de la sala constitucional de la máxima instancia judicial rechazaron la acción planteada por la defensa del condenado. Los abogados de Cárdenas presentaron una aclaratoria para evitar que quede firme la sentencia que ahora, al rechazarse, ya queda firme y deberá bajar al juzgado de Ejecución para que se pueda cumplir la condena.
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Por los citados hechos punibles, Cárdenas fue condenado a 8 años de cárcel el 23 de diciembre del 2021 por el tribunal especializado en Delitos Económicos, integrado por las magistradas Yolanda Portillo (presidenta), Yolanda Morel y Elsa García.
Condena
La condena a 8 años de cárcel es por lesión de confianza en la causa penal por la reparación y remodelación de instituciones educativas, donde debido a obras deficientes, el techo de una de las aulas se derrumbó sobre los alumnos del Colegio Nacional de la ciudad.
El exjefe comunal debe ser enviado a la cárcel para cumplir su condena por lesión de confianza por la construcción irregular de 15 instituciones educativas, en las que se causó un perjuicio patrimonial a la comuna de G. 859.559.122.
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Confirman condena contra exautoridades de la Aso Central de Funcionarios Públicos
El Tribunal de Apelación ratificó las condenas de 2 años y 6 meses de cárcel de Nélida Huespe y de Celina Villalba, encontradas culpables por el perjuicio G. 1.240.971.193 a la Asociación de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay. El desvío del dinero se realizó mediante la expedición de más de 100 cheques en el periodo comprendido entre diciembre del 2014 y marzo del 2015, según se probó en juicio oral.
Ahora la defensa de las condenadas tiene la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia y en caso de ser así, serán los altos magistrados quienes deberán estudiar y resolver si corresponde confirmar las condenas dictadas en primera instancia y ratificada en segunda.
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El tribunal de sentencia, cuyo presidente fue el magistrado Héctor Escobar y estuvo integrado por Federico Rojas y Carlos Hermosilla, condenó a 2 años y 6 meses de prisión a Nélida Huespe y a Celina Villalba, por el delito de lesión de confianza.
Según la condena, las procesadas, en carácter de presidente y tesorera de la Asociación, habrían librado cheques contra la cuenta corriente y extracciones de dinero de la caja de ahorro en reiteradas ocasiones hasta el respectivo vaciamiento de las cuentas.
En su momento el caso fue muy chicaneado por la defensa de las dos acusadas, quienes en todo momento pretendieron evitar que se haga justicia.
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Poder Judicial de Perú dictó 30 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo
El Poder Judicial de Perú ha dictaminado este jueves 30 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), investigado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos en el marco del ‘Caso Interoceánica Sur’, específicamente del tramo cuatro.
El exmandatario, que actualmente se encuentra recluido en el penal de Barbadillo cumpliendo 18 meses, mientras avanza la investigación en su contra, ha interrumpido la lectura del juez para indicar que “en pocos meses” cumple 80 años, argumento con el que buscaba persuadir al letrado de dictar una condena en su contra.
El juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Víctor Zúñiga, ha considerado que Toledo no cuenta con arraigo familiar y laborar en Perú, puesto que fue extraditado de Estados Unidos, y ha señalado que en su caso se cumple el peligro de fuga, según ha recogido el periódico ‘La República’.
La Fiscalía le acusa de haber recibido 20 millones de dólares de la compañía brasileña Odebrecht a cambio de la adjudicación de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur. El exdirigente fue extraditado en abril de 2023 por las presuntas irregularidades en la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera, por los que las acusaciones piden 20 y 16 años de cárcel, respectivamente.
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Fuente: Europa Press.