El pasado 20 de agosto la Cumbre de Poderes firmó un compromiso nacio­nal para el combate a la corrupción, el que supone una serie de lineamien­tos para la actuación de las diferentes institucio­nes del Estado en forma conjunta y así reducir los márgenes de este mal endémico para nuestro país. La propuesta fue firmada por el presidente, vicepresidente, y demás representantes de orga­nismos del Estado.

La Estrategia Nacional de Combate a la Corrup­ción consta de 44 acciones específicas que contemplan varias reformas y actualiza­ciones legislativas, uso de tecnología, procedimientos legales y judiciales, entre otros, que permitirán un mejor control, sanción y menor posibilidad de actos de corrupción.

Se establece la digitaliza­ción de trámites, lo que permitirá la inscripción de los emprendedores de una forma más ágil con relación al proceso actual. “Esto juega un papel crucial en la reducción de la corrup­ción al minimizar el con­tacto directo entre los ciu­dadanos y los funcionarios, lo que disminuye las opor­tunidades de soborno y trá­fico de influencias”, explica el plan.

Se establecerá una ruta a las denuncias de casos de violencia contra la mujer. El objetivo es que las insti­tuciones como el Ministe­rio de la Mujer y el Minis­terio de Tecnologías de la Información y Comunica­ción (Mitic) puedan tra­bajar de forma conjunta de modo a tener datos en tiempo de real de cada caso y así detectar las debilida­des en las instancias de denuncias.

La iniciativa del “Parla­mento Abierto” permitirá a los ciudadanos tener un mayor control sobre las acti­vidades legislativas, sobre cómo votan sus represen­tantes y también un meca­nismo más amigable para la presentación de propues­tas de leyes. El monitoreo ciudadano es clave para la detección de hechos de corrupción, según indica el documento.

Se establecerá un proceso para el pago a proveedores del Ministerio de Salud, reduciendo oportunida­des de corrupción y elimi­nando la excesiva burocra­cia y retrasos que dan pie a los sobornos. Se elaborará un lineamiento para que la Dirección Nacional de Vigi­lancia Sanitaria (Dinavisa) establezca los precios refe­renciales y así evitar sobre­precios.

Se apunta a una reforma del Fonacide, de modo que se establezcan nuevos cri­terios para la asignación y para la administración de los mismos. A través del presupuesto general de la nación, se ampliará el número de tribunales con­tenciosos administrativos en la capital para mejorar la capacidad del sistema de justicia para procesar una mayor cantidad de casos y así atender específicamente asuntos administrativos y reducir los tiempos de espera.

Se pretende actualizar la normativa de persecución y sanción a la corrupción, de manera que el juzga­miento de los casos como el soborno, la malversa­ción, el tráfico de influen­cias y la corrupción, entre otros, sea el adecuado. “Una normativa actuali­zada y detallada asegura que la Justicia tenga las herramientas necesarias para actuar de manera efectiva y contundente”, sostienen.

El combate al contrabando también está contemplado en la estrategia nacional y se pondrá en marcha el “expe­diente digital para perso­nas privadas de libertad”, lo que posibilitará la trazabili­dad de la información. Ade­más, se trabajará en progra­mas de reinserción social y en la reforma de la Policía Nacional.

Este documento fue puesto a disposición de la ciuda­danía y cuenta con la firma del mandatario Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana, el titular de la Cámara de Diputa­dos, Raúl Latorre, y el pre­sidente del Congreso, Sil­vio Ovelar, representantes del Poder Judicial, el con­tralor general de la Repú­blica y el fiscal general del Estado.