Se cumplen tres años y medio de aquel informe de presuntos hechos punibles que la Direc­ción de Auditoría Forense de la Contraloría General de la Repú­blica (CGR) presentó al Minis­terio Público y en el que se con­signan fuertes indicios de daño patrimonial en la Municipali­dad de Yapacaraí con la admi­nistración del intendente de esta ciudad, Raúl Fernando Negrete.

La auditoría culmi­nada en julio del 2020 des­cribe varias irregularidades con relación a la ejecución de fon­dos provenientes de los royal­ties y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), pero las investiga­ciones penales hasta ahora no han resuelto el caso pese a que se tratan de rubros muy sensi­bles a los derechos de escolares, la compra de alimentos para la comunidad educativa.

El perjuicio patrimonial que había detectado la CGR asciende a exactamente G. 1.987.403.206 y corresponden al 43 % del presupuesto ejecu­tado en el tercer cuatrimestre de 2018 y al primer y segundo cuatrimestres del 2019, de los fondos mencionados royalties y Fonacide.

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El informe de auditoría hace presumir un verdadero festi­val de gastos públicos, algunos sin las rendiciones pertinentes, bicicleteo con la plata de royal­ties, se usaron recursos hasta mejoras de propiedad privada, en contravención a las normas de ejecución. El reporte remi­tido a la Fiscalía refiere 9 indi­cios de hechos punibles.

Las presunciones indican incluso que la plata de la muni­cipalidad proveniente de las compensaciones era utilizada como una caja chica de la que prestaban recursos a discre­ción. Según los detalles de la auditoría se consignó la devo­lución de un monto de G. 439 millones, que se había deposi­tado en la cuenta de royalties y compensaciones, pero esta cifra no proviene del Ministe­rio de Hacienda, sino que equi­vale a “devolución de recursos financieros”.

La administración de Negrete emitió cheques en el 2019 por valor del G. 719 millones que no fueron expuestos ni decla­rados en la planilla de rendi­ción de cuentas de aplicación de fondos. Estos no corres­ponden a gastos de los fondos y las operaciones se realizaron sin conocimiento de la Junta Municipal. En su defensa, la administración municipal había referido que “los cheques corresponden a préstamos de recursos financieros tempo­rales autorizados mediante resolución del jefe comu­nal, que fueron repuestos”.

El equipo auditor no consideró el descargo de la administra­ción Negrete porque el uso de los fondos provenientes de los royalties no está estipulado para la realización de présta­mos, además de los riesgos que ello implica en caso de que no sean devueltos.

Indicios de hechos punibles de la administración Raúl Negrete, detectados en auditoría de la Contraloría

Entre los G. 2.000 millones detectados como supuesto daño patrimonial por la Contraloría, G. 315 millones corresponden a gastos reali­zados para el Festival del Lago Ypacaraí, en total contra­vención al objetivo de la Ley 3984/10 para la aplicación de los fondos de royalties. A la vez esta cifra contiene un montón de detalles con llamativos con­ceptos entre los que se puede mencionar; reiterados pagos en instalación de equipo de iluminación al que se suman otros ítems que es el de ade­cuación del sistema de ilumi­nación, compra de banderas, trofeos, etc.

Según la auditoría, con plata de los royalties, la adminis­tración de Negrete pagó hasta la iluminación de una cancha en propiedad privada y ubicada en otro distrito, en Areguá, es decir, fuera del radio de la Municipalidad de Ypacaraí. Los responsa­bles habían alegado que es un usufructo para el funciona­miento de una plaza pública, sin embargo, con la consti­tución al lugar, los audito­res encontraron un espacio totalmente cercado de alam­bres con púa, sin posibilida­des de acceso a la comunidad.

ALMUERZO ESCOLAR

Cabe recordar que otro informe de autoría de la Contraloría cul­minado en marzo de este año señala varias irregularidades en el suministro del almuerzo escolar por parte de la adminis­tración del intendente liberal Negrete. De hecho, el munici­pio de Ypacaraí figura entre las ciudades donde se hallaron gra­ves denuncias de corrupción en la compra de alimento escolar y uso de Fonacide como royaltíes que había reportado el contralor Camilo Benítez ante el Congreso Nacional hace unos meses.

Se detallan irregularidades de que redujeron la entrega del almuerzo, que hubo sumi­nistros extrainstituciona­les sin las notas de remisión correspondientes por lo que no se sabe si realmente se dis­tribuyeron los almuerzos. Las observaciones de la Contralo­ría sobre la previsión del ali­mento escolar también refie­ren condiciones lamentables en la preparación, las comodi­dades, requisitos técnicos esti­pulados en el Pliego de Bases y Condiciones de una licitación de G. 750 millones, solo que­daron en los papeles.

Las frutas que se repartie­ron como postres en presen­cia de los auditores estaban descompuestas, lo que deja al descubierto el poco interés en la calidad de la alimentación de los niños.

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