Un informe de auditoría interna realizado por la actual administración de Petropar a cargo de Eddie Jara revela que durante el gobierno de Mario Abdo se redujo en un -75 % el dinero en la caja de Petropar. Confirma la estrepitosa caída del patrimonio neto en la petrolera en los últimos cinco años. Además, aumentó la morosidad de clientes y disminuyeron las ventas. A esto se suma el sideral aumento salarial de funcionarios y contratación masiva. Esto señala el modus operandi de la empresa Dynamus para meter funcionarios tercerizados.

• Fuente: “La caja negra”

“La caja negra” tuvo acceso a un informe confidencial de una audi­toría financiera realizada en Petropar que abarcó desde el periodo 2018 hasta el 2022 e incluyó algunos movimientos que se reali­zaron hasta el 31 de julio de 2023. El Due Diligence analizó las variaciones que tuvieron las cuentas patri­moniales de la empresa estatal durante la admi­nistración del expresidente Mario Abdo Benítez.

De acuerdo con el informe, entre los puntos más resal­tantes se encuentra la dis­minución de la disponibili­dad de caja de Petropar en un -75 %, considerando el saldo contable al cierre del periodo 2018 y el saldo con­table a la fecha del análi­sis realizado. Otro aspecto importante fue que la sumatoria de resultados acumulados negativos en el periodo 2018-2023 tuvo su impacto en una dismi­nución del patrimonio neto de la petrolera del -56 %, disminuyendo de los G. 400.808 millones a los G. 117.880 millones. Si bien puede observarse en el grá­fico que la empresa creció su patrimonio en el 2021, tras ese tope tuvo una caída en picada hasta este año.

Conforme al estudio, la terrible situación finan­ciera actual de la institu­ción estatal se debe a varios factores, como el incre­mento significativo de los gastos de administración relacionados a salarios que se subieron en un 141 % y el de gastos de comerciali­zación en un 176 %, el cual, considerando su evolución desde el 2018 hasta el 31de julio del 2023, arrojó la cifra de G. 12.264 millones.

En cuanto al último punto, el mayor incremento se dio dentro de la cuenta de gas­tos de personal con un 269 %, como así también en con­cepto de pago por peligrosi­dad con un aumento del 60 % y la ayuda escolar con un 160 % de incremento.

Con relación a los servi­cios tercerizados del sec­tor comercial, el informe expone algo muy llama­tivo. Entre el 2018 y 2020 no hubo ningún movimiento, pero desde el 2021 fue dán­dose un alarmante incre­mento, llegando a un pico en 2022 con un saldo de G. 7.143 millones, represen­tando un aumento del 1.004 %, solo al comparar con el año anterior.

El documento hace men­ción especial a la empresa Dynamus como una de las explicaciones al vertiginoso incremento de las cuentas en ese año. Hay que recor­dar que esta firma terce­rizada fue la encargada de forma externa para con­tratar recursos humanos, lo cual abultó enormemente la nómina de los trabajado­res de la estatal, al ingre­sar a unas 500 personas por la ventana, siendo en su mayoría parientes de empleados y de sindicalis­tas. Este modus operandi para meter funcionarios tercerizados bajo la figura de “servicio de apoyo en gestión de RR. HH. tempo­ral” demandó un importe de G. 3.775 millones en 2022, según el informe.

Por otra parte, también los servicios tercerizados del sector administrativo tuvieron un incremento del 96 %, principalmente desde el 2019 hasta el 2022, ascendiendo a los G. 22.036 millones. Este aumento se dio en gran medida por las contrataciones temporales a través de Dynamus, los servicios de consultoría, la instalación de imagen cor­porativa en las estaciones de servicio del emblema, y los trabajos de mantenimiento de los surtidores.

Finalmente, respecto a la morosidad de clientes, este sufrió un incremento del 47 % en la cartera total de clien­tes y una disminución del volumen de venta de un -29 % cuyo impacto se vio refle­jado en una pérdida impor­tante de market share.

Todos estos puntos revelan el mal manejo administra­tivo que se tuvo en la petro­lera estatal durante la admi­nistración saliente, lo cual ya se sospechaba y ahora se comprueba con la audito­ría realizada por las nuevas autoridades.