La ministra secretaria general y jefa del Gabi­nete Civil de la Presi­dencia, Lea Giménez, habló de las nuevas funciones que estarán a su cargo y han sido determinadas por el presi­dente Santiago Peña. Lejos de presuntos “superpode­res” para el Gabinete Civil, Giménez declaró que con­siste en un necesario reorde­namiento estatal, que ha sido por varios periodos una mate­ria pendiente.

“El pecado que cometemos es ser ordenados e instituciona­listas. Cuando llegamos, ana­lizamos toda la estructura del Gabinete Civil y nos encontra­mos con un rejunte de decre­tos”, comentó la ministra secretaria para el programa “Fuego cruzado”, por el canal GEN/Nación Media. Explicó también que se empezó a orde­nar la distribución de las fun­ciones del Gabinete, teniendo en cuenta que algunos alcan­ces resultaban muy confusos, con falta de delimitaciones en las gestiones.

La jefa de Gabinete lamentó la manera en que se trata de confundir a la ciudadanía al hablar de “superpoderes” para su cargo, manifestando que cada una de las dependen­cias, entre la asesoría jurídica de la Presidencia, la asesoría política, la secretaría pri­vada, el despacho de la Pri­mera Dama y la jefatura del Gabinete dependen en igual­dad de condiciones del Eje­cutivo, con el mismo nivel de jerarquía.

“El reordenamiento es natu­ral, recordando que nuestro Estado se encuentra mutando constantemente. Por otra parte, desde mi óptima, todas las propuestas de cambio que llegaron al Congreso fueron aprobadas y eso ha sido muy importante, demostrando que dentro del ordenamiento institucional, el apoyo polí­tico es fundamental”, puntua­lizó Giménez.

La ministra secretaria manifestó que dentro del Minis­terio de Economía quedaron blindados los programas sociales, pero de todos modos se ha comenzado a trabajar en la posibilidad de que dentro del Minis­terio de Desarrollo Social se comience a recoger de manera directa cada uno de los programas sociales existentes. Con esto, Gimé­nez explicó que la política de Estado podrá ser medible, tanto en términos de desem­bolsos, como en efectividad de las asistencias brindadas.

“Ahí iremos revisando y ajustando los programas, que finalmente no son para mantener a los ciudadanos dentro de la asistencia, sino para ayudarlos a salir ade­lante y ser autónomos. Tam­bién se encuentra la aproba­ción del préstamo por USD 600 millones, que lejos de ser otro superpoder, consiste en saldar una deuda escondida, que viene desde el 2020 y ha sumado muchos intereses”, puntualizó.

Las deudas con los sectores de la construcción, así como los proveedores de fárma­cos, son algunos de los gru­pos con los cuales se man­tienen deudas millonarias. Ante esto, la jefa de Gabi­nete habló de la necesidad de restaurar las relaciones mantenidas con los gru­pos mencionados, honrar los pagos que requieren y fiscalizar cada uno de los contratos contraídos.

Con respecto a la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú Binacional, la minis­tra secretaria adelantó que, debido al relacionamiento productivo entre el presi­dente Peña con su par brasi­leño, Lula da Silva, desde la semana entrante se podrán observar novedades impor­tantes para los intereses nacionales en torno a la rene­gociación.

“Nuestra postura es que la Itaipú Binacional comience a pensar en los próximos 50 años, para convertirse en una generadora de energía limpia que brinda desa­rrollo para el país, apun­talando nuestras poten­cialidades. Con respecto a nuestra política exterior, el Gobierno tiene claro que no quiere perderse en cuestio­nes ideológicas, sino cen­trarse en aspectos prag­máticos en beneficio del Paraguay, avanzando regio­nalmente en nuestras coin­cidencias”, expresó.

“También se encuentra la aprobación del préstamo por USD 600 millones, que lejos de ser otro superpoder, consiste en saldar una deuda escondida, que viene desde el 2020 y ha sumado muchos intereses”.

“Nuestra postura es que la Itaipú Binacional comience a pensar en los próximos 50 años, para convertirse en una generadora de energía limpia que brinda desarrollo para el país”.