La abogada María Esther Roa alegó una supuesta “persecución” contra las organizaciones que se dedican a la lucha contra la corrupción, esto en el marco de los reportes de la Unidad de Investigación de Nación Media, que destapó al Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), el cual recibió millones de guaraníes de parte del Estado para sus proyectos.
“Ojalá que se pueda aclarar todo esto y termine esta persecución a las organizaciones”, expresó Roa, la que integra la “comisión escrache” y quien cuenta con un prontuario por estafas. La abogada no mencionó los G. 1.113 millones que recibió Agustín Carrizosa y su clan familiar en concepto de proyectos y consultorías que fueron facturados a varias instituciones del Estado.
La abogada también se refirió así misma como una víctima de la persecución por haber sido imputada en 2021 por haber violado la cuarentena. “El sistema se defiende y empieza a buscar las cabezas de las personas que no estamos arrodilladas ante la corrupción”, alegó ante la 1080 AM.
La Unidad de Investigación reveló también que las documentaciones y comprobantes del CIRD a las instituciones contenían elementos llamativos, como la emisión de varias de ellas en una misma fecha para diferentes entidades, esto sin mencionar el hermetismo de la ONG para proveer información sobre su facturación al Estado.
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Prostitución: 15,5 % de atendidos por ONG española proceden de Paraguay
La Asociación In Género calcula que entre 25.000 y 30.000 personas ejercen la prostitución en toda España, según los primeros resultados que arrojan su estudio iniciado en 2022 en siete comunidades autónomas, que ha estimado que existen alrededor de 800 clubes de alterne, 2.500 pisos por el territorio y 50 puntos de prostitución en calle.
Con estos datos, que están sujetos a variaciones porque el estudio basado en entrevistas con las personas que ejercen la prostitución todavía no ha concluido, se pretende facilitar “cifras reales para poder plantear soluciones efectivas” a los problemas a los que se enfrentan, como la clandestinidad.
“Difícilmente se pueden plantear soluciones a sus problemas si no se trabajan con datos reales”, ha destacado el coordinador nacional de In Género, Miguel Ángel del Olmo, este lunes en el Ateneo de Madrid durante la presentación del informe, el cual presenta también las cifras de atención e intervenciones en 2023 por parte de la asociación.
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In Género atendió el año pasado a 6.055 personas que ejercían la prostitución, de las cuales 914 podrían ser posibles víctimas de explotación sexual, y se llevó a cabo más de 21.798 intervenciones en las provincias de Albacete, Alicante, Ávila, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Jaén, León, Comunidad de Madrid, Murcia, Segovia y Toledo.
Respecto al género de las personas atendidas el año pasado por la asociación, 5.273 fueron a mujeres cis, 583 a mujeres transexuales, 186 hombres cis y 13 a hombres trans. De ellos, el 18 % tenían entre 43 y 79 años, siendo la media de 35. Las personas que más se atendieron fueron en la franja de edad de los 28 años. El 24,1 % llevaban más de 10 años en España; el 11,2 % entre 6 y 10 años; el 14,1 % entre 4 y 5 años; el 28 % entre 1 y 3 años y el 22,6 %, habían llegado al país hacía menos de un año.
En cuanto al país de procedencia de las personas atendidas, el 29,1 % eran de Colombia; el 15,5 % de Paraguay (938 personas); el 13,4 % de República Dominicana; el 7,8 % de Venezuela; el 7 % de Rumanía; el 6 % de Brasil; el 4,5 % de España; el 3,3 % de Ecuador; el 2,5 % de Perú; 1,9 % de Cuba y el tanto por ciento restante entre más de treinta nacionalidades.
El 78,2 % de las personas intervenidas no tenían la nacionalidad española y el 74,2 % estaban empadronados. La Comunidad de Madrid fue donde más personas se atendieron durante 2023, un total de 1.745 a mujeres cis, 285 mujeres trans, 101 hombres cis y 7 hombres trans.
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Ley contra la trata
In Género denuncia que la persecución y criminalización de la prostitución en España esté provocando un aumento de los casos de violencia y explotación sexual y que la normativa actual esté “empujando a las personas que ejercen la prostitución hacia la clandestinidad, donde sus derechos son violados con mayor impunidad”. Según del Olmo, “perseguir y criminalizar la prostitución no está siendo la solución, al contrario, está generando más inseguridad y más violaciones de los derechos de las personas que la ejercen”.
Critican el anteproyecto de Ley contra la trata por considerarla “insuficiente” para garantizar los derechos y prevenir la violencia. Consideran también que la iniciativa socialista sobre la tercera locativa, que pretende penar a aquellos que ceden bienes inmuebles para el ejercicio de la prostitución y el no poder negociar con los clientes tiene “unas consecuencias gravísimas”, por lo que han afirmado que no saben qué se pretende con esta ley.
In Género propone que la Ley contra la trata destine recursos en mejorar la autonomía de las personas, que no tengan que pasar por centros residenciales. “Los recursos que están articulando, no funcionan”, ha señalado del Olmo. La asociación ha arremetido también contra la prohibición de la publicidad de la prostitución ya que considera que hace perder autonomía a las personas que ejercen por no poder gestionar sus anuncios y, por consiguiente, se someten a “una posible futura exportación laboral”.
“Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de una ley que refleje las necesidades y realidades de las personas en esta situación, promoviendo medidas efectivas para su protección, empoderamiento y acceso a la justicia y restitución”, ha dicho la coordinadora de Acción Social en In Género, Belén Jiménez. La Asociación In Género es una Asociación sin ánimo de lucro que nació para dar respuesta a las necesidades que tienen las personas que ejercen la prostitución y víctimas de trata en España. En 2005 se constituyó la Asociación iniciando acciones socio-sanitarias con el colectivo.
Fuente: Europa Press.
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Dictaminarán sobre el control a las ONG
El senador Gustavo Leite dijo que en el transcurso de los próximos días será remitido a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara Alta el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.
“El gran ajuste que tenemos que hacer es hacer una ley que controle las platas que usan las oenegés cuando intervienen en políticas públicas. Esto ya se encuentra bastante avanzado, ya existe una propuesta presentada e irá a comisiones en estos días. No es posible que nosotros hayamos recibido 17 millones de euros de la Unión Europea para mejorar la educación, para que ayuden al Ministerio de Educación y Ciencias, pero si le preguntamos a cualquier paraguayo, la educación no mejoró ¿En qué usaron la plata?”, sostuvo.
La propuesta presentada a fines del pasado año por varios senadores del movimiento Honor Colorado estipula la obligatoriedad de su inscripción en un registro nacional, así como del detalle de las actividades y operaciones que realicen y de los documentos que deben llevar. Las comisiones que tendrán a su cargo los dictámenes son de Asuntos Constitucionales y la de Legislación.
“Estas oenegés tienen que rendir cuentas a la ciudadanía, a quién le contrataron, por cuánto, para qué, con qué resultados, facturas, hay demasiadas susceptibilidades. Las oenegés son sin lugar a dudas el remedo de un quinto poder que se está fortaleciendo demasiado en el mundo y que no rinden cuentas a nadie”, indicó en una entrevista con la 1020.
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Comisiones asesoras del Senado se aprestan a dictaminar sobre el control a las ONGs
El senador Gustavo Leite dijo que, en el transcurso de los próximos días, será remitido a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara Alta, el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.
“El gran ajuste que tenemos que hacer es hacer una ley que controle las platas que usan las ONGs cuando intervienen en políticas públicas. Esto ya se encuentra bastante avanzado, ya existe una propuesta presentada e irá a Comisiones en estos días. No es posible que nosotros hayamos recibido 17 millones de euros de la Unión Europea para mejorar la educación, para que ayuden al Ministerio de Educación y Ciencias, pero si le preguntamos a cualquier paraguayo la educación no mejoró ¿En qué usaron la plata?”, sostuvo.
La propuesta presentada a fines del pasado año por varios senadores del movimiento Honor Colorado estipula la obligatoriedad de su inscripción en un registro nacional, así como del detalle de las actividades y operaciones que realicen y de los documentos que deben llevar. Las comisiones que tendrán a su cargo los dictámenes son de Asuntos Constitucionales y la de Legislación.
“Estas ONGs tienen que rendir cuentas a la ciudadanía, a quién le contrataron, por cuánto, para qué, con qué resultados, facturas, hay demasiadas susceptibilidades. Las ONGs son sin lugar a dudas el remedo de un quinto poder que se está fortaleciendo demasiado en el mundo y que no rinden cuentas a nadie”, indicó en una entrevista con la 1020 AM.
Asimismo, Leite acotó: “deben rendir cuentas de la plata que reciben, sea de gobiernos extranjeros del extranjero o del Estado paraguayo cuando se involucran en políticas públicas. ¿Por qué los entes que más hablar sobre la necesidad de transparencia no quieren rendir cuentas?”.
En la iniciativa también se establecen normas de transparencias, rendición de cuentas y supervisión las que no solo alcanzan a las organizaciones sin fines de lucro, sino también a terceros. La propuesta señala que en el capítulo del régimen sancionatorio quedan fijadas las sanciones por la transgresión de la ley, tanto por personas físicas como jurídicas y otros entes u organismos, así como se prevé el procedimiento a seguir.
“Las ONGs que participaron de los 17 millones de euros nos quisieron decir que no pueden darnos los datos detallados por acuerdo de confidencialidad con la Unión Europea. Cuando se usa plata para el mejoramiento de nuestra educación, de nuestro pueblos originarios o de la salud, tienen que rendirse cuentas detalladamente y a la ciudadanía”, refirió el legislador.
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La “represión” se acentúa bajo el gobierno de Maduro, según ONG
- Caracas, Venezuela. AFP
Las fuerzas públicas de Venezuela cometieron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.
Los reportes, presentados por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el “alarmante aumento de desapariciones forzosas” en el país.
“Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe “Maduro, una década oscura para los derechos humanos”.
La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo periodo.
“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, sostuvo González.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.
“No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes” de “fuerzas políticas distintas de las del Gobierno”, dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.
Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una “persecución” de cara a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.