El auditor forense de la Contraloría General de la República (CGR), abogado Leandro Villalba, informó que tras el trabajo de auditoría realizado a la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) detectaron una serie de irregularidades sospechosas.
Ante esta situación, indicó que debido al riesgo potencial existente en ciertas operaciones ejecutadas por anteriores administraciones, se concluyó que lo mejor era remitir al Ministerio Público los reportes de indicios de hechos punibles.
Al respecto, el experto manifestó en comunicación con radio 1000 AM, que la CGR realizó el estudio sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2022, dos actividades de control: por un lado, la Dirección de General de Bienes Patrimoniales, que se encarga de analizar cómo la institución maneja su patrimonio y activos, ya sean muebles, equipamientos, vehículos, etc.
Así también se realizó el control a través de la Dirección General de Control de la Administración Descentralizada que analizó la parte de las finanzas de la administración. Indicó que los informes finales fueron publicados como parte del plan general de auditorías de la Contraloría General, que se presentó al Congreso Nacional.
Al respecto, indicó que existen algunas observaciones que son relevantes, que tienen una connotación un poco más delicadas y que fueron profundizadas en la Dirección de Auditorías Forenses a los efectos de delimitar si existe o no un mérito para comunicar o no al Ministerio Público, sobre la posible comisión de hechos punibles.
“Consecuentemente por el riesgo potencial entendimos prudente remitir estos antecedentes al Ministerio Público y estas observaciones dan cuenta de un posible perjuicio patrimonial, de cerca de G. 40.000 millones. Esto en lo que respecta a la auditoría de bienes patrimoniales. Todo esto está sentado en el documento que fue remitido al Ministerio Público”, indicó Villalba.