El fiscal anticorrup­ción Jorge Arce recepcionó varios documentos que había solicitado a las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) en la prosecu­ción de la carpeta abierta para investigar supuestos hechos punibles cometi­dos durante la gestión de Vicente Bataglia. Esto en el marco del informe de deficiencias financieras en diversas instituciones del Estado, emitido por la Contraloría General de la República (CGR).

El representante del Ministerio Público señaló que hasta el momento han recibido varias documen­taciones remitidas desde la previsional. No obs­tante, aún faltan diver­sas documentaciones más para aclarar las diversas dudas en torno a los millo­narios perjuicios admi­nistrativos expuestos por la CGR; mañana vence el plazo para que las autori­dades del IPS entreguen todos los informes solici­tados.

Siguiendo la línea de cada uno de los proce­sos llevados adelante para dilucidar los cues­tionamientos en torno al IPS, un equipo de agen­tes fiscales integrado por Arce, Luis Piñá­nez, Rodrigo Estigarri­bia, Diego Arzamendia y Néstor Coronel, había sido recibido el pasado 12 de octubre en varias sedes administrativas de la institución, en la pro­secución de las pesquisas iniciadas sobre las licita­ciones llevadas a cabo en el organismo durante la gestión de Bataglia.

Los representantes de la Gerencia de Administra­ción y Logística de la Direc­ción de Servicios Adminis­trativos del IPS solicitaron un plazo prudencial para la remisión de las documen­taciones relacionadas con el legajo completo de fun­cionarios, la guía de nor­mas, así como los procesos para la ejecución del pre­supuesto general corres­pondiente al periodo 2022 y primer cuatrimestre de 2023.

Aparte de las irregulari­dades expuestas dentro del IPS, se suman tam­bién las masivas denun­cias por supuestos hechos de corrupción en los diver­sos ministerios y secreta­rías durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Al respecto, la Auditoría General del Poder Ejecu­tivo, como órgano de con­trol interno, ya inició el proceso de fiscalización para identificar hechos punibles. En la primera fase el proceso se centra en las millonarias deudas contraídas con los provee­dores y contratistas.