El procurador general de la República, Marco Aurelio González, adelantó que la Procuraduría ya está con­cluyendo los trámites en lo que tiene que ver con la finca 916, conocida como Jardi­nes de Remansito, cuyo pro­yecto de ley de desafectación ya fue vetado por el Poder Ejecutivo y se encuentra nuevamente en el Congreso Nacional, donde la Cámara de Diputados ya aceptó el veto y deberá pasar por el Senado.

“La finca 916 tiene más de 9.000 hectáreas. Lo que se estaba haciendo, el objeto de análisis por parte nuestra, son las 131 hectáreas que se veían afectadas por el pro­yecto de ley. Empezamos con 16 y estamos concluyendo las diligencias”, adelantó el pro­curador en entrevista a la 1020 AM.

El procurador explicó, ade­más, que todas las documen­taciones requeridas por la Fiscalía también ya fueron remitidas, como así también lo requerido en el marco del juicio sobre estas tierras por parte de los ocupantes de la misma.

“La Fiscalía nos pidió toda la documentación que ten­gamos en lo que respecta a la finca 916 y les pasamos a noso­tros. También enviamos la información respecto al jui­cio donde se vieron afectadas parcelas de la finca. Existe la nulidad de un título que el Indert habría otorgado y en el año 2016 fue declarado nulo. Hay denuncias de invasiones, etcétera”, indicó.

Explicó, además, que den­tro de unas 9.000 hectáreas existen diferentes situacio­nes y dentro de ellas está una porción de ellas que cuen­tan con contratos. Mien­tras tanto, sostuvo que el Ministerio de Defensa está dispuesto a cumplir con la decisión que se pueda tomar sobre estas tierras.

“Creo que el Ministerio de Defensa no se cierra a rea­lizar disposiciones. Cual­quier decisión que pueda tomarla una vez que reciba la posesión de lo que le per­tenece”, sentenció el procu­rador general.