Hoy viernes 10 de mayo se cumplen dos años del asesinato del fis­cal delegado de la Unidad Especializada de Lucha con­tra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, cuando este disfrutaba de su luna de miel junto con su esposa, la perio­dista Claudia Aguilera, quien poco antes había anunciado a través de las redes sociales que estaban esperando un bebé.

La feliz pareja estaba disfru­tando del cálido día que ini­ciaba la mañana del 10 de mayo de 2022, en las playas de Islas Barú, Cartagena de Indias, Colombia, sin imagi­narse que desde hacía varios días estaban siendo vigila­dos y seguidos por un grupo de personas de nacionalidad colombiana y venezolana que estaban planeando dar fin a su vida.

Poco después de las 10:00, dos hombres llegaron a bordo de una moto acuática, fueron directo hasta Pecci y lo ulti­maron con tres tiros, uno de ellos dio directo en la cabeza, falleciendo prácticamente en el instante. Su esposa aseguró a la prensa, instantes después, que un guardia del lugar quiso defender a su cónyuge, pero los tiradores también le dis­pararon. Por fortuna, este salió ileso.

Inmediatamente la noticia sorprendió al mundo entero, movilizando no solo a las autoridades de Colombia y Paraguay, sino también rápi­damente se sumó los Estados Unidos, que desplegaron un megaoperativo internacio­nal. Horas más tarde, se había logrado la plena identificación, primero, de los presuntos ase­sinos del fiscal Pecci, y a tra­vés de estos se llegó a los demás cómplices.

Tras una intensa búsqueda por los diferentes rincones de Colombia, así como por las áreas fronterizas de este país, a comienzos de junio de ese mismo año se confirmó que los supuestos responsables de fraguar y posteriormente matar a Pecci eran de origen colombiano y venezolano.

Es así que los agentes fiscales de Colombia llegaron a reconocer que el esquema estaba confor­mado por cinco miembros quie­nes eran los ejecutores del plan, que hoy en día ya fueron captu­rados todos y ya cuentan incluso con condenas luego de que fueron capturados en Mede­llín, una de las ciudades más importantes de Colombia, en un basto operativo policiaco. De acuerdo con las autoridades, los responsables respondían bajo las identidades de Wender Still Scoth Carrillo (el venezolano implicado), Eiverson Zabaleta Arrieta, María Isabel Londoño, Cristian Camilo Monsalve y Francisco Luis Correa Galeano.

Este último, Correa Galeano, sería el nexo con los respon­sables financistas, que según la Fiscalía colombiana serían los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos; así como la pareja sentimen­tal de este último, Margareth Chacón Zúñiga. Los hermanos Perez Hoyos aceptaron haber conformado el entramado ile­gal para matar al fiscal y, por ende, los sentenciaron a 25 años y 6 meses de prisión. Mientras que la mujer fue hallada culpa­ble y condenada a 39 años y 10 meses, luego de que la Justi­cia colombiana determinara que Chacón Zúñiga tuvo un papel fundamental en el aten­tado y la considera uno de los cerebros del hecho que con­mocionó al mundo.

El beneficiado con ese documento fue el presunto sica­rio Éder Rolando Giménez Duarte, quien responde a un proceso penal por el fallido atentado que, en marzo del año 2022, sufrió el conside­rado capo mafioso Ederson Salinas, más conocido en el submundo delictivo como Ryguasu.

De acuerdo a los datos, uti­lizando una falsa resolución de la Cámara de Apelaciones de la circunscripción judicial de Amambay, el peligroso matón a sueldo levantó la orden de detención que exis­tía en su contra.

La sospecha es que el docu­mento habría sido elaborado por el abogado Esveraldo Dutra Júnior, actuario del Juzgado Penal de Garantías del primer turno de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Tras saltar a luz el hecho, el profesional del derecho pre­sentó formal renuncia al cargo y, como arte de magia, desapareció de la zona.

La maniobra que posibilitó levantar la orden de captura del considerado peligroso sicario Giménez Duarte, saltó a luz después que agentes del departamento contra el Crimen Organi­zado de la Policía pararon al hombre durante un con­trol de rutina.

Grande fue la sorpresa de los uniformados cuando Éder Rolando exhibió una reso­lución donde se dejaba sin efecto la orden de captura que existía en su contra. Ante esa situación, lo dejaron que siga su viaje.

Esa situación alertó a los agen­tes policiales quienes resol­vieron contar lo sucedido al fiscal Lorenzo Lezcano, de la Unidad Antisecuestro.

El hecho motivó al represen­tante del Ministerio Público a llamar, por teléfono, al magistrado Luis Alberto Benítez Noguera para con­sultarle sobre la situación jurídica del presunto sicario.

Fue ahí que se enteraron de que se trataba de una resolu­ción falsa. “Adulteraron mi firma, la de los magistrados Modesto Cano Vargas y Luis Alberto Benítez Noguera”, confirmó el doctor Barto­lomé Domínguez, miembro del Tribunal de Apelación de Amambay.

La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.

A través de su abo­gado, Claudio Lovera, la Confe­deración Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia pre­sentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudame­ricano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgi­miento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.

“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompaña­dos en su oportunidad, así como los que fueran recopi­lados en el marco de la acti­vidad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministe­rio Público emita un pro­nunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el docu­mento presentado ante el Ministerio Público.

Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allana­mientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superinten­dencia de Bancos ante la negativa de estas institu­ciones en proveer infor­mación. En estos proce­dimientos se incautó una serie de documentos.

Estas diligencias realiza­das en el pasado dan cuenta que el órgano investiga­dor sostiene que en deter­minados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.

Pese a esas primeras medi­das, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cual­quier otra iniciativa ten­diente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La pri­mera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.

Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alca­raz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.

La Conmebol quiere recu­perar los fondos que le per­tenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confede­ración en administraciones anteriores; ya se recupera­ron USD 128 millones gra­cias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.

El banco de la familia Zuc­colillo se expone a sancio­nes penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.

Una imputación fiscal de casi imposible impugnación, sustentada en documentos e informes oficiales de Tributación, Contraloría General de la República, análisis periciales de Laboratorio Forense del Ministerio Público, etc., dejan al descubierto el esquema de compra-venta simulada en las compras de víveres covid que articuló el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, gracias a una estructura que involucra a expareja y familiares de esta. El resultado más perjudicial, además del fraudulento proceso licitatorio de su administración es que no se habrían entregado la totalidad de las mercaderías ya que varios supuestos beneficiarios residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

La amañada licitación de las compras covid de alimentos para perso­nas de escasos recursos que con el sonado caso Tía Chela había dejado anonadada principalmente a la pobla­ción esteña que depositó la confianza en el intendente Miguel Prieto, no se reduce solamente al simulado pro­ceso de contratación sino a la compra-venta simulada de mercaderías no existentes en el stock de las firmas adjudi­cadas que perjudicó con la no entrega de la totalidad de las mercaderías requeridas con­forme al contrato.

La sustanciosa imputación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estiga­rribia incorporan informes de trazabilidad de operacio­nes de la Subcretaría de Tri­butación, análisis de procedi­mientos administrativos de la Contraloría General de la República, informes de Con­trataciones Públicas, pericia­les del laboratorio Forense del Ministerio Público hasta datos de inteligencia poli­cial que revelan un simula­cro poco antes visto en un proceso de compra pública y entrega de alimentos para personas vulnerables.

Recordemos que el primer gran escándalo desatado con las compras covid de alimen­tos de Miguel Prieto es la apu­rada contratación del autoser­vice Tía para la provisión del 25.000 kits de alimentos por G. 2.949 millones, siendo el adjudicado un pequeño nego­cio sin la capacidad financiera ni de stock requerido. Para facilitar el negocio y adjudi­car contrato a Fermín Ávalos, dueño de Tía Chela, la licita­ción por vía de la excepción incluyó invitaciones al papá de este y una confitería que en ese momento acababa de ganar un contrato importante para pro­visión de almuerzo escolar.

Dicho por la mamá de Áva­los, el padre de este no estaba interesado en ninguna lici­tación y con el contrato que tenía en ejecución la confite­ría Yrupe, el camino estaba allanado a favor de Tía Chela, pese a que no dispo­nía lo que ofertaba a la muni­cipalidad. Aquí entra el rol facilitador que jugó Vanessa Florentín Paez, expareja de Prieto, actualmente fun­cionaria contratada por su administración.

Vanessa, a través de su empresa Vanemi SA se incluyó en el proceso como subprovee­dora de Tía Chela en el intento de blanquear las operaciones con la administración Prieto. Sin embargo, las declaraciones juradas tributarias del movimiento comercial habi­tual de ambas estructuras jurí­dicas Tia Chela SRL y Vanemi SA no se corresponderían con la inversión económica reali­zada entre los meses de marzo y abril del 2020, periodo en que se desarrolló el proceso de adquisición y entrega de los bienes ofertados a la comuna. Ambas empresas tuvieron un movimiento económico supe­rando su capacidad financiera y operativa en el periodo de marzo y abril del 2020, y sus compras informadas a la SET habrían presentado incon­sistencias, describe el acta de imputación basado en infor­mes tributarios.

“Si bien existió una operación de compra-venta entre la firma proveedora Tía Chela SRL y la Municipalidad de Ciudad del Este (Licitación Vía Excepción ID 382.177), esta empresa en realidad no contaba con los bie­nes a proveer. Por consiguiente se cuentan con elementos de sospecha suficiente que permi­ten suponer que Fermín Áva­los Britos de Tía Chela SRL habría posibilitado a Miguel Prieto llevar a cabo la com­pra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familia de escasos recursos, quien le habría pagado en tal concepto G. 1.769.790.000, cuya adqui­sición se habría documentado sin que aparentemente hayan ingresado tales productos a la institución”, señala la imputa­ción fiscal.

Según la pesquisa fiscal, exis­ten fuertes indicios de que las planillas de beneficiarios fue­ron fraguadas. Es decir que figuran entrega de víveres a personas que en realidad no recibieron los kits.

“Una verificación aleatoria de los datos de las personas consignadas como supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas de entrega de cestas básicas remitidas al Ministe­rio Público por la Municipa­lidad de Ciudad del Este ela­borados por funcionarios del municipio, de cuyo informe resultó que varios de estos supuestos beneficiarios son personas que residirían en el extranjero y en otros depar­tamentos del país, alejados de Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná”, refiere el docu­mento que cita algunos nom­bres a continuación de perso­nas que residían fuera de los límites esteños, a kilómetros de distancia, en otros depar­tamentos.

Otro informe técnico peri­cial calígrafo del Laboratorio Forense del Ministerio Público realizado de forma aleatoria de las planillas de beneficia­rios confirma que algunas “fueron llenadas y firma­das por la misma persona, lo que nos permite suponer que estas planillas fueron crea­das a los efectos de aparentar la supuesta entrega de estos kits de alimentos a supuestos beneficiarios”.