El considerado como el cerebro del crimen del fiscal Marcelo Pecci, Francisco Luis Correa, declaró en su audiencia que Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y el expresidente de la República Horacio Cartes están presuntamente vincu­lados con la orden ejecutada que terminó con la vida del agente del Ministerio Público. No obstante, para el abogado Marcelo Duarte las expresio­nes de Correa no son admisi­bles como prueba y no pueden considerarse irrefutables.

“Es la prueba de referencia o evidencia Hearsay, donde la declaración de una persona se produce respecto de lo que escuchó decir a otra, pero no permite contrastar con quién supuestamente lo dijo. Esto no es válido como prueba, y tampoco puede considerarse como prueba la declaración de un acusado que endilga a otro individuo de una porción de los hechos que no puede demostrarse de otra manera”, explicó Duarte en contacto con La Nación/Nación Media.

El abogado aclaró que en los casos mencionados se gene­ran las excepciones a la hora de tomar o no las declaracio­nes como prueba. A esto se sumaría también el hecho de que con lo expuesto en la audiencia, el acusado pueda mejorar su condena o si la Fiscalía ha propuesto alguna ventaja a cambio de la decla­ración, por lo cual debe ana­lizarse el nivel de veracidad de lo expresado y si debe ser descartado o no de la causa.

“Más allá de esos factores legales, me parece de lo más bajo utilizar un hecho tan grave como es el asesinato del fiscal Pecci, así como el sufrimiento de la familia del agente fallecido, para darle un aspecto político como este”, lamentó Duarte con respecto a la repercusión brindada a las declaraciones de Correa.

Para el abogado, una causa que debería ser desarrollada con toda la seriedad y desplie­gue de diligencias correspon­diente, está siendo reducida a tintes políticos como las acu­saciones infundadas. A esto se suma además las propias aco­taciones del fiscal de Asun­tos Internacionales, Manuel Doldán, quien sostuvo que no existe elemento comple­mentario alguno en Paraguay ni en Colombia para dar sus­tento legal a las declaraciones de Correa.