La ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y senadores miembros de la Comisión de Derechos Huma­nos de la Cámara Alta se tras­ladaron hasta el Hospital Neu­ropsiquiátrico para corroborar la situación del centro asis­tencial tras las denuncias de supuestas torturas y maltra­tos a pacientes.

“Queremos dar visibilidad a esta problemática, no debe ser escondida bajo la alfom­bra. Venimos a constatar que haya transparencia y que los derechos humanos sean res­petados. Este recorrido es para observar in situ qué está ocu­rriendo, ya que hubo denuncias de maltratos, de abusos”, sos­tuvo el senador y titular de la Comisión de Derechos Huma­nos Mario Varela.

El legislador precisó que insta­larán junto con el Ministerio Público, la Defensoría Pública y la cartera sanitaria una mesa interinstitucional para inda­gar sobre las graves acusacio­nes surgidas desde el hospi­tal. Agregó que impulsarán acciones concretas en torno a la ejecución y aplicación de la nueva ley de salud mental pro­mulgada a finales de noviem­bre de 2022 y la provisión de un mayor presupuesto. “Esto no será reducido solo a una visita fugaz”, refirió.

Barán manifestó que la Fis­calía está investigando las denuncias de irregularidades y “si hay culpabilidad de algu­nos funcionarios, se tomarán las medidas necesarias”. Aña­dió que en el hospital existen actualmente 131 pacientes, de los cuales 48 residen allí hace 15 años, porque fueron aban­donados por sus familiares.

“Queremos buscar la mejor solución, tanto para las per­sonas internadas como para los funcionarios de este hospi­tal. Esta crisis podemos trans­formarla en una gran oportu­nidad. Tenemos que visibilizar lo que está ocurriendo en este lugar, aclarar las denuncias y trabajar en forma coordinada con la sociedad civil, con los gobiernos locales, departa­mentales y el Congreso para llegar a una solución. Sabe­mos que no será de manera inmediata, pero hay acciones que podemos hacer en corto, mediano y largo plazo”, dijo la ministra de Salud.

Rolón indicó que tienen “denuncias por apremio físico, torturas, lesiones” y que se percataron del problema en general, “que consiste en la falta de una visión integral de las distintas instituciones del Estado”. La visita tam­bién estuvo acompañada por representantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.