El próximo 10 de octu­bre, a las 8:00, el exministro del Inte­rior Arnaldo Giuzzio, impu­tado por cohecho pasivo agravado, deberá compa­recer al Palacio de Justicia para la audiencia prelimi­nar, en la que se definirá si estará sentado en el ban­quillo de los acusados.

La jueza Lici Sánchez, quien interina a su colega José Delmás, fijó para dicha fecha la realización de la audiencia preliminar.

El jueves, la defensa de Giuzzio accedió a la totali­dad de las evidencias, por lo que no podrá poner como justificativo que no tuvo acceso a la carpeta fiscal para dilatar la realización de la diligencia judicial.

Días atrás el Tribunal de Apelación Penal Especiali­zado en Delitos Económi­cos, Crimen Organizado y Anticorrupción, integrado por los magistrados Bibiana Benítez, Andrea Vera y Arnulfo Arias, rechazó una chicana más presentada por la defensa de Giuzzio.

En su momento, el juez de Delitos Económicos José Delmás rechazó la pre­sentación formulada por la defensa del extitular del Ministerio del Interior, quien pretendía tener más tiempo de lo establecido por la norma para preparar su defensa.

Los agentes del Ministerio Público Jorge Arce y Diego Arzamendia presentaron acusación contra Giuzzio por la supuesta comisión del ilícito de cohecho pasivo agravado y solicitaron juicio oral y público.

Del material probatorio recolectado por el Minis­terio Público en la etapa de investigación es posi­ble afirmar que el acusado tenía conocimiento de las intenciones del empresa­rio brasileño Marcus Vini­cius Espíndola Marqués de Padua, detenido y proce­sado en Brasil por su pre­sunta vinculación con el narcotráfico; de mantener un relacionamiento directo y cercano con él en su cali­dad de ministro del Interior para lograr convertirse en proveedor del Estado de chalecos antibalas y vehí­culos blindados.

Marqués de Padua fue dete­nido en Brasil el 15 de febrero de 2022 por sus supuestos vínculos con el crimen orga­nizado en el marco del ope­rativo denominado Turf, realizado en conjunto por la Secretaría Nacional Anti­drogas (Senad), la Policía Federal del Brasil, el Minis­terio Público paraguayo, la Administración de Control de Drogas (DEA), agencia del Departamento de Jus­ticia de Estados Unidos; la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), entre otras.