Con la convocatoria del contralor Camilo Benítez a la mesa directiva del Senado, se cono­cieron más detalles sobre los “clavos” hallados en algunos entes públicos. Benítez indicó que las falencias se dan por la falta de un control interno de las instituciones del Estado, lo que lleva a probables hechos de corrupción.

“Hoy en día hemos mejo­rado mucho, pero todavía queda mucho por mejorar en cuanto al control interno. Obviamente la falta de con­trol interno es lo que hace que la administración pública sea deficiente”, expresó en su exposición ante los sena­dores. Dimabel, Aduanas, MOPC e IPS son las institu­ciones donde se detectaron millonarias irregularidades administrativas, que pasan a formar parte de los clavos del gobierno de Mario Abdo Benítez.

El contralor presentó un breve informe sobre el Minis­terio de Defensa, específica­mente sobre la Dirección del Material Bélico (Dimabel), donde se detectó que no se realizaron registros conta­bles por la venta de armas y municiones por un valor de G. 1.300 millones y la venta de créditos por G. 17.000 millones.

“Aquí, básicamente, se ven­dieron municiones, armas y no se registró en contabilidad, lo cual no necesariamente implica que ese dinero se robó, sino que no se registró en contabilidad, no se trans­firió en la cuenta definitiva más de G. 1.300 millones que contaba con acta de entrega y ejecución final de obra. Volve­mos a lo mismo con la falta de sinceramiento de los balan­ces. Muchas veces lo que está en los balances no se condice con la realidad”, indicó.

Otra de las irregularidades detalladas fue en el Minis­terio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), puntualmente en el subsi­dio de los transportistas y en el aporte condicionado relacionado a la renovación de la flota de transportes. “Al momento de la realiza­ción de esta auditoría no se pudo demostrar que se haya cumplido con la renovación de la flota, no hay evidencia de que las empresas hayan cumplido”, dijo Benítez.

Detalló además que “a partir del año 2018 el subsidio tuvo un incremento importante, cerrando el ejercicio fiscal del 2022 en concepto de sub­sidio al pasaje en G. 273 mil millones, con una variación del año 2014 al 2022 del 453 % del pasaje. En los años 2021 y 2022 fue transferida a las empresas de transporte la suma de G. 380 mil millones financiada específicamente con bonos del tesoro emitidos en el mercado internacional”.

Con relación a la Dirección Nacional de Aduanas, Bení­tez mencionó que existió una clara falta de trasparencia en los balances presentados, especialmente partidas cuya utilización restringida fue registrada como disponible. “Hay un monto de G. 26 mil millones que en contabilidad se pone como si fuera que está disponible, pero en realidad por ley está restringido. No es dinero de Aduanas sino de los despachantes. Cuenta de leyes especiales del activo por G. 47 mil millones de depósito realizado por los despachan­tes e importadores que no fue­ron utilizados sobrevaluando el activo”, detalló.

Tampoco fueron incorpora­dos como bienes de Aduanas 8 terrenos de los cuales 6 fueron evaluados en G. 11.000 millo­nes y no se registraron en el activo fijo bienes donados del Centro de Despachantes del Paraguay.

Benítez precisó que entre lo que informó el IPS y lo que proveían los empresarios farmacéuticos, se eviden­ció una falta de registro de facturas pendiente de pagos con proveedores por apro­ximadamente G. 450.000 millones.

“¿Qué significa esto? O la empresa decía ‘me debe’ y el IPS decía ‘yo ya pagué’, o a la inversa, la empresa decía ‘ya me pagó’ y el IPS decía ‘todavía no le pagué’. Es decir, cuando se hizo el cruzamiento de estos datos quedó en este valor una falta de registro de facturas pen­dientes de pagos. No fueron registrados intereses a pagar por G. 119.000 millones gene­rados de los préstamos obte­nidos por el IPS conforme a la Ley n.º 7037″, indicó Benítez.

Con relación a la audito­ría de bienes patrimoniales, mencionó que se detectaron 9.357 bienes que figuraron en el inventario de bienes de uso como faltantes por G. 42.000 millones con paradero admi­nistrativamente descono­cido. “Esta es una falencia que viene arrastrando el IPS desde hace muchísimos años, cada vez que hay cambios de autoridades, ponen en un inventario y existen bienes que no sabemos dónde están. Que figuran en el balance, pero no sabemos cuál es su paradero”, concluyó.