El director de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Julio César Vera Cáceres, afirmó que se encuentran confiados en concretar el próximo 15 de setiembre, en la reunión especial de carácter político convocado por Brasil, la suspensión del cobro arbitrario e ilegal del peaje fluvial impuesto por Argentina.

Al respecto aguarda que prime “la cordura, la prudencia y sen­satez” por parte del gobierno de Alberto Fernández para evi­tar llegar al arbitraje. “Están en la tesitura de recaudar fon­dos, tendrán sus propias nece­sidades, nosotros también la tenemos, pero no hay derecho para que nos transmitan sus necesidades. Es un problema de Estado, no el problema de un gobierno coyuntural que mañana se va”, dijo.

En entrevista con el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media, el funcio­nario de Estado detalló que en caso de que en la nueva convo­catoria del Comité Interguber­namental de la Hidrovía (CIH), Argentina persista en aplicar el cobro de un peaje arbitrario el segundo paso consistirá en la mediación entre los cancilleres de los países (Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay), que suscribieron el acuerdo de Santa Cruz de la Sierra.

“El órgano político tiene com­petencia para analizar este tipo de situaciones, es por eso solicitamos una reunión espe­cial del CHI que presumible­mente sería más o menos el 15 de setiembre. Después de esta reunión especial el siguiente paso que contempla el propio acuerdo y sus reglamentacio­nes internas es la reunión de los cancilleres y la última ins­tancia es recurrir al arbitraje y para ello precisamos de árbi­tros”, indicó.

En el encuentro de carácter político, fuera de las discusio­nes técnicas, Argentina deberá demostrar si existe o no el ser­vicio efectivamente prestado para el cobro del peaje fluvial, y así poder avanzar en el caso de ser necesario en la aplicación del Protocolo Adicional sobre Solución de Controversias.

“Es una situación difícil por­que es una decisión unilate­ral del Gobierno argentino en contra de lo taxativamente dis­puesto en el acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre la hidro­vía Paraguay-Paraná. Argen­tina nunca pudo acreditar que haya realizado tareas de dra­gado. Yo estoy confiado en la próxima reunión del órgano político y si ahí no lográramos nada estará la reunión de can­cilleres. Vamos a revisar los estudios presentados por la Argentina, pero ínterin acon­tece todo ello que suspendan la aplicación del cobro del peaje”, puntualizó.

No obstante, mencionó que ya se formuló la petición de que cada país prepare a sus árbitros dentro de un plazo no mayor a 60 días, ante la eventuali­dad de que se tenga que recu­rrir a la instancia del arbitraje para zanjar la problemática.

“Si habría chances de lograr un acuerdo que satisfaga a nuestros intereses no sé, porque es una decisión polí­tica del Gobierno argentino, ignoró cuál sería la postura política que pudieran adop­tar ante la posibilidad de las elecciones, no se sabe quién ganará, hay muchas incógni­tas”, manifestó.

Por otra parte, Vera Cáce­res comentó que existen una serie de normas jurídicas que ampara al Paraguay en cuanto a sus reivindicaciones. “Nosotros estamos insertos en el Mercosur, también nos ampara la convención de las Naciones Unidas sobre el Dere­cho del Mar, la Convención de Viena sobre el derecho a los tra­tados, leyes internas, por ahora la delegación paraguaya está inserto en que se respete lo taxativamente dispuesto en el acuerdo de Santa Cruz de la Sierra”, detalló.

Asimismo comentó que incluso en la decisión ilegal de la Argentina impera una “odiosa discriminación” a establecerse un cobro de USD 1,47 para las barcazas que transportan carga de origen internacional mientras que las consideradas cargas de cabotaje que navegan exac­tamente el mismo tramo y usufructuando el mismo río, el impuesto es de un total de 1,47 pesos.

“Si habría chances de lograr un acuerdo que satisfaga a nuestros intereses no sé, porque es una decisión política del Gobierno argentino”.