Tras el lapidario informe de la Contraloría General de la República, el cual destapó más de G. 1 billón en pagos irregulares en el Instituto de Previsión Social (IPS), desde la Federación Paraguaya para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedepyme) manifestaron que urge una reingeniería de la entidad de modo de que siga operando, e instó a que haya consecuencias para los responsables de esta situación.
“No tenemos que dejar morir al IPS porque es lo que tiene la gente, tenemos que construir fórmulas para que más gente entre dentro del seguro”, expresó Luis Tavalla, presidente de la asociación. Señaló que lamentablemente el mal estado del IPS no es una novedad dado que desde años acumula problemas, como el excesivo personal administrativo y la baja cantidad de médicos, mala atención, falta de medicamentos, deudas a proveedores y la injerencia de los sectores políticos en el manejo institucional.
“Esperemos que ahora se empiece a arreglar, porque no es fácil arreglar al IPS, primero hay que dotar de sistemas informáticos mucho más modernos y empezar a analizar si el sistema de tercerización es conveniente o tiene que empezar el IPS con su propio sistema en la parte de rayos, ambulancias, entre otros. Los gastos que se tienen en la parte de limpieza y seguridad son casi ofensivos”, aseveró.
El nuevo Consejo de Administración de la previsional tiene mucho trabajo por hacer, refirió Tavella ante la 730 AM, e instó a que los representantes de cada sector, que realmente cumplan su función. Asimismo, indicó que espera que la Justicia haga su parte y haya consecuencias para los causantes del desfalco de G. 1 billón.
“No es menos cierto que los que hicieron mal deben tener alguna pena, si no queda solo en los discursos y la gente sale y se va a su casa libremente y el perjuicio queda en la entidad. Hay que hacer una reingeniería dentro del IPS”, sostuvo el presidente de la Fedepyme.
Millonarios pagos sin documentación
El contralor general, Camilo Benítez, entregó en el Congreso Nacional el informe y dictamen del estado financiero del Poder Ejecutivo y otras instituciones, que señala gravísimas irregularidades durante el gobierno anterior.
La mayor de todas tiene que ver con el IPS, que realizó pagos a proveedores sin la documentación correspondiente por un total de G. 1 billón durante el año 2022, lo que equivale a más de USD 158 millones.
“Vamos a trabajar con la Contraloría, desde la auditoría interna ya estamos con ese trabajo, si encontramos algo fuera de lo normal, recurriremos a la Fiscalía, que los asegurados y la ciudadanía tengan la plena seguridad de que actuaremos en consecuencia”, manifestó Benítez.