La senadora Kattya González anunció que urgirá al pleno de la Cámara Alta impulsar una demanda penal contra el extitular del Instituto de Pre­visión Social (IPS) Vicente Bataglia tras tomar conoci­miento de pagos sin docu­mentaciones respaldatorias que superan los G. 1 billón, que expuso un informe de la Contraloría. Refirió que la acusación impulsada ante el Ministerio Público también será contra los exconsejeros de la previsional.

“Pedimos al contralor gene­ral (Camilo Benítez) que nos remita el mismo informe que rindió en Diputados para que nosotros, en el caso de que no se acepte por el plenario la remisión de la auditoría a la Fiscalía, nosotros podamos realizarla, como lo hicimos en pandemia, con denun­cias particulares. Este será un trabajo que se inicia inde­pendientemente a la actitud que pueda llegar a tomar la Contraloría. Las denuncias serán contra Bataglia y los exconsejeros”, comentó Gon­zález en una entrevista con los medios de prensa en el Poder Legislativo.

“Me parece que la clase política desde las cámaras del Congreso, al tener ofi­cialmente este informe, no puede quedar de brazos cruzados. Hemos resuelto dentro del equipo político realizar esta denuncia for­mal, hay un desfalco cri­minal. Acá se deben hacer las denuncias nominadas, existe una responsabilidad por complicidad o tal vez una asociación criminal dentro de la previsional, ¿cómo nadie lo pudo ver?”, indicó.

“Los hechos punibles pueden ser por acción o por la omi­sión, esta última ocasionan los agujeros que son absolu­tamente injustificables. Acá no debe existir ningún pacto de impunidad”, sentenció la legisladora del Partido Encuentro Nacional.

La Contraloría entregó este miércoles pasado en el Poder Legislativo el informe y dic­tamen del estado financiero del Poder Ejecutivo y otras instituciones que señalan gravísimas irregularidades durante el gobierno anterior. La mayor de todas tiene que ver con el IPS, que realizó pagos a proveedores sin la documentación correspon­diente por un total de G. 1 billón durante el año 2022, lo que equivale a más de USD 158 millones.

El contralor general, Camilo Benítez, entregó este miércoles el informe y dictamen del estado financiero del Poder Ejecutivo y otras instituciones en el Congreso Nacional. Declaró que entre los entes donde se registraron más deficiencias financieras, que podrían ser considerados actos de corrupción, figuran el Minis­terio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio del Interior.

En cuanto a la evaluación financiera del IPS, el contralor mani­festó que existe más de G. 1 billón que no tienen documentos respaldatorios, lo cual se infiere como una grave irregularidad. En cuanto a la deuda existente con los proveedores de la previ­sional, Benítez comentó que al hacer un cruzamiento de datos se logró observar la nula coincidencia entre lo estipulado por los proveedores, como deuda del IPS y el balance de la institución.

El presidente del IPS, Jorge Brítez, aguarda que la Contraloría remita el informe respecto a las millonarias irregularidades referentes a pagos sin documentaciones respaldatorias que superan G. 1 billón.

“No se puede jugar con una institución tan noble como el IPS. Estamos haciendo por nuestra parte las inves­tigaciones correspondientes para determinar la veracidad del informe. Cada día me sor­prendo más de lo que vamos encontrando, es alarmante”, dijo el doctor Brítez en el pro­grama “El péndulo”, emitido por Unicanal.

El contralor general, Camilo Benítez, entregó este miér­coles pasado en el Congreso Nacional el informe y dicta­men del estado financiero del Poder Ejecutivo y otras insti­tuciones, que señala gravísi­mas irregularidades durante el gobierno anterior. La mayor de todas tiene que ver con el IPS, que realizó pagos a proveedores sin la documen­tación correspondiente, por un total de G. 1 billón durante el año 2022, lo que equivale a más de USD 158 millones.

“Vamos a trabajar con la Con­traloría, desde la auditoría interna ya estamos con ese trabajo, si encontramos algo fuera de lo normal recurrire­mos a la Fiscalía, que los ase­gurados y la ciudadanía ten­gan la plena seguridad que actuaremos en consecuen­cia”, manifestó.

De acuerdo al informe que fue recibido por la legisladora Hermelinda Alvarenga como vicepresidenta del Senado, las irregularidades fueron constatadas tras el resul­tante de un total de 4.000 auditorías durante el periodo 2022/2023. “Tenemos que investigar todas las direc­ciones y las diferentes lici­taciones, ya sea de medicamentos, insumos, las obras en construcción. Las inves­tigaciones recién han empe­zado, recurriremos a todos los mecanismos necesarios para aclarar la situación, esperamos más temprano que tarde tener las conclu­siones”, refirió el titular del IPS.

Contraloría destaca que el IPS no pudo proporcionar los documentos de respaldo ni los detalles de los saldos pendientes de pago a pro­veedores de bienes y servi­cios de ciertas cuentas conta­bles. “Todavía no recibimos el informe de la Contraloría, pero ya colocamos en opera­ción la auditoría. El problema es la impunidad, debe existir un castigo para enderezar las cosas”, comentó Brítez.­