El contralor gene­ral, Camilo Benítez, entregó ayer miérco­les el informe y dictamen del estado financiero del Poder Ejecutivo y otras institucio­nes en el Congreso Nacio­nal, donde fue recibido por la senadora Hermelinda Alva­renga, vicepresidenta del Senado. Declaró que entre los entes donde se registra­ron más deficiencias finan­cieras, que podrían ser consi­deradas actos de corrupción, figuran el Ministerio de Edu­cación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio del Interior.

“Sobre el MEC, como en las gobernaciones, se hizo una evaluación de la utilización del almuerzo escolar y los kits escolares durante los últimos 10 años, lo cual arrojó datos reveladores. Notamos que existen departamentos que reciben muy poca cantidad de alimentos en el año, siendo los más pobres; hablaría de un fracaso de la Ley de Fona­cide”, comentó el contralor general ante la prensa acre­ditada en el Legislativo.

Siguiendo con la situación del MEC, Benítez puntualizó que se debe realizar un aná­lisis de los procesos de licita­ción porque se dejan entrever algunos patrones de direccio­namiento en las adjudicacio­nes. En cuanto a otras enti­dades, refirió que se podrán observar informes que expon­gan una completa falta de sinceramiento en los balan­ces, exponiendo la total falta de transparencia por la nula actualización de las entidades.

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En cuanto a la evaluación financiera del IPS, el con­tralor manifestó que existen más de G. 1 billón que no tie­nen documentos respaldato­rios, lo cual se infiere como una grave irregularidad. En cuanto a la deuda existente con los proveedores de la pre­visional, Benítez comentó que al hacer un cruzamiento de datos, se logró observar la nula coincidencia entre lo estipulado por los proveedo­res como deuda del IPS y el balance de la institución.

“Estaríamos hablando de un monto de G. 500.000 millo­nes, aproximadamente. Por un lado, el IPS dice que no debe montos, que efectiva­mente sí adeuda, mientras que por otro lado la previsio­nal abonó montos importan­tes para los cuales no cuentan con una documentación res­paldatoria dentro de su conta­bilidad”, explicó el contralor.

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