Con el correr de los días, el gobierno de Santiago Peña va descubriendo las consecuencias del terrible manejo administrativo durante la gestión de Mario Abdo Benítez, que dejó las arcas del Estado con saldo cero y con muchas deudas que deben saldarse. MOPC, USD 400 millones; Salud, USD 370 millones; IPS, USD 210 millones; Interior y Policía, USD 250 millones; SEN, USD 5 millones.

• Fuente: “La caja negra”

El equipo del pre­sidente Santiago Peña deberá hacer frente a la situación financiera de las diferen­tes carteras de Estado, ya que muchos entes públicos registran importantes deu­das con proveedores, pero ni siquiera poseen un plan de caja para cumplir con los compromisos.

Entre las deudas pendientes del Estado figura el Minis­terio de Salud Pública, el cual debe USD 371,3 millo­nes por el abastecimiento de insumos y medicamen­tos. Mientras que el Ins­tituto de Previsión Social (IPS) adeuda USD 210 millones por la provisión de insumos y remedios.

La deuda del Ministerio de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC) con las contratistas ronda los USD 350 millones solo en capi­tal, sin contar los intereses devengados por los atrasos en los pagos por las obras viales que tanto el enton­ces presidente Mario Abdo Benítez alardeaba al justi­ficar su gestión.

También el Ministerio del Interior está en una com­plicada situación finan­ciera, con dinero compro­metido por los contratos plurianuales que impactan en el presupuesto de varios años consecutivos. Según el ministro Enrique Riera, en total serían unos USD 250 millones de compromisos pendientes con los provee­dores, de los cuales unos USD 42 millones corres­ponden al Interior, y USD 200 millones a la Policía Nacional, y están relacio­nados a gastos de seguri­dad. Este último monto no estaba presupuestado y, por tanto, no tiene plan de caja, según advirtieron desde el área administrativa.

Otra institución que no se escapa de la terrible realidad es la Secreta­ría de Emergencia Nacio­nal (SEN), que posee una deuda de ejercicios anterio­res que suman por encima de los G. 30.000 millones con sus proveedores. A eso se suman las llamati­vas contrataciones de per­sonal realizadas a tambor batiente durante el proceso de transición pre­sidencial.

El nuevo minis­tro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos, estimó un déficit fiscal de 5 % para este año, al incluir la deuda con los proveedo­res del Estado que dejó el gobierno anterior, pero que no previó honrar.

El senador colorado Gus­tavo Leite resaltó que los proveedores no tienen la culpa de que el Gobierno no haya previsto los fondos para pagar por las obras eje­cutadas, por lo que el Estado debe cumplir su parte. Según precisó, la deuda flo­tante es de casi mil millones de dólares.

Preocupado por las deudas que dejó el gobierno ante­rior, el senador colorado Derlis Maidana presentó un pedido de informe al Minis­terio de Hacienda sobre el endeudamiento público. El legislador pide que la insti­tución informe el saldo de la deuda interna y externa de la administración cen­tral y de las entidades des­centralizadas, clasificado por organismo financia­dor; el servicio de la deuda pública, especificando el monto que debe honrar el Estado durante el presente Ejercicio Fiscal y el Ejerci­cio Fiscal 2024; el saldo a desembolsar de los emprés­titos en proceso de ejecu­ción y saldo no utilizado de recursos provenientes de la emisión de bonos; el monto de bonos emitidos destina­dos para el rescate de deuda conforme a la Ley N.° 6.638; la deuda pendiente de pago del Ministerio de Obras Públicas con empresas vialeras y la del Ministerio de Salud Pública con las empresas farmacéuticas.