El canciller Rubén Ramírez Lezcano ratificó el posicionamiento del Paraguay en no ceder al cobro del peaje fluvial a las embarcaciones que navegan por la hidrovía Paraguay-Paraná, impuesta por el gobierno argentino. La medida es calificada de arbitraria e ilegal que atenta contra el proceso de integración de la región.
“Arbitraremos los medios legales necesarios para resolver la situación. Vamos a defender e intervenir para que los intereses del país estén resguardados. Sostenemos nuestra más firme convicción de que Paraguay está reclamando un justo derecho ante una grave violación de tratados internacionales por parte de Argentina”, indicó.
Argentina decidió aplicar el cobro de un peaje de USD 1,47 por tonelada de embarcación a los países que comparten la vía fluvial desde el pasado 1 de enero. Desde su anuncio la medida es repudiada y considerada ilegal no solo por el Paraguay, sino por otros países de la región como Uruguay, Brasil y Bolivia.
“En segundo término, los cuatro países que además de Argentina formamos parte de la hidrovía planteamos un reclamo justo, que debe ser considerado pero, sin embargo, no alcanzamos la respuesta positiva por parte de la Argentina para entender sobre esta situación”, puntualizó el secretario de Estado.
Las declaraciones de Ramírez Lezcano surgieron tras un encuentro este viernes entre los integrantes de la Comisión Nacional de Hidrovía para analizar la resolución unilateral del vecino país.
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Algunos medios de comunicación aún no logran digerir sus derrotas
No debe haber nada más tóxico que el periodismo que supura sus heridas por las llagas de los fracasos electorales. Y, para peor, que sus operadores no asuman sus líneas partidarias (porque hasta se involucraron abiertamente en las internas de la Asociación Nacional Republicana), con la actitud de los pusilánimes que tiran la piedra y esconden la mano, pretendiendo presentarse ante la sociedad con la hipócrita vestimenta del tratamiento imparcial de los hechos y la ecuanimidad en la publicación de las noticias. Todo lo que tocan contaminan con la manipulación aviesa y torpe de los acontecimientos. Ahí donde ponen la mano dejan el rastro de la deliberada distorsión de los sucesos. La ética de la responsabilidad para con el público la han tirado al tacho de los deshechos. Sus intereses son exclusivamente comerciales. Y sus fracasos políticos, la razón de sus enconos. No existe lealtad con la verdad. Ni compromiso con la nación. Recortan el horizonte de la patria a la miopía de los fanáticos impenitentes y la rabia indisimulada de los derrotados que no logran o no quieren vislumbrar los eventos más allá de la estrechez de sus sesgadas visiones.
Como si fuéramos una sociedad de cretinos que no sabe diferenciar la realidad de la falacia infame. Esta actitud miserable excreta todo su resentimiento, frustración y agresividad y vomita su impotencia contra todos quienes considera sus enemigos, expresión de rabia patológica, sin percatarse de que en su obnubilada ira dispara contra su propia credibilidad. La sociedad que aprendió a discernir entre lo que es y lo que se pretende que sea les ha retirado a estos medios toda confianza. Esa es la razón principal de que la hegemonía de ayer se haya reducido hoy drásticamente en tiradas y en audiencia. Dejaron de ser los “dueños de la verdad” cuando la ciudadanía descubrió que en primer lugar están sus negocios o negociados y, en el último, la salud económica, social y cultural de la población.
Estamos hablando de los mismos medios de comunicación y sus periodistas que durante los cinco años del desgobierno de Mario Abdo Benítez no abrían la boca ni emitían sonido crítico alguno, aunque sea refunfuñando, por generosos contratos del Estado con los propietarios y los millones de guaraníes desembolsados desde el fisco y las hidroeléctricas binacionales que financiaban hasta periódicos digitales de los “amigos” del mismo corral, para no utilizar la otra conocida frase. Se cumplía así la popular expresión: “Nadie muerde la mano del que le da de comer”. Por ello se explican los ánimos alterados de algunos y algunas (periodistas) cuando les fueron retirados, por la administración de Santiago Peña, sus espurios privilegios y canonjías que anteriormente servían para repudiables entrevistas en las que el invitado nunca era incomodado por preguntas indiscretas.
De ahí hay que extraer la furia de los presupuestívoros que ganaron mucho dinero por no hacer cuestionamientos comprometedores y que hoy sienten la lengua reseca por falta de la vital mamadera pública. Y más grotesco todavía cuando, apelando a una histérica vocinglería, se esfuerzan por mostrarse como los propietarios de la moral y la honestidad intelectual, cuando sabemos que es totalmente del revés. Mientras más se desgañitan, intentando disfrazar sus felonías de “interés público” y “defensa de la patria”, más se hunden en la vorágine de la impostura y la infamia. El futuro les depara un destino como el que vivieron: sus humos de vedettes se disiparán en el más absoluto anonimato y ostracismo. Porque efímera es la fama de los impostores y de nuevos Efialtes de un pueblo que solo quiere bienestar y paz social.
El periodismo militante de la patraña y la distorsión consciente de los hechos, que los presentan como ellos quieren y no como realmente son, va desgastándose irremediablemente en su seriedad y prestigio, hasta convertirse en cenizas o esporádicos rescoldos que recordarán aquellos buenos tiempos, después de renegar de la dictadura que sostuvieron por varios años, que fueron dilapidados por la barbarie de la mendacidad y la mediocridad lacerante de quienes se enceguecieron con las veleidosas luces de neón. Hoy, por ejemplo, se obstinan en seguir dando pábulos a la movilización de los universitarios para obstaculizar cualquier negociación con el Gobierno. La ruin consigna es mantener encendida la llama del conflicto, porque, evidentemente, continúa ardiendo en sus espíritus innobles el fuego de la derrota. Les cuesta asimilar que, a pesar de los poderosos medios y recursos de los cuales disponen (imperio construido durante la dictadura de Alfredo Stroessner), ya no son “dueños de la verdad” ni pueden manipular a voluntad la conciencia ciudadana. No pueden digerir que sus montadas campañas de desprestigio fueran sepultadas con miles de votos de aquellos que entendieron que los intereses sectarios de estos medios no representan los intereses del pueblo.
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Abogado destruye campaña mediática de medios
El abogado Ricardo Preda se refirió a los cuestionamientos hacia el proceso de imputación de Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores en el caso de la publicación de informes de inteligencia por parte de medios afines y defensores del expresidente de la República.
Algunos de los cuestionamientos y argumentaciones para desacreditar este proceso son el cambio de carátula que pasa de nominados a innominados y la violación del derecho a la defensa de los imputados con la no información de la investigación a los afectados en este caso.
CAMBIO DE CARÁTULA
Sobre el cambio de carátula de nominada a innominados, el abogado explicó que se trata de una cuestión puramente administrativa de la nominación que le da el funcionario que recibe la denuncia. Por lo tanto, no tiene absolutamente ninguna regulación legal, no se trata de que la carátula propiamente sea un acto procesal, sino es simplemente una cuestión propia del funcionario que recibe la denuncia.
“Durante la investigación, el funcionario que, por ejemplo, elabore un oficio para remitir y pedir información puede en algunos casos indistintamente poner el nombre de la persona que supuestamente se le sindica como participante del hecho, como así también podría poner simplemente investigación fiscal sobre tal o cual hipótesis punible”, dijo en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Indicó que concretamente hasta que no exista un señalamiento, que es el acta de imputación, lo más conveniente es que los pedidos de la Fiscalía se refieran simplemente a una investigación fiscal sobre tal o cual hipótesis punible. “La carátula propiamente no es ninguna figura legal ni que determine absolutamente cuál es el camino de la investigación”, aseveró.
DERECHO DE LA DEFENSA
En cuanto a la violación del derecho a la defensa de los investigados, Preda afirmó que no existe ninguna obligación que se le comunique al investigado. “Si partiéramos de esa base no se podría sostener ninguna investigación de hechos complejos. La investigación propiamente no tiene que ser propiamente comunicada al investigado, existen los momentos procesales”, señaló.
Mencionó que si el Ministerio Público informa sobre la investigación que se está llevando adelante previamente, se estaría frustrando todo tipo de investigaciones de hechos complejos.
EXTRACCIÓN DE DATOS DE LA SEPRELAD
La extracción de datos y el argumento de que podrían ser eliminados algunos datos en el proceso de investigación por parte de los defensores de Mario Abdo Benítez, también es una cuestión refutada por el abogado, esto teniendo en cuenta que el fiscal de la causa solicitó una autorización para realizar una extracción de datos sensibles de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad).
“El tema del servidor, en este caso de la Seprelad, la información que se colecte de ese servidor puede ser verificado por la defensa. Una extracción de datos para hacerlo más accesible al lego es como un allanamiento en un recinto privado; es decir, es ingresar a un sistema digital y bajar la información que está ahí”, mencionó.
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Paraguay y Argentina debatirán sobre el cobro del peaje de hidrovía
Las delegaciones de Paraguay y Argentina se reunirán mañana martes 2 de abril en Buenos Aires, Argentina, con la intención de llegar a un acuerdo sobre el impasse generado entre ambos países por el cobro del peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná.
Por el lado paraguayo, asistirá el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Julio Vera, y otros representantes del sector, mientras que por el lado argentino participarán autoridades de la Administración General de Puertos (AGP), además de las autoridades de la Cancillería del vecino país.
El presidente de la ANNP, Julio Vera, adelantó en la semana que la delegación paraguaya escuchará la propuesta de Argentina para encontrar un término medio y luego llegar a un acuerdo sobre esta situación. Indicó que esta propuesta será elevada al Gobierno nacional de Paraguay y posteriormente avanzar en ese acuerdo.
La propuesta argentina será puesta en conocimiento de los Estados que apoyaron a Paraguay en el reclamo sobre el costo del peaje implementado por el gobierno argentino anterior de Alberto Fernández, la República Federativa de Brasil, el Estado Plurinacional de Bolivia, y la República Oriental del Uruguay. Agregó que no se podría tomar una decisión a espaldas de las naciones que apoyaron a Paraguay.
ANTECEDENTES
El conflicto por el cobro de peaje en la hidrovía en el tramo Santa Fe con Argentina ya lleva alrededor de 17 meses, que se inició con el gobierno de Alberto Fernández; sin embargo, su sucesor, el presidente Javier Milei, ya mostró una buena predisposición para llegar a un acuerdo.
El tema ya fue abordado en los encuentros que mantuvieron los presidentes Santiago Peña, de Paraguay, y Javier Milei, de Argentina, con el mismo objetivo de llegar a un acuerdo sobre los costos, por lo que las perspectivas para llegar a una pronta solución sobre este conflicto son positivas.
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Así armaron la historia ficticia y publicaron en medios oficialistas
Relato cronológico de la mentira de Abdo: tergiversación, conjeturas y filtración y cómo su equipo fraguó el contenido del informe confidencial, según Fiscalía; además, cómo Giuzzio se munió de información confidencial y construyó escenarios hipotéticos.
El acta de imputación de la Fiscalía revela cómo en el gobierno de Mario Abdo Benítez las autoridades y funcionarios de instituciones de inteligencia fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines proselitistas.
De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Carlos Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redactado el informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución.
Dichos funcionarios habrían proporcionado el informe de inteligencia de carácter confidencial a los medios de comunicación, lo que habría suscitado un gran impacto de connotación pública dada la propagación masiva de dicho documento a través de ciertos medios de comunicación. Asimismo, este informe de inteligencia filtrado a los medios de prensa habría sido presentado por Arregui en calidad de denuncia en contra del expresidente Horacio Cartes ante el Ministerio Público.
En ese sentido, según la Fiscalía, Daniel Farías Kronawetter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio del 2022 a la Seprelad) y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elaborado el borrador que sirvió para hacer el posterior informe confidencial filtrado a la prensa.
Tal es así que Farías y Fernández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autoridades nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.
BASE PARA LA FILTRACIÓN DE DATOS
(Página 12) Conforme al acta de imputación, el archivo habría servido de base para la filtración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político que Horacio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad, a cambio de su silencio. En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boidanich”. Y, en tercer lugar, a través del entonces secretario privado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espínola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibidos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.
La Fiscalía sospecha que el archivo elaborado presuntamente por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confidenciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa y, por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emisión del posterior informe de inteligencia.
OTRA FILTRACIÓN CONFIDENCIAL
(Página 7) En el acta de imputación se expone además que el equipo de Abdo Benítez filtró a la prensa un pedido de carácter confidencial realizado por la Fiscalía de Panamá a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG).
En el mes de enero del 2022, Arregui y Giuzzio habrían filtrado a los medios periodísticos el formulario de pedido de informe de carácter confidencial del Ministerio Público, Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de la República de Panamá remitido por la fiscal Lizzie Bonilla en el marco de un expediente sobre Horacio Cartes.
Asimismo, en la elaboración de la contestación del pedido realizado se habrían incorporado informaciones no solicitadas y tendientes a influir en el proceso llevado a cabo con relación al expresidente Horacio Cartes Jara en la República de Panamá.
ÚNICO PROPÓSITO
La filtración, efectuada por Arregui y Giuzzio con el único objetivo de desacreditar políticamente al exmandatario, se concretó cuando el diario Última Hora publicó que la “FISCALÍA DE PANAMÁ ESTÁ INVESTIGANDO A HORACIO CARTES, REVELA GIUZZIO” y cuando el diario Abc Color emitió la publicación periodística titulada: “FISCALA PANAMEÑA SOLICITA INFORMES SOBRE HORACIO CARTES EN CASO LAVADO DE DINERO”. Este último medio incluso incluyó en su artículo el formulario de pedido realizado por la Fiscalía de Panamá a través de la plataforma electrónica.
También llamó la atención que, por más que la Seprelad tenía acceso a la plataforma para bajar el formulario de solicitud peticionado por la Fiscalía panameña, Arregui solicitó al punto de contacto de la Policía Nacional, comisario principal Luis López, la entrega física del pedido de informe de carácter confidencial de la Fiscalía de la República de Panamá. Y que el 14 de enero del 2022, día en que el entonces ministro Arnaldo Giuzzio habría filtrado a los medios de prensa la solicitud del Ministerio Público panameño; Arregui y Carmen Pereira se comunicaron con el comisario Luis López a fin de recabar información con respecto a si la Policía Nacional contestó o no a la fiscal extranjera, sin explicar el motivo para querer conocer dicha información. Según los investigadores, aparentemente ambos habrían buscado atribuir al punto de contacto de la Policía la filtración hecha por el propio gobierno de Abdo.