Luego de que el Ministerio Público haya imputado al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por lesión de confianza tras hallarse claros indicios de un negociado en la adquisición de alimentos en plena pandemia, lejos de dar marcha atrás, el jefe comunal convocó a una movilización y pidió la participación de los beneficiarios de los kits; además, anunció que tomará medidas contra los fiscales.
“Estamos plenamente convencidos de que tenemos el apoyo de la ciudadanía, esto estamos aguantando por ustedes”, expresó Prieto, quien intenta utilizar a la ciudadanía y a la población vulnerable como parte de un chantaje debido a que se enfrenta a un proceso en la Fiscalía por un desfalco de G. 1.700 millones a la comuna.
Las declaraciones del intendente esteño se dieron durante una conferencia de prensa, en la cual afirmó que el próximo 15 de agosto, día de la asunción de las nuevas autoridades nacionales, cerrará el Puente de la Amistad y, además de esto, también adelantó que denunciará a los agentes del Ministerio Público que investigan la causa.
“Por eso hoy le pido a la ciudadanía que siente que esto es injusto, que dice que recibió el kit, esas 79.000 familias, salgamos a las calles el 15 de agosto”, expuso Prieto en vergonzoso intento de manipular a la ciudadanía, convocándola a una manifestación para ejercer presión contra los investigadores.
La licitación por la cual fue imputado Miguel Prieto y otros funcionarios fue por el conocido caso de Tía Chela, el minimercado que supuestamente vendió kits de alimentos a la municipalidad que debían llegar a la población esteña más vulnerable. El Ministerio Público en su pesquisa detectó que la firma no tenía capacidad para ser proveedora y de hecho no presentó toda la documentación que se requería.
Haciendo el seguimiento del proceso de adquisición de los alimentos, la Fiscalía encontró como subproveedora a una empresa ligada a la expareja sentimental de Prieto; así también, como proveedores ficticios, e incluso no se descarta que los componentes del kit hayan sido adquiridos de contrabando, dado que las facturas de compras de dichos productos son de fechas posteriores a la entrega de los alimentos.
“Le vamos a denunciar penalmente, no vamos a dejar así”, indicó Prieto, refiriéndose a los fiscales. Posteriormente, añadió en tono amenazante: “Yo me hago responsable de esto, porque quieren venir a atacar y vamos a darles motivos”.